Abaratamiento de la muerte

Si matar es malo, ¿por qué mata el Estado?”.

Amnistía Internacional

Es común en las noticias que se haga mención de las muertes de mujeres y hombres en un día, en una semana, en los fines de semana; que incluso existan lamentables conteos de las muertes de nacionales y migrantes que pretenden una vida mejor pero cuyos hechos violentos que suceden día a día provocan lo contrario. Por su parte, el Estado, por medio de sus instituciones, organizaciones y presupuesto, se ha encargado en evitar esta muerte generalizada, pero única y exclusivamente por medio de lo que ha denominado “la huida penal”, que ha consistido en que la solución en cada crimen, sobre todo en los más emblemáticos, que son a menores de edad, a mujeres, a muertes en condiciones infrahumanas, es un impulso a cambios del orden del derecho penal, como las reformas legislativas para que se endurezcan las penas, para que aquellas que eran simples infracciones administrativas hoy se consideren delitos, la creación de legislaciones penales especiales en crímenes muy particulares, como el caso de la desaparición de personas, la tortura. Por lo que hace a la parte presupuestal, observamos un derroche de cantidades millonarias de dinero en capacitación policial y judicial, la implementación de mejores patrullas, de cámaras de video, de mayores controles en el personal y en las actividades comunes de los particulares; por ello, los rondines, las casetas de vigilancia, los presidios de alta seguridad, los juzgados y los tribunales especializados en la materia, y los sistemas tecnológicos de última generación en aeropuertos y en lugares estratégicos son ejemplo de toda esa serie de acciones que llevan más de diez años implementándose en el territorio nacional. Sin embargo, lejos de provocar un control en la comisión de delitos, lo que ha sucedido es el abaratamiento de las muertes, pues a mayor vigilancia, hay mayor número de delitos.


El hacer uso de todo ese sistema jurídico y presupuestal no ha servido de mucho, por el contrario, para la población se ha visto como un simple paliativo que no resuelve nada. La criminalización sigue en la calle, la seguridad ha sido abolida y no ha provocado más que el miedo generalizado de la población, el descontrol del propio Estado en la estabilidad que debe haber en el territorio, la creación de defensas propias por parte de la población, la conformación de sistemas privados de seguridad, toda una serie de alternativas ante la ausencia de capacidad de las instituciones para afrontar el problema. Por tanto, pareciera que, a 10 años de vivir sobre esa situación, es evidente que resulta no prudente, sino indispensable, que se haga un cambio drástico y se deje de aplicar “la huida penal”, esto es, las políticas públicas donde el derecho penal es la única fórmula para combatir esa inseguridad pública. Hoy bien puede tocar el turno a la denominada “huida administrativa”.

Ese retorno al derecho administrativo, el giro al timón, no es una opción, ni la denominada tercera vía, es evidente que resulta indispensable. El derecho penal fue un fracaso y lo sigue siendo. Si fuera un simple fracaso de las instituciones que lo aplican sería lo de menos, el problema es que ese fracaso está lleno de muertos. El derecho penal lo que hizo fue aumentar la violencia sin resolver algo, pero para el sistema oficial ha permitido justificar que “se está haciendo algo”; además, es emblemático, pues permite, a través de los medios de comunicación, informar a la sociedad acerca de que se está combatiendo la inseguridad pública con la compra de patrullas, más vigilancia, casetas de vigilancia, más vigilancia, video cámaras, más vigilancia, drones, más vigilancia, identificación electrónica, más vigilancia. Todo ello ha sido un verdadero fracaso, por lo que abre una sola alternativa la legislación administrativa, es decir, el derecho administrativo, y ya no más el derecho penal. Sin embargo, la legislación administrativa que regula propiamente al Poder Ejecutivo necesita abrir esa puerta en donde la contención y el combate a la inseguridad pública se hagan por medio de una legislación que permita cumplir con uno de los derechos primarios de los gobernados, que consiste en el desarrollo humano, es decir, contar con la esperanza de planificar la vida de cada individuo. El problema es que para poder establecer esas disposiciones administrativas se deben modificar los principios que hoy regulan al Estado, pues no pueden permitirse dos fenómenos estrechamente relacionados: la corrupción y la existencia de los monopolios. Para abolir al primero es necesario combatir lo segundo. De nada sirve la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 si no se combaten los monopolios. El que exista un órgano jurisdiccional –el Tribunal Federal de Justicia Administrativa– que ahora sancione las faltas graves de los servidores públicos es insuficiente si no se combate la vigencia y crecimiento de los monopolios de los bancos extranjeros, de las instituciones financieras, de los supermercados, de los centros comerciales, de los medios masivos de comunicación electrónicos, de la industria minera, de los alimentos y de la industria farmacéutica, pues es evidente que el derecho penal únicamente abarató la muerte.