Al libre criterio de la Policía, el uso de armas de fuego vs. manifestantes, estipula la ley

Manifestaciones

La nueva ley que regula el uso de la fuerza pública en Puebla deja al libre albedrío de los policías estatales, ministeriales y municipales el uso de armas de fuego a la hora de disolver una protesta o detener a una persona, pues no establece una cadena de mando ni criterios claros para la actuación de los uniformados, pese a que la misma normativa reconoce que ese tipo de herramientas puede ocasionar “la muerte” o “lesiones graves” de personas.

En tanto, los mandos superiores podrán hacerse acreedores a sanciones penales y administrativas solo si se comprueba que una de sus órdenes provocó un uso excesivo de la fuerza, de acuerdo con la legislación que aprobó el Congreso poblano el lunes a propuesta del gobierno estatal.

Además, como no existe garantía de que los elementos de las corporaciones policiacas sabrán actuar de manera indicada frente a una manifestación o detención, la ley obliga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a impartir cursos de capacitación y a elaborar protocolos que “contengan directrices específicas” para el uso de la fuerza, pero exime a los ayuntamientos de esas responsabilidades.


Los uniformados tendrán la autorización para accionar armas de fuego, largas o cortas, así como “armas no letales incapacitantes” como bastones policiales, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control y “pistolas noqueadoras”.

La Jornada de Oriente presenta a continuación los detalles de la nueva normativa que entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

 

Niveles de violencia

La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del estado establece lineamientos generales para el uso de la fuerza, la cual clasifica en cuatro niveles, según el artículo 9.

El primer nivel es “la persuasión o disuasión verbal, que consistirá en la utilización de gesticulaciones, instrucciones, advertencias y órdenes verbales moduladas que permitan a la persona facilitar al elemento policial cumplir con sus funciones”.

El segundo nivel “es el sometimiento mediante acciones físicas a efecto de que se limiten los movimientos de una persona, con el fin de que el elemento policial cumpla con sus funciones; el tercero es “el uso de armas incapacitantes no letales, a fin de someter la resistencia violenta del agresor”.

El último nivel es la “utilización de armas de fuego o de fuerza letal” que –se precisa en el artículo 9– aplicará “únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos casos de la propia o de terceros”.

 

Policías, por la libre

La ley, en los artículos 42, 43 y 44, señala las condiciones generales bajo las cuales un uniformado podrá hacer uso de alguno de los cuatro niveles de la fuerza a la hora de enfrentar a manifestantes, pero no obligan a consensuar tal decisión con sus superiores jerárquicos.

Para efectos de control y dispersión, la normativa clasifica las protestas en “lícitas, ilícitas no violentas y violentas”, cuyas características no se especifican con claridad en ningún apartado de la ley.

El numeral 42 indica: “Siempre que se trate de la dispersión de manifestaciones ilícitas no violentas, los elementos policiales evitarán el empleo de la fuerza; sin embargo, cuando ello no sea posible, se limitará el uso de la fuerza al mínimo necesario”.

En el caso de manifestaciones violentas, el artículo 43 especifica que son aquellas “cuya realización implique afectación a bienes jurídicamente tutelados”. En tal circunstancia, “los elementos policiales aplicarán el nivel gradual del uso de la fuerza”.

De utilizarse armas de fuego, la ley responsabiliza a “los elementos policiales” a “adoptar las medidas necesarias para evitar que el accionamiento de las armas de fuego ponga en riesgo a personas distintas al agresor”.

El uso de la fuerza en caso de detenciones se expone en el numeral 31, en el que sí se contempla la obligación de los efectivos de informar a sus superiores jerárquicos antes de llevarlas a cabo, pero dispensa el reporte “cuando la naturaleza del asunto” amerite una “actuación inmediata”.

También en las detenciones se deja a los elementos policiales la responsabilidad de realizar “una evaluación de las circunstancias del caso”, para determinar “el nivel de fuerza que deberá ser empleado, procurando en todo momento el mínimo necesario”.

 

Capacitación limitada

Aunque el artículo 4 de la ley señala que las disposiciones sobre el uso de la fuerza serán aplicables a los policías municipales, el marco normativo no impone a los ayuntamientos la responsabilidad de impartir cursos a sus uniformados ni de diseñar protocolos para la aplicación de los distintos niveles de la fuerza.

En el capítulo IV, de Obligaciones, se establece que “las instituciones” tendrán que formular manuales de evaluación, control y supervisión del uso de la fuerza; implementar “capacitación y adiestramiento” de los mediadores requeridos para el caso de manifestaciones; y capacitar a los elementos policiales en materia de derechos humanos, pero en el glosario de la ley se precisa que se entenderá por “instituciones” la SSP y la PGJ; no incluyó a las corporaciones de los municipios.