Río de Janeiro. La información que podría aclarar el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México está bloqueada en Brasil desde hace más de un año porque la fiscalía mexicana no quiere firmar un acuerdo para el intercambio de ese tipo de datos.
El ministerio público brasileño explicó en un escrito enviado a The Associated Press que rubricar ese documento es “obligatorio” para que México pueda utilizar la información aportada por ejecutivos de Odebrecht o testigos del caso bajo los acuerdos de colaboración suscritos con esa fiscalía.
La constructora reconoció ante la justicia estadunidense a fines de 2016 haber hecho pagos millonarios a altos funcionarios en varios países latinoamericanos, lo que provocó la apertura de investigaciones contra numerosas autoridades, incluidos presidentes y ex mandatarios, en una decena de naciones de la región.
La fiscalía del país sudamericano recordó que los países interesados en los datos de este expediente “deben respetar reglas como la prohibición de uso de dicha información en contra de los colaboradores”. Pero México no ha aceptado esta condición ni ha explicado las razones de su negativa, con lo que Brasil “no está en posición de facilitar la información requerida”, agregó la respuesta de las autoridades brasileñas.
Brasil también se quejó de que México no ha corregido unos documentos para el intercambio de información que ellos devolvieron en julio porque “no cumplían con los parámetros o criterios legales para ser procesados”.
La AP solicitó a la Procuraduría General de la República aclaraciones sobre el tema, pero no obtuvo ningún comentario.
En una nota del 13 de agosto de 2017, la Procuraduría indicó que representantes de la empresa ofrecieron “un acuerdo reparatorio, mismo que no ha sido aceptado” pero no está claro si tiene algo que ver con el que bloquea la entrega de documentos por parte de Brasil.
La gran mayoría de estos países tuvieron que suscribir con Brasil documentos similares al exigido a México y, con esa información como base, consiguieron procesar a muchos de los implicados.
México y Venezuela, sin embargo, no han acusado a nadie formalmente.
En el caso mexicano, Odebrecht confesó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un periodo comprendido entre 2010 y 2014.
El escándalo creció con la divulgación de una serie de videos de supuestos testimonios judiciales de ex ejecutivos de la constructora -como el ex director en México, Luis de Meneses-, que involucraban directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Lozoya, que en 2012 trabajaba en la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó siempre haber recibido sobornos. Pero en las mencionadas grabaciones los ejecutivos de la empresa brasileña explicaban con detalle cómo el mexicano los ayudó a conseguir contratos y cómo le pagaron por sus gestiones.
Pese a estas evidencias la fiscalía mexicana no ha dado a conocer avance alguno en la investigación a pesar de que la entidad mexicana que vela por el acceso a la información le pidió divulgar los datos disponibles. La Procuraduría General de la República insiste en que sigue esperando que Brasil le proporcione los documentos necesarios.
En varios comunicados sobre el tema la Procuraduría solo indicó que ha tomado declaración a 10 funcionarios y nueve ex funcionarios de Pemex y a más de tres directivos de la constructora, entre ellos, Marcelo Bahía Odebrecht.
Con información de La Jornada