Alejandro Armenta, el diputado más cuestionado por el gasolinazo

En la mayor parte de las protestas contra el gasolinazo el malestar ciudadano se ha dirigido hacia las figuras del presidente Enrique Peña Nieto y, en menor medida, en contra de Rafael Moreno Valle Rosas. Luego de los gobernantes, la mayoría de los denuestos y rechiflas se han lanzado contra un legislador: el priista Alejandro Armenta Mier, actual diputado federal del distrito de Tepeaca, quien en el pulso ciudadano aparece como un político incongruente.

Los insultos, críticas y silbatinas han tenido a Alejandro Armenta como primer receptor, y luego de él sigue el bloque de diputados federales del PAN, como responsables del alza en precios de los combustibles.

La única explicación a este enojo dirigido contra el ex presidente estatal del PRI parece tener la siguiente explicación: Armenta es el legislador que ha tenido mayor exposición mediática por sus enfrentamientos contra el morenovallismo, por sus exabruptos dentro de la bancada priista de Puebla en San Lázaro, porque se pelea con todo el que se le pone en frente y porque no esconde su inconformidad con la dirigencia nacional del tricolor.


 

 

Aparte de los anterior, es el diputado que más ha desplegado el discurso de que los legisladores no le deben dar la espalda a sus representados, a las necesidades de la población y que el PRI debe voltear a ver las causas ciudadanas. Por eso resulta incongruente y enoja a muchos, que sosteniendo tales ideas, haya aceptado el aumento al precio de la gasolina y ha encarecer la vida de los pobres y la clase media.

Por la boca muere del pez, es la enseñanza que debería aprender Alejandro Armenta.

La CNDH defiende lo indefendible

Frente a la penosa actuación que ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan y el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, el organismo quiso refutar a este columnista que sostiene que el organismo se vendió a los intereses políticos del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, razón por la cual mandó la siguiente misiva:

Lic. Aurelio Fernández Fuentes

Director La Jornada de Oriente

En referencia a la nota publicada en el periódico La Jornada de Oriente el día 7 de enero de 2017, firmada por Fermín Alejandro García sobre la situación de la Recomendación 2VG/2014 que dirigió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Gobierno de Puebla el 11 de septiembre de 2014, con motivo de los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de 2014.

Al respecto, se remiten algunos elementos que precisan lo señalado en dicha nota:

La CNDH, en ampliación de respuesta a un escrito presentado por la Señora Elia Tamayo el 31 de octubre de 2016, notificó el pasado lunes 2 de enero de 2017 la situación de los puntos segundo, tercero y décimo recomendatorios que se encontraban pendientes de cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014, así como del estatus de esta última en su integralidad.

La notificación de lo anterior se realizó a través del abogado Hilario Gallegos, quien ha acompañado a la Sra. Elia Tamayo a diversas reuniones en las Sexta Visitaduría de la CNDH, indicando como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos el lugar donde se entendió la diligencia.

En las diversas reuniones que se han llevado a cabo con la Sra. Elia Tamayo y los representantes de las víctimas, se les mantuvo informados sobre el avance del cumplimiento de los puntos de la Recomendación; en particular se destaca que con motivo de la reunión de 30 de noviembre de 2016, el Sexto Visitador General de la CNDH ofreció una explicación amplia y detallada de la situación de la Recomendación en general y de puntos específicos sobre los que la Sra. Tamayo había manifestado diversas preocupaciones, en dicha oportunidad, de manera verbal y por escrito, se les hizo del conocimiento que este Organismo Nacional contaba con información que había remitido el Gobierno de Puebla el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2016, sobre los puntos recomendatorios pendientes, misma que estaba siendo analizada para realizar el pronunciamiento que en derecho correspondiera.

Adicionalmente, a efecto de corroborar el estatus de las situaciones jurídicas de los procedimientos y procesos tanto administrativos como penales a que dieron lugar la investigación de los hechos, así como la entrega de la reparación económica que correspondió a la Sra. Elia Tamayo, este Organismo Nacional solicitó datos precisos al Gobierno de Puebla, que dio respuesta a los mismos mediante un oficio el 13 de diciembre de 2016, lo cual también fue considerado por parte de esta Comisión Nacional en la determinación que correspondía al asunto.

De conformidad con la información proporcionada por la Fiscalía Especial para el Esclarecimiento de los Hechos del caso Chalchihuapan respecto al asunto, se ejercitó acción penal en contra de 16 personas en cuyos casos se emitieron las sentencias correspondientes, mismas que se encuentran firmes. Cabe señalar por lo que respecta a quienes resultaron con responsabilidad y sanción penal por la lamentable muerte del menor de edad, la Sra. Elia Tamayo, a través de sus representantes jurídicos, interpuso en su oportunidad un recurso de apelación del cual se desistió el 5 de septiembre de 2016.

Respecto a las responsabilidades administrativas con motivo de los hechos que derivó para servidores públicos de diversa jerarquía, tanto de la entonces Procuraduría General de Justicia como de la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno de Puebla informó lo siguiente:

  1. a) Atinente a los servidores públicos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ahora Fiscalía General del Estado de Puebla, en su momento se instrumentaron los procedimientos que concluyeron con la declaración de responsabilidad administrativa. Ninguna de las personas sancionadas interpuso recurso o juicio legal en contra de las sanciones administrativas que les fueron impuestas, por lo que las mismas quedaron firmes y a la fecha están ejecutadas; en este sentido esas resoluciones han causado estado.
  2. b) Por lo que hace a los procedimientos administrativos en contra de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Contraloría informó que todas las sanciones impuestas en procedimiento administrativo quedaron firmes, al resolverse el recurso de revocación interpuesto en su momento; a la fecha, las sanciones fueron ejecutadas y los procedimientos causaron estado, por lo que no hay procedimiento o juicio, local o federal, pendiente de resolución.

Estos son algunos de los elementos de los que se informó oportunamente a víctimas y sus representantes, y que fueron considerados por la Comisión Nacional para la evaluación de los puntos segundo, tercero y décimo de la Recomendación, así como para la consiguiente evaluación integral de la misma.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Organismo Constitucional Autónomo, no actúa con base en motivaciones ajenas a su mandato; el seguimiento que se ha dado al cumplimiento de la Recomendación 2VG/2014 ha sido puntual y objetivo, atendiendo en lo que en derecho corresponde y manteniendo informadas con apertura y claridad a las víctimas y sus representantes, todo lo cual se encuentra debidamente documentado en el expediente que sustenta las actuaciones y determinaciones que se han emitido, en cumplimiento a la Ley y Reglamento que les dan fundamento.

Atentamente

Jesús Ramírez López

Director General de Comunicación de la CNDH

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La CNDH sale en defensa de Rafael Moreno Valle.

Respuesta

Sobre la extensa e insustancial carta del director de Comunicación de la CNDH, es necesario responder:

1) Desde el 8 de noviembre de 2016 la señora Elia Tamayo despidió a Alejandro del Castillo e Hilario Gallegos como sus defensores legales, por lo que resulta un acto de insensibilidad y negligencia de la CNDH que informe del resolutivo final de la recomendación del caso Chalchihuapan al segundo de estos litigantes, en lugar de la agraviada por el asesinato de su hijo.

2) De los 16 servidores públicos acusados por excesos en el caso de Chalchihuapan, que implicó el asesinato de un menor de edad y varios discapacitados, ninguno está en la cárcel. Por lo que no se hizo justicia, sino se protegió a los implicados en los abusos de poder. Tampoco se sancionó –con rigor—al ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.

Conclusión: es oprobioso el papel final que ha jugado de la CNDH en este caso y queda claro que el organismo se vendió a los intereses políticos del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, al garantizar la impunidad en el asesinato de un niño de 13 años.

Atentamente

Fermín García




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