El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla solicitó al gobernador electo Luis Miguel Barbosa Huerta abrir el expediente del caso Chalchihuapan y hacer cumplir los puntos faltantes de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tales como las sanciones administrativas y penales contra servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo, pago de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales.
Asimismo, el organismo civil demandó revisar y en su debido caso cancelar todas aquellas leyes y disposiciones que laceran el bienestar de los poblanos, tales como la Concesión de Agua, la ley de expropiación exprés y la ley antigraffiti.
Este viernes, en el Foro Nacional de Artistas Escénicos y Circenses rindieron un homenaje luctuoso al niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue asesinado de manos de policías estatales como resultado de la represión al pueblo de Chalchihuapan.
En el Teatro de la Ciudad estuvo presente la señora Elia Tamayo, madre de José Luis, así como el abogado Hilario Gallegos y Araceli Bautista, quienes en el último lustro han luchado para exigir que el gobierno del estado cumpla la recomendación emitida por la CNDH y paguen con cárcel los autores materiales e intelectuales de asesinato del menor.
Por su parte, el Comité para la Libertad de los Presos Político hizo una relatoría histórica del oprobio en Chalchihuapan, en el que señala como responsable al exgobernador Rafael Moreno Valle de la represión a la comunidad.
Recordó que un 19 de julio, 10 días después de ser herido por una bala de goma, fallece en el Hospital General del Sur el niño José Luis Tehuatlie Tamayo,
Asimismo, señaló la ignominia con la que el gobierno y las instituciones actuaron en ese momento.
Destacó que los hechos datan del mes de diciembre de 2013, cuando el Congreso del estado expidió la Ley Orgánica Municipal que entró en vigor durante el 2014, y entre sus disposiciones terminaba suprimiendo el registro civil de las juntas auxiliares, para trasladarlos a las cabeceras municipales correspondientes.
Refirió que el día 9 de julio pobladores de Chalchihuapan, en compañía del entonces presidente auxiliar Javier Montes, decidieron bloquear la autopista Atlixco–Puebla como medida de presión al gobierno estatal para que restituyera el servicio del registro civil.
En dicho enfrentamiento, relató, la policía “utilizó armas incapacitantes no letales”, como las balas de goma, para someter a los inconformes, resultando herido de muerte el niño José Luis, de 13 años, que pasaba por el trayecto luego de salir de la secundaria.
Después de 10 días de estar en agonía en el Hospital General del Sur, recalcó que su madre Elia Tamayo se enteró de su deceso al encontrarse en una tienda cercana al nosocomio, cuando daban la noticia en un medio de comunicación.
El organismo señaló que la versión oficial en todo momento fue que la víctima había perecido como consecuencia de la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios pobladores; sin embargo, dijo que fue tras la intervención de la CNDH que se señaló que el niño fue impactado por uno de los 63 proyectiles disparados, y el gobierno estatal sin más opción reconoció lo ocurrido.
Informó que otros afectados fueron Hugo Jiménez Varela, quien perdió un ojo; Martín Romero Montes, resultó con fractura de la mandíbula, la lengua y por tanto pérdida del habla; Gilberto Varela, perdió sensibilidad en una mano; Vicente Tecalero y Filemón Pacio perdieron la audición, y, por último, Juan Xelhua Ocotl, perdió parte de la vista.
Enfatizó que el único encarcelado por esta represión durante dos años y medio fue el exedil Jairo Javier Montes. A sus 25 años fue acusado de los cargos de motín, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación.
Por lo tanto, el Comité apeló a la memoria y a la dignidad con la cual ha de conducirse el nuevo gobierno, colocando sobre la mesa, leyes implementadas en el contexto morenovallista.
Al final, concluyó que Chalchihuapan refleja la tragedia a la que todo ciudadanos queda expuesto al encontrarse bajo la suma de factores inadmisibles, un gobierno autoritario, la falta de contrapesos políticos, representantes de instituciones colocados “a modo”, lejanos totalmente a un genuino sentido de servicio y búsqueda de justicia, y un Congreso capaz de proponer y legislar cuestiones que vulneran los derechos de la población.
“Sostenemos la confianza que este gobierno se inclinará a favor de los derechos humanos y esperamos que esto pueda reflejarse en la resolución de problemáticas primordiales para el Estado como las ya señaladas”, concluyó.