91.9 por ciento de la población que habita en el estado de Puebla no denuncia la comisión de delitos ante las autoridades locales, reveló un estudio hecho por el Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (Mide).
Llamó la atención que Guerrero y Tamaulipas fueron las entidades con mayores proporciones de delitos en los que no se inició una investigación, con 98.3 por ciento en el primer caso, y 95.4 por ciento, en el segundo estado.
Para dar a conocer estos resultados, el Mide utilizó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Mide también reveló otros datos sobre la procuración e impartición de justicia en el entidad.
Esta información evidenció que 66.3 por ciento de los poblanos percibe a los ministerios públicos y procuradurías como instituciones corruptas.
Esta calificación ubica a Puebla con el sexto lugar a nivel nacional de las 32 entidades federativas, incluso por arriba de estados como Tamaulipas y Sinaloa.
Sin embargo, los estados donde se registraron los índices más altos de percepción en corrupción de los ministerios públicos y las procuradurías fue la ciudad de México, con 86.8 por ciento, ocupando el primer sitio del país.
Le sigue el Estado de México, con 78.7 por ciento; Morelos, con 71.5; Tabasco, con 71.1 por ciento, y Quintana Roo, con 69.3.
De manera contrastante, las calificaciones más bajas se dieron en el estado de Tamaulipas, con 46.5 por ciento; Nayarit, con 52.7 por ciento; y Sinaloa, con 53.3 por ciento.
En estos tres estados, la ciudadanía consultada consideró con menor corrupción a sus procuradurías y ministerios públicos, a pesar que se trata de entidades con altos índices de criminalidad, controladas por bandas criminales.
El organismo de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo ofreció otro dato interesante para el caso de Puebla, donde seis de cada 10 personas consideró que los jueces son corruptos.
Es decir, precisó más de 64.2 por ciento de la población que habita en la entidad, considera que los jueces no imparten justicia porque son corruptibles, mientras que en la capital del país esta percepción alcanzó hasta 80.8 por ciento.
Los datos dados a conocer en el último mes del año, ubican al estado de Puebla en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de población que interpone denuncias por una serie de factores, entre ellos las largas filas y el “tortuguismo” por parte de las dependencias.
Finalmente, en el mes de junio, el estudio presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “Los Derechos Humanos y la Corrupción en México” indicó que la pobreza que Puebla padece es un factor que incide en la violación de la integridad de las personas y en la generación de corrupción.
Como concluyó el informe, existe una relación directa entre el nivel de pobreza, los homicidios, y el nivel de corrupción en las entidades del país.
“Actualmente, lo que impera en México es una crisis generalizada de violaciones a derechos humanos que se complementa con un marco estructural de corrupción e impunidad”, citó el reporte.