Cuentan que el director de Investigaciones Políticas de la Secretaría General de Gobierno, José Ventura Rodríguez Verdín, ha exigido a sus superiores que le proporcionen una escolta personal que lo acompañe a todas partes y otra más, que cuide su domicilio privado las 24 horas. El funcionario ha argumentado que esa petición se debe a que teme que los grupos inconformes con el proyecto del gasoducto Morelos (GM) pudieran atentar en su contra.
Y es que Rodríguez Verdín por enésima vez ha sido un actor importante en los actos represivos del gobierno del estado de Puebla, ya que en esta ocasión apareció como el encargado de la investigación que supuestamente sirvió de soporte para acusar penalmente de motín y extorsión al ambientalista Juan Carlos Flores Solís, quien en realidad fue apresado por ser uno de los líderes del movimiento opositor al gasoducto.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que ha revisado los casos de los tres ambientalistas presos por el asunto del GM, ha identificado la presencia del militar José Ventura Rodríguez Verdín en el proceso contra Flores Solís, pero no como parte de una función de seguridad pública, sino como parte de la aplicación de un aparato represivo.
José Ventura Rodríguez Verdín desde el sexenio de Mariano Piña Olaya ha sido parte fundamental de los equipos de persecución política de opositores y críticos del gobierno, además de ser un connotado represor de grupos campesinos y movimientos populares.
Lo interesante de que Rodríguez Verdín esté pidiendo protección parece a obedecer a dos factores:
El primero es que la operación para armar expedientes penales y luego detener a tres líderes se la resistencia contra el GM se le ha salido de control al gobierno del estado de Puebla, ya que de acuerdo a los planes originales se creyó que una vez que se dieran las aprehensiones en cuestión de unos días se iba a estar negociando con los opositores al gasoducto la desmovilización de los grupos inconformes a cambio de que se retiraran los cargos contra los ambientalistas.
Al contrario de lo que se planeó en la Secretaría General de Gobierno, con plena participación de Rodríguez Verdín, ha pasado todo lo opuesto: en lugar de que la gente se amedrentara se ha enfurecido más con el proyecto en cuestión y se ha sumado a la inconformidad de que se instale una obra de alto riesgo en el área eruptiva del volcán Popocatépetl.
Y por si fuera poco, lejos de que el gobierno lograra aplacar a la gente contraria al proyecto, se acrecentó la mala imagen de Rafael Moreno Valle de represor de grupos críticos de su administración.
El segundo factor por el cual Rodríguez Verdín estaría pidiendo protección es que ante el parcial fracaso de la operación de amedrentamiento de los líderes opositores al GM, sabe que él en lo personal tendrá que enfrentar el malestar que causa la represión gubernamental.
A este funcionario ya le tocó vivir algo similar, luego de que en 1989 siendo director de Seguridad Pública del estado de Puebla fue el encargado de la detención de Rubén Sarabia, el líder histórico de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, quien fue acusado de secuestro, asociación delictuosa, portación ilegal de armas de fuego y tráfico de enervantes.
Esa condición llevó a Rodríguez Verdín a vivir más de una década cuidándose de no toparse con miembros de la 28 de Octubre, quienes sabían que la detención de su líder no era resultado de un proceso legal, sino de delitos inventados y era una respuesta autoritaria de los gobiernos estatal y federal debido a que Rubén Sarabia se había negado a incorporar a su organización al sector popular del PRI.
En más de una decena de ocasiones Rodríguez Verdín tuvo que cambiar de rumbo al caminar en las calles del Centro Histórico de Puebla o abandonar edificios públicos, al percibir la presencia de militantes o líderes de la 28 de Octubre.
Ahora sabe que lo mismo le puede pasar con los grupos que están inconformes con el gasoducto.
Y el miedo que registra el director de Investigaciones Políticas es un parámetro que sirve para medir que la operación política del gobierno del estado ha vuelto a fracasar.