Aguas: ¿derecho humano o recurso para el capital?

La aprobación de la Ley General de Aguas que supuestamente se realizaría el pasado 10 de marzo ante el pleno de la Cámara de Diputados se pospuso; no sabemos si por los tiempos electorales y/o la reacción y cuestionamientos generados por diversos sectores de la sociedad.

La adecuación que hoy se pretende en materia de aguas refiere no necesariamente a la modificación que se hizo al artículo cuarto constitucional en relación al agua como derecho humano, sino a las necesidades de las actividades que han emergido con fuerza en los últimos tiempos, como es el caso de la minería, que se coloca como actividad de interés nacional; es decir, prioritaria y por encima de otras que pudieran estar desarrollándose en las zonas concesionadas, muchas de ellas agropecuarias. Al igual que lo que ocurre en materia energética con las pasadas reformas y sus leyes secundarias, y que ya comentamos en este mismo espacio la semana anterior, el trasvase es de fundamental importancia.

Si bien el trasvase era ya considerado en la legislación anterior, en la nueva se le dedica un capítulo, ya que su importancia para los megaproyectos es de vital importancia. El trasvase, según el artículo 116, es la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, que realiza la Federación, los asignatarios o los concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas o para explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción”.


Si hay concesiones mineras y la disponibilidad de agua en la zona es insuficiente para poder solventar la actividad, el mecanismo del trasvase permitiría proveer de agua a esas regiones, producto de otros acuíferos.

Además, si de ejidos y comunidades hablamos, la ley abre la posibilidad de un mayor despojo, ya que cuando en la sección segunda del capítulo de usos agrícolas establece en el artículo 162 que “cuando se transmita el dominio de tierras ejidales o de uso común o se otorgue el usufructo de parcelas a sociedades civiles o mercantiles o a cualquier otra persona moral, en los términos de la Ley Agraria, dichas personas o sociedades adquirentes conservarán los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes. La comisión, a solicitud del interesado, otorgará la concesión correspondiente de acuerdo con la presente ley y su reglamento”.

En la última década las modificaciones de la legislación con miras a garantizar y flexibilizar las condiciones de operación de nuevas inversiones privadas en diversos ámbito de las actividades económicas ha sido una constante, se profundizó y adecuó  la legislación que bajo el discurso de la modernización se impuso desde el salinismo en un claro proceso de retiro del Estado de las múltiples actividades que realizaba, abriendo nuevas áreas para las inversiones privadas, pero en detrimento en muchas ocasiones de las formas de vida de los pueblos y de sus recursos, de los cuales son despojados mediante la adecuación de las leyes.