A rajarse a su tierra

Las promesas son olvidadas por los príncipes, nunca por el pueblo.

Giuseppe Mazzini

 


La puntualidad mexicana es antípoda de la inglesa (de la poblana ni hablar). Pero que los órganos del Estado mexicano incumplan los plazos legales, incluso los establecidos por ellos mismos para el cumplimiento de ciertos compromisos, es vergonzoso. Por decirlo suavemente.

Ya forman parte de la picardía mexicana los etéreos tiempos marcados por el exclusivo “reloj legislativo” que, por usos y costumbres, ya debería alcanzar rango constitucional. Y para mayor inri, solo sesionan siete meses al año, por lo que la congeladora se atiborra y las leyes que llegan al pleno se aprueban al “chingadazo” como dicen en el norte.

Es el caso de la ley de telecomunicaciones que, de acuerdo con los plazos constitucionales, debió aprobarse el 9 de diciembre del año pasado, lo que no ocurrió porque el ejecutivo no envió a tiempo el proyecto de leyes secundarias.

En el inter, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), con base en las modificaciones constitucionales, emitió una resolución en la que destacaba la preponderancia de Televisa y Telmex en sus respectivas competencias, entre otras medidas tendientes a romper el dominio monopólico de ambas empresas.

Finalmente el presidente Enrique Peña Nieto se dignó enviar su propuesta, con más de tres meses de retraso y cuyo contenido regresivo explica la tardanza, reabriendo el debate en temas supuestamente ya superados con las reformas constitucionales, inspiradas en el Pacto por México.

Por lo pronto quedaron en entredicho las atribuciones del Ifetel, insensatez que permitió a Televisa y Telmex ampararse contra la resolución mencionada. Es horrible decir se los dije, pero se los dije en este espacio hace tres semanas: “Cuando se promulgan leyes “trascendentales” los supuestos afectados se las arreglan para incumplirlas (vía amparos u otras machicuepas legaloides) o bien, se emiten leyes secundarias que anulan la “trascendencia” de las primarias y pasa nada o muy poco. Todo sigue igual o casi”.

Y henos aquí, como en el túnel del tiempo, en una situación casi idéntica a la vivida en 2006, cuando con una insólita unanimidad y en menos de diez minutos, los diputados aprobaron la ley Televisa, que refrendaba y ampliaba el poder fáctico de la nefasta empresa.

Fue tan grosera y arbitraria la imposición monopólica, que la Suprema Corte aceptó primero el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por un puñado de senadores encabezado por Manuel Bartlett y Javier Corral, luego anuló por unanimidad los artículos que agrandaban el dominio monopólico y, finalmente, propuso un conjunto de modificaciones a la ley, favorables al interés nacional y en beneficio de los consumidores. La ley cayó en la congeladora, la escaramuza quedó en el anecdotario y Televisa siguió tan campante, como Johnny Walker.

Este poder de las empresas mediáticas, su hegemonía sobre el poder político y su voracidad contra los consumidores, no es, por desgracia que no consuelo, una lacra exclusiva de México.

En Italia el imperio mediático (Mediaset) de Silvio Berlusconi le permitió encabezar una poderosa coalición política que lo llevó a la presencia del país. Con el poder y la soberbia que da la manipulación de la opinión pública, creó un monopolio político que lo mantuvo en la cúspide desde 1994 hasta 2011. Finalmente sus opositores lograron llevarlo a los tribunales, donde le cayeron condenas por fraude fiscal, prostitución de menores y abuso de autoridad.

En Argentina, la presidente Cristina Fernández tuvo que enfrentar al todopoderoso Grupo Clarín para recuperar el dominio del Estado en materia de telecomunicaciones. Combate heroico si se considera que dicho monopolio abarcaba los principales canales de televisión abierta y de paga; las mayores estaciones de radio locales y nacionales; los diarios nacionales Clarín, Olé, La Razón y Muy, así como, diarios regionales y revistas de tópicos variados y publicaciones de todo tipo como diccionarios, atlas, enciclopedias, historietas, fascículos de moda y cocina, guías de viajes y libros.

En 2009 Cristina logró la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que desarticuló el monopolio del Grupo Clarín y otras empresas dominantes en el sector, mismas que acusaron al gobierno de atomizar el mercado y, faltaba más, de atentar contra la “libertad de expresión”.

Y en estos días el presidente de Uruguay, José Mujica, ha decidido enfrentar al poderoso empresario Francisco Casal, conocido como el “dueño del futbol”. Propietario de las cadenas de televisión VTV y GolTV, monopoliza las transmisiones de los torneos locales e internacionales, por encima de la Federación Uruguaya de Futbol, lo que ha provocado un cisma en el futbol nacional.

Así es y no hay de otra. Los poderes fácticos no ceden espacios así nomás. Y el Estado tiene que imponer los intereses de la nación y los ciudadanos, por encima de los particulares de los multimillonarios empresarios, pagando el costo político que sea necesario.

El presidente EPN se comprometió a encabezar esa cruzada y es tiempo de exigirle cabal cumplimiento. A rajarse a su tierra. O qué.

Cheiser: Según el Departamento de Finanzas de California, la población hispana llegó al 39 por ciento de los más de 38 millones de habitantes del estado, mientras que los blancos representan 38.8 por ciento del total. Así, por primera vez los hispanos se convierten en mayoría étnica y junto con Nuevo México son los únicos estados con mayoría de origen latino. Curiosa manera de recuperar el territorio robado.

 

 




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