Después de 4 años de litigio, dictan libertad absoluta a los 20 presos políticos de Atzizihuacan

En vísperas al Informe de Labores del gobernador Antonio Gali Fayad, fueron absueltos los 20 pobladores de Atzizihuacan detenidos en 2014, entre los que se encontraban líderes campesinos de San Juan Amecac y el ex candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo (PT), Félix Cázales Díaz. Los detenidos fueron considerados los primeros presos políticos del sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

Así lo dio a conocer la abogada Mayra Sánchez Sarmiento, quien dijo que después de cuatro años de litigio y argucias legales, llegó la exoneración total de los campesinos.

Por esta razón, advirtió que los agraviados analizan interponer una demanda por daño moral contra la FGE o el gobierno de Puebla.


Los liberados son: Senobio Marcelo Altamirano Sánchez, José Domínguez Ramírez, Fidencio Bolaños Cazalez, Guillermo Benítez Díaz, Enrique Arellano Campos, Romualdo Molina Domínguez, Saturnino Solís Ladino, Melquiades Medellín Olmedo y Rosendo Olmedo Arellano.

Además de Arturo Llanos Tapia, Cirilo Molina Tlapale, Basilio Pérez Domínguez, Saturnino Palacios Cerezo, Romundo Pérez Domínguez, Severo Guerrero González, Santiago Guerrero González, Félix Cázales Díaz, Sebastián Villalba Balderas, Elvia Velásquez Ramírez y Elucadio Rendón Heredia.

En entrevista, la abogada Mayra Sánchez dijo que esto ocurrió a pesar que el Ministerio Público a cargo ahora de la Fiscalía General del estado (FGE) apeló la sentencia del juez penal.

En octubre pasado el juez penal de Atlixco los absuelve, lo que no dejó conforme a la Fiscalía de Puebla, por lo que apelaron ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia.

En ese sentido, aclaró que no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno del estado, pues la defensa legal estuvo encabezada en un inicio por el abogado Vladimir Luna Porquillo, hoy secretario general del PRD en Puebla.

En febrero de 2014, los 20 campesinos fueron encarcelados, acusados de los delitos de portación ilegal de arma, ataques a las vías de comunicación, lesiones y, después, vino la “fabricación” del delito de motín.

Esto debido a que los detenidos realizaron un bloqueo a la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 34+700, en contra de los resultados de las pasadas elecciones, en las que Maricela Ramos Jiménez obtuvo el triunfo a la presidencia municipal.

En el sitio se constituyeron más de 400 agentes de la Policía Estatal Preventiva con la finalidad de liberar la vialidad, donde supuestamente hubo un enfrentamiento.

Posteriormente, los manifestantes fueron invitados a una reunión con Juan Elías Cesín Musi, entonces subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, donde mediante engaño, les dijeron que iban a negociar; sin embargo, en lugar de ello fueron aprehendidos por la policía ministerial.

Una de las detenidas, Elvia Velázquez Ramírez, que se pudo comunicar después de su aprehensión, reveló que estaban incomunicados, y que tampoco fueron asistidos por algún abogado. No sabían cuáles eran los delitos que se les imputaban.

Los detenidos solo estuvieron en prisión durante dos semanas y salieron bajo caución por el pago de alrededor 15 mil pesos, cada uno.

Al cúmulo de violaciones a sus garantías individuales también se añade que, cuando declararon en segunda instancia ante el juez de Atlixco y les leyeron sus declaraciones, los procesados manifestaron que lo que les leían no era lo que habían declarado; es decir, les armaron las declaraciones de tal forma que son confesos, indicaron los defensores de los detenidos.

Ante las evidentes violaciones a las garantías, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) inició una queja contra la Policía Estatal por la detención de los 20 pobladores, pero nunca se informó de las investigaciones del organismo presidido por Adolfo López Badillo, ni emitieron ninguna recomendación.

Finalmente, la abogada Mayra Sánchez Sarmiento explicó que el proceso legal se dio en medio de artimañas jurídicas, como prácticas dilatorias al proceso.

La litigante denunció que pese a que los 20 campesinos estuvieron en libertad bajo caución, durante los casi cuatro años del proceso vivieron bajo presión y la zozobra de ser encarcelados en cualquier momento.