Cartas a Gracia
Mienten cuando firman convenios que aparentaban corregir el derrotero que seguiría la reforma laboral en el sector educativo, condicionan un diálogo “pactado previamente” al retorno a clases, encrespan a la sociedad mediante medios masivos de comunicación y luego exhiben encuestas que justificarían el uso “legal”, que no legítimo, de la fuerza en contra de los “vándalos” que han secuestrado a la Ciudad de México, se exhiben doctos y descalifican presiones de grupos empresariales que recurrieron a la solicitud de amparo en contra de la suspensión de las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción impuestas al magisterio nacional mediante la Ley General del Servicio Profesional Docente, simulan cuando aducen “veda electoral” y cuestiones técnicas que justificarían “suspensiones indefinidas” tras el resultado de la jornada electoral, se sienten fuertes y amenazan con tomar una “Acción de carácter, Gracia.
El anhelo para tomar el control de la educación en el estado de Oaxaca y otras entidades “en las que hiciese falta”, largamente acariciado por Emilio Chuayffet Chemor (http://goo.gl/KH8iCg) parecería tomar forma y con un plazo perentorio “no mayor a seis meses”. En las entrevistas concedidas por el encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña Nieto a Carlos Marín, del grupo Milenio (11 y 13 de junio), reconoce sin expresarlo, que el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) con el agregado de Normal tuvo más razones políticas que jurídicas para instrumentarse, plantea que el ANMEB con la concurrencia de los gobernadores se modificaría –se trocará– debido a la existencia de “vacíos” en el acuerdo que descentralizó la educación Básica y Normal, vinculados a la definición de quien sería el verdadero patrón, si la Federación, el patrón original o las autoridades estatales, entes a quienes el Acuerdo Nacional sólo les otorgara el carácter de “patrones sustitutos”. Insiste Chuayffet en cambiar el Acuerdo de 1992, en someter a las entidades federativas a un esquema que denomina “federalismo cooperativo” y en instrumentar figuras de “intervención federal” mediante las que ante un incumplimiento de los administradores locales, real o figurado, las autoridades federales asumiesen la responsabilidad en la conducción del proceso educativo mediante el retiro de facultades delegadas y el retiro del financiamiento. Cuestión que, palabras más palabras menos espetadas por Emilio, permitiría que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal dejase de ser normativa y asumiese funciones operativas.
¿Pero, por que tardar tanto, por qué seis meses y no menos? Si muchos gobernadores y autoridades educativas locales “de eso piden su limosna” y más aún, cuando el proceso mediante el que se determina quienes son los verdaderos patrones, la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se inició con la concentración de la nómina. Conocedor de la historia educativa reciente como se manifiesta, de los orígenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a quienes menosprecia por número y presencia en entidades, Emilio Chuayffet Chemor (ECC), sabe aunque no lo reconozca por haber padecido el mismo como autoridad local, que la descentralización educativa transfirió a las entidades obligaciones sobre recursos humanos, materiales y financieros pero reservó para las autoridades educativas federales y a las de hacienda, el control de la nómina lo mismo que el presupuesto federal educativo transferido para el pago del gasto corriente. La SEP federal transfirió las broncas pero se reservó el manejo de los recurso financieros como lo demostraron las posturas que asumieran en su momento José Murat Casab ex gobernador de Oaxaca, Alfonso Sánchez Anaya ex gobernador de Tlaxcala y Miguel Alemán Valdez ex gobernador de Veracruz quienes, los dos primeros, amagaron con regresar los servicios educativos de origen federal al responsable original y demandaron la entrega, el tercero, de 8 mil millones de pesos de recursos para el pago de nóminas retenidos por la Federación.
Infiere Chuayffet la firma de un adendum que le permitiría cumplir y hacer cumplir la nueva ordenanza, se justifica cuando señala que si las administraciones locales no le dicen hay quien se le debe retener el pago y despedir por faltas injustificadas, no podría hacerlo, que la intervención federal en las entidades le daría mando pleno en todos los centros de trabajo de origen federal y que entonces sí, a falta del compromiso local, la federación se alzaría como un justiciero que rescataría a niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia de los atroces ogros que les tienen esclavizados. Pero ignora que existe un proceso previamente establecido, a menos que fast track pretenda también anular normas emanadas de la Ley Federal del Trabajo, que se inicia con el levantamiento del acta administrativa en la que se hacen contar retardos e inasistencias del supuesto infractor por parte del director del plantel, evento en el que se debe contar con la presencia de dos testigos y de un representante de la delegación sindical. Tras tener un acta debidamente circunstanciada, el director de la escuela debe turnarla al supervisor escolar de la zona correspondiente y este al jefe de sector quien tendrá que entregarla a la oficina del área de Recurso Humanos, dependencia que deberá remitirla a la Dirección Jurídica encargada de dictaminar y en su caso dictar la medida de apremio correspondiente. Total, que para que se hace bolas, con que declare la ruptura unilateral de un acuerdo, que no fue de voluntades, basta. Los muchos de los gobernadores se lo agradecerán, Gracia.