A seis años de su despido, los maestros cesados por gobierno de Moreno Valle esperan justicia

Tehuacán. A casi seis años de que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, dio de baja a docentes de la entidad por no aplicar la prueba Enlace, todavía hay nueve de ellos que esperan un resolutivo a sus demandas por parte del Tribunal Colegiado, lo cual puede ocurrir en el transcurso de junio.

Ramiro Arciga Martínez, quien se desempeñaba como director en la primaria de San José Las Minas, junta auxiliar de Santiago Miahuatlán, fue uno de los cesados, llevaba 33 años de servicio docente, pero el 12 de junio de 2012 recibió la notificación de que ya estaba despedido, a partir de ese momento comenzó una lucha que todavía mantiene.

Más maestros en todo el estado recibieron la misma notificación, la causa del despido fue no permitir que a sus alumnos se les aplicara la prueba Enlace, varios de ellos aceptaron posteriormente el ofrecimiento del gobienro estatal para reubicarse en otras zonas, pero nueve optaron por continuar con el proceso ante los tribunales.


Integrante del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Ramiro Arciga se opuso siempre a ese tipo de exámenes, por considerar que no son la manera correcta de medir el aprovechamiento de los estudiantes, ya que se evalúa a todos los alumnos con un solo formato, sin tomar en cuenta que no todos se desarrollan en el mismo ambiente ni con las mismas oportunidades, amén de que la prueba se aplica en español en comunidades donde hablan lenguas indígenas.

Arciga Martínez dio a conocer que el Tribunal Colegiado emitirá el laudo de sus demandas en junio, aunque no se sabe el día exacto; sin embargo, confío en que el resolutivo sea a favor de los demandantes, toda vez que ya existe el antecedente de un maestro de Matamoros que ganó el proceso por el mismo motivo.

Los demandantes exigen que se les reinstale en el mismo cargo y en la misma institución donde laboraban antes de su despido, que se les reconozca su antigüedad y el pago de los salarios caídos, recordó.

Indicó que entre las razones por las cuales no aceptó la reubicación que le ofreció el gobierno estatal, fue porque quiere demostrar que su despido no tuvo justificación, lo cual significa que la autoridad del estado incurrió en un acto ilegal al cesarlo sin tener motivos para ello.

Son seis años los que lleva sin trabajo y el mismo tiempo sin recibir un salario, “parece poco, pero es muy difícil” subrayó al tiempo de expresar que tiene confianza en que la justicia se aplique por parte del tribunal.