A cuatro años de la muerte de Fermín Mariano Matías no prospera la investigación

Familiares y miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Red de Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones exigieron esclarecer el homicidio de Estado del luchador social  ■  Foto Rafael García
Familiares y miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Red de Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones exigieron esclarecer el homicidio de Estado del luchador social ■ Foto Rafael García

A cuatro años de la muerte del luchador social y activista poblano Fermín Mariano Matías, las procuradurías de los estados de Puebla y Tlaxcala se niegan a cumplir con su responsabilidad de esclarecer este crimen de Estado, según dieron a conocer familiares e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Red de Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones sociales que exigieron a estas dependencias, así como a los gobernadores Rafael Moreno Valle y Mariano González Zarur, de Puebla y Tlaxcala, respectivamente, no evadir la responsabilidad que tienen, pues este homicidio no prescribe.

Cristina Rosas Pérez y Ollín Amaro, del FNLS, así como Minerva Mariano Matías, hermana de Fermín, reconocieron que fue justo cuando acabó el sexenio de Mario Marín Torres cuando cesó la persecución y vigilancia de la que fue víctima esta familia tras la muerte de Fermín.

Recordaron que dicho crimen fue ejecutado bajo la operación de grupos paramilitares. Mariano Matías fue un maestro en geofísica por la UNAM; en Puebla era asesor político y luchador social, y fue detenido por agentes el 24 de junio de 2009, pero su cuerpo fue hallado tres días después en el estado de Tlaxcala.


“Familiares, amigos y compañeros de lucha emprendimos su búsqueda en las diferentes dependencias acompañado de la denuncia permanente exigiendo su presentación con vida, la información otorgada por las autoridades era nula a pesar de que ya tenían conocimiento de lo sucedido y que fue hasta que por la presión ejercida de organizaciones populares y de derechos humanos tanto a nivel nacional e internacional como nos entregaron su cuerpo”, afirmó Cristina Rosas.

Agregó que en marzo de 2011 la familia Mariano Matías, así como el FNLS y otras organizaciones como el Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales, Campesinas y Estudiantiles del Estado de Puebla (FOSSCEP), solicitaron al Congreso de Puebla  la solución de este caso, pero también de la muerte del luchador social Gumaro Amaro Ramírez y la libertad incondicional a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, así como establecer en la entidad la legislación necesaria para la tipificación como delito grave la desaparición forzada.

Sin embargo, indicó que los diputados Denisse Ortiz Pérez, presidente de la Comisión de Gestoría y Quejas; Zenorina González Ortega, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado Juan Carlos Espina von Roerhrich, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales  no han hecho nada al respecto.

Abundó que otra muerte que también debe esclarecerse y que la Procuraduría General de Justicia poblana no ha intervenido es la de Lenin Ortiz Betancourt, quien fue ultimado en 2009 en la comunidad de Naupan, distrito de Huauchinango, en la Sierra Norte, y que recibió 14 impactos de bala de grueso calibre además de que fue rematado con el tiro de gracia. Fue hijo de los profesores Rigoberto Ortiz Martínez y Mónica Betancourt Rodríguez, pertenecientes al magisterio democrático en Puebla.

Los activistas afirmaron que hasta el momento no hay indicios de que Fermín Mariano Matías haya pertenecido al Ejército Popular Revolucionario, y por lo tanto haya sido objeto de investigaciones por parte del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen).




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