Agua y minerales: trasfondo del conflicto en Zacualpan

Zacualpan, municipio de Cómala, es un territorio estratégico pues el manantial ahí localizado abastece alrededor de 4/5 partes del agua que demanda la ciudad de Colima (con 105 localidades) y Villa de Álvarez (con 57 localidades). Del manantial, a 27.5 km de esta zona urbanizada, se captan por medio del Acueducto Zacualpan unos mil litros por segundo.

Según las autoridades comunales de Zacualpan, los detalles sobre el acuerdo de usufructo del agua a favor de la Comisión Intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov) se desconocen, tanto el plazo como los volúmenes, todo al tiempo que se asegura que no reciben compensación alguna. En cambio, la comunidad generan ingresos propios por tener dentro de su propiedad un ojo de agua al cual le dan uso recreativo (el denominado Parque Ecoturístico de Zacualpan), precisamente punto de conflicto entre las autoridades actualmente en funciones, electas el 30 de noviembre de 2014 por Asamblea y reconocidas por diversas autoridades del Estado de Colima, y las autoridades depuestas, entre otras razones –se asegura– por el uso indebido de los ingresos generados durante su mandato y su resistencia a permitir el usufructo del dicho bien común a beneficio de la comunidad (un pequeño grupo controla desde hace meses el camino al manantial contradiciendo la orden ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario de  Distrito 38 que entregó la administración del parque a la actual presidencia de bienes comunales); ello además de que en su momento tales autoridades depuestas permitieron actividades de exploración minera.

Zacualpan cuenta, además de agua, con yacimientos de oro–plata y cobre, así lo reconoce el “Panorama Minero del Estado de Colima” para el caso del lote Heliotropo de unas 100 hectáreas (concesión número 201872) y donde el Servicio Geológico Mexicano ha estimado concentraciones de 1 a 2 gramos de oro por tonelada de tierra y entre 0.5 por ciento y 12 por ciento de cobre, es decir, concentraciones económicamente explotables.


Cabe precisar que a nivel estatal, al cierre de 2014, el grueso de concesiones mineras otorgadas ya cubrían 37.5 por ciento del territorio, el grueso centradas en hierro, el principal producto metálico de Colima con casi 3 millones de toneladas extraídas en 2012 (además de diversos materiales no–metálicos, sobre todo de construcción). Pese a ello, recientemente ya se identifican concesiones con interés en la explotación de oro, plata y manganeso, al tiempo que se habla del potencial para la extracción de titanio presente en las arenas negras de las playas del Estado (se trata de un material estratégico para ciertas industrias de alta tecnología).

Los principales intereses económicos del hierro son Ternium y Arcelor Mittal Steel, a los que se suman en los últimos años otros capitales de EUA (Cotton & Western Mining, Jaguar Mining, Tara Minerals), China (Gan Bo Investment y Tianjin Binhai Harbor Port Int Trade) y Reino Unido (London Mining). En el caso del oro, aparece la canadiense Macmillan Gold Corp y otros capitales aparentemente locales como Gabfer, SA de CV quien supuestamente detenta la concesión del mencionado lote, Heliotropo, ubicado al suroeste del manantial de Zacualpan. Su promotor, Rigorberto Verduzco Rodríguez, ha detallado a los medios que el beneficio o procesamiento se haría en otro lugar y que ahí sólo se extraería la roca mineralizada por la cual pagaría 4 dólares la tonelada como regalías, un monto que en 50 por ciento se destinaría al municipio de Comala, a visitas médicas y en el establecimientos y dotación de una farmacia.

Según informó el delegado estatal de la Secretaría de Economía el pasado 2 de marzo, la concesión que aparentemente detenta la empresa, y cuya composición de capital se asegura se desconoce pues no está registrada ante esa Secretaría, no ha sido aprobada debido a una serie de irregularidades. La concesión en cuestión fue originalmente otorgada en 1995 al ahora difunto Adolfo Pineda Martínez y todos los movimientos de la misma se hicieron directamente en la Ciudad de México, no en la delegación local. Según el expediente 624/ 2014 del 18 de Julio de 2014, se presentó formalmente el contrato de asociación para la exploración y explotación entre el “heredero” (Justino Pineda Larios) que abogó por una sucesión testamentaria y la interesada empresa Gabfer. Considerando diversas cuestiones administrativas, tales como la falta de un contrato que indique el periodo de exploración / explotación y las contraprestaciones convenidas con los comuneros, la Secretaría de Economía afirma haber negado el permiso de explotación, no obstante, la concesión se mantiene vigente. Pese a este panorama, afirman los comuneros y autoridades de Zacualpan, ya hubo extracción de material en más de una treintena de camiones de volteo. Todo ello ha llevado a la demanda no sólo de Zacualpan, territorio libre de minería, sino a la cancelación definitiva de dicha concesión minera. El gobierno en turno, capitaliza la situación, sosteniendo que no habrá minería en Zacualpan mientras estén en el cargo. Las elecciones son en junio de 2015.

El conflicto de Zacualpan, en efecto, se ha profundizado por la presencia de la Policía municipal y estatal que es acusada de favorecer al grupo que ha tomado el camino al manantial. Según un documento entregado el 16 de enero de 2015 al delegado estatal de la Secretaría de Gobernación por parte del presidente de bienes comunales actualmente en funciones, se pide la intervención de tal Secretaría, “…ante el abuso excesivo y arbitrario de la autoridad estatal que permite, protege, solapa y promueve actos delictivos cometidos en perjuicio del bien común de esta comunidad indígena que representamos, mediante la cuales se quebranta la ley con el único fin de que personas que son afines a la explotación de una mina dentro de los recursos naturales de esta comunidad permitan ello”.

Ante tal situación, cada vez más compleja y tensa y en la que las fuerzas del estado, en los hechos no resuelven al tiempo que colabora en el proceso de erosión del tejido social, la Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones diversas de derechos humanos, académicos y cineastas tanto de EUA, Canadá y México (por ejemplo el Fund for Global Human Rights, Mining Watch Canada, Environmental Defender Law Center, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, Red Mexicana de Afectados por la Mineria, entre otros), se autoconvocó para atender el problema mediante una visita presencial con la cual se buscaría dialogar con los actores, incluyendo los de gobierno, para así plantear un diagnóstico y recomendaciones.

Si bien ha logrado el diálogo con actores de gobierno, no ha podido visitar a la comunidad debido a la toma de la ruta hacia Zacualpan por parte de un pequeño grupo, presuntamente ligados al presidente de bienes comunales depuesto, Carlos Guzmán Teodoro. El desenlace el día 3 de marzo fue el intento por parte del gobierno del Estado de hacer valer “el Estado de derecho”, no antes sino justo durante la visita de la misión y ante medios televisivos que fueron convocados por el propio gobierno, al plantear el desalojo mediante el uso de la fuerza pero con el aval de una Misión que ante todo le preocupan los derechos humanos y aboga por resoluciones pacíficas y políticamente negociadas. Ante ello dicha Misión decidió retirarse y no prestarse a tal situación, funcional a un desenlace violento e indeseable. Los policías fueron retirados.

El caso Zacualpan no puede exponerse en su cabalidad en pocas palabras. Lo que es cierto es que en el fondo parecen estar fuertes intereses privados, no sólo empresariales, que procuran condiciones favorables para hacerse del usufructo de los recursos naturales de dicho territorio, algo que sin duda pasa por el desgaste y fractura de la comunidad y que rápidamente permite calificar el asunto como un “conflicto interno”. “Validado” el conflicto, el uso de la fuerza es visto en algún momento como algo justificable. Con ello, la restructuración de la gestión concreta del territorio se establece, incluso en medio de una situación de violencia o falta de “gobernanza”.

La disputa por el usufructo del agua y los minerales, una vez más pretende atropellar los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y la autogestión de los territorios en el país. El Estado, en sus tres órdenes de gobierno, está lejos de no tener responsabilidad, por el contrario ha jugado un rol clave, sea por acción u omisión.