381 personas LGBTI han sido asesinadas en México en los últimos cinco años

A 28 años de que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara dentro de su clasificación de enfermedades mentales la homosexualidad, las denuncias por discriminación o crímenes de odio por identidad sexual llegan diariamente a organismos dedicados a erradicar estas prácticas contra el trato diferenciado que se le provee a la comunidad LGBTI.

Las quejas que se dirigieron al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) durante 2016, por prácticas y comportamientos discriminatorios por identidad sexual en Puebla, se reportaron hacia 22 personas particulares y hacia funcionarios públicos se iniciaron 7 seguimientos.

Los delitos dirigidos a una sector específico de la población por religión, grupo étnico, preferencia sexual, etc., son prácticas que se consideran discriminatorias y que puede acabar en el asesinato de una persona, en este caso, de la comunidad sexo diversa.


Letra S, organización civil dedicada a difundir noticias especializadas en temas de salud, sexualidad y sociedad reportan las cifras de estas acciones que marginan a las personas por género y sexualidad en México, reportó sobre estos actos discriminatorios:

En los últimos cinco años, de enero de 2013 a diciembre de 2017, al menos 381 personas LGBT, o percibidas como tales, fueron asesinadas en México, presuntamente, por su orientación sexual o la identidad o expresión de género. En promedio, esa cifra significa 76 asesinatos por año y alrededor de seis al mes.”

De acuerdo Letra S, en la entidad poblana entre 2013 y 2017 fueron asesinadas 22 personas miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgéro, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), posicionando al estado a ocupar el quinto lugar nacional por crímenes de odio.

Organizaciones de todo el país, proponen terminar con el desconocimiento para la comprensión de estas identidades para la comprensión de otras prácticas sexuales, puesto que la visibilizarían brindaría seguridad social a ciudadanos con derecho humano.

Asimismo enseñar y capacitar a funcionarios de gobierno y seguridad pública, municipal y estatal, e incluir dentro del marco legal comportamientos discriminatorios y tipificar los crímenes de odio.