A cinco meses del sismo del 19 de septiembre del año pasado, un grupo de pobladores de la comunidad de Tecupilco, del municipio de Izúcar de Matamoros, denunciaron que fueron censadas sus viviendas con daño total y cuando esperaban recibir la ayuda económica para la reconstrucción, se enteraron que no aparecen en el padrón de beneficiarios.
Asimismo, en otras localidades afloran las denuncias de que llegaron incompletos los fondos de ayuda para los damnificados, que los materiales de construcción se han encarecido o que compañías privadas cobran comisiones hasta de 12 por ciento para hacerse cargo de la reparación de casas.
Dichas denuncias son apenas un asomo de una larga lista de actos de corrupción y abusos que se cometen contra los afectados por el sismo, que sufren una verdadera tragedia, pues muchas familias viven a la intemperie, en inmuebles con riesgo de venirse abajo o que perdieron todos sus bienes en el desastre.
Frente a este dolor, se percibe una actitud indolente, insensible, de los tres niveles de gobierno, pero sobre todo del ámbito federal, que plantearon un modelo de reconstrucción que es insuficiente, mal planeado y como siempre, da paso a la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios, junto con empresas privadas.