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La nueva Ley de PCET aumenta a 65 años la edad de los trabajadores para jubilarse

Por : Juan Luis Cruz Pérez

2013-01-07 04:00:00

El diputado priista, Teodardo Muñoz Torres fue el
presidente de la mesa directiva de la sesión en
la que el Congreso local aprobó la nueva Ley de
PCET el 31 de diciembre de 2012 en el salón Las
Tapas de un hotel de Atlihuetzía

El titular del Poder Ejecutivo local, Mariano González Zarur publicó la nueva Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala en el Periódico Oficial del estado, la cual, entre otros aspectos, aumentó a 65 años la edad que los trabajadores deberán tener para jubilarse y duplica el porcentaje de descuento a los trabajadores para cubrir la aportación de éstos.

Además, la ley establece que las personas que ingresen, a partir del 1 de enero de 2013, a la administración pública estatal, municipal y de las dependencias que coticen ante Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET), tendrán cuentas individuales para su pensión y podrán recibir servicios médicos a través del Seguro Popular –que ofrece la Federación– o, en su caso, si el Estado signa un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otros aspectos incluidos en un apartado B.

El titular del Ejecutivo local publicó, con fecha 1 de enero de 2013, según el tomo XCII, segunda época, número extraordinario, el decreto número 154 que contiene la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

El documento establece que “Mariano González Zarur, gobernador del estado, a sus habitantes, sabed que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del estado, con esta fecha, se me ha comunicado lo siguiente, el Congreso del estado libre y soberano de Tlaxcala, a nombre del pueblo decreta, número 154, Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala".

En dicho decreto se advierte que fue dado en el salón Las Tapas del Hotel Misión Atlihuetzía, municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala, declarado recinto oficial del Poder Legislativo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, a los 31 días del mes de diciembre de 2012.

El mismo, también está signado por el priista Teodardo Muñoz Torres, quien fungió como presidente de la mesa directiva; por el perredista Juan Javier Romero Tizamitl y por el petista Joaquín Pluma Morales, quienes se desempeñaron en esa sesión como secretarios de la mesa directiva.

Con ello, la nueva disposición entró en vigor a partir del primer día del presente año, la cual incluyó prácticamente todas las propuestas que en su momento remitió, a través de una iniciativa, el gobernador.

En cambio, los diputados que avalaron este decreto, desdeñaron las demandas, exigencias y propuestas de los burócratas agremiados al Sindicato 7 de Mayo y a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Incremento en las aportaciones y en la edad de jubilación

Una de las principales reformas se dio en el esquema de jubilación y en el monto de aportaciones que deberán realizar tanto los trabajadores, vía descuento de su salario, como la participación patronal.

El artículo 41 de la nueva disposición establece que la edad de jubilación será a los 65 años y no a los 53 como establecía la anterior legislación.

“Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos con 30 años de aportación interrumpida a la institución y 65 años de edad”, establece el decreto,  mientras otros numerales establecen que “la jubilación dará derecho al pago de una pensión equivalente al 100 por ciento del salario pensionable que el servidor público haya percibido hasta el momento de presentar su solicitud de jubilación”.

Además, establece que “tienen derecho a la pensión por vejez los servidores públicos que habiendo cumplido 65 años de edad tuvieran 20 –antes se otorgaba hasta con apenas 15 años de labor– o más años de servicio e igual tiempo de contribuir a la institución”, aunque en este caso el pago será inferior al que haya laborado por 30 años.

Sin embargo, se establece un artículo transitorio con la finalidad de no afectar a los servidores públicos que estén próximos a la jubilación, pues fijaron establecer en 60 años la edad para los hombres y 58 para las mujeres, así como una gradualidad para alcanzar esas edades. Además se da la facilidad a las mujeres para que puedan optar por pagar hasta los dos últimos años de cotización a fin de lograr un mayor monto de pensión.

Los legisladores también determinaron duplicar las aportaciones que hace el patrón, ya sea el Estado o los municipios y los descuentos a aplicar a los trabajadores para fortalecer las finanzas de Pensiones Civiles.

Por ejemplo, la aportación del gobierno estatal se incrementará de 9 a 18 por ciento del salario base de los servidores públicos bajo el mando o contrato de cada área o municipio y el descuento obligatorio para los trabajadores pasó de 6 a 12 por ciento de su salario base. En el caso de la aportación de los jubilados pensionados pasará del 3 al 6 por ciento.

Los diputados, con el argumento de crear una pensión digna, incluyeron en la nueva legislación que no se otorgarán jubilaciones o pensiones por vejez, invalidez o muerte de un servidor público menores a un salario mínimo de acuerdo con la zona geográfica del estado de Tlaxcala. Asimismo, fijaron un tope de pensiones de 10 salarios mínimos.

De la misma manera, establecieron por obligación un seguro de vida a favor de los trabajadores, ya que en caso de que no sea financieramente viable la contratación del seguro de vida, el gobierno podría crear un fondo para ello, en donde los trabajadores aportarán el 50 por ciento del monto y el patrón contribuirá con el restante 50 por ciento.

Los nuevos burócratas, bajo otro régimen

La nueva ley establece que los trabajadores que ingresen a la burocracia estatal se regirán por un nuevo sistema de pensiones, por ejemplo, se crea un régimen permanente de ahorro personal, en donde todos tendrán cuentas individualizadas, para que al concluir su desempeño gocen de lo que cada uno haya aportado.

En este caso, para obtener jubilación por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, deberán contar con 65 años de edad.

“Los servidores públicos sujetos al Libro B podrán acceder a la pensión por retiro o por cesantía en edad avanzada si han cumplido 65 años de edad y tuvieren 25 años de servicio e igual tiempo de contribuir en la institución. A la pensión por vejez tendrán derecho los servidores públicos sujetos al Libro B que habiendo cumplido 65 años de edad, tuvieren 30 o más años de servicio e igual tiempo de contribuir a la institución”, establece la nueva legislación.

El artículo 73 del decreto incluye la posibilidad de que el gobierno estatal se adhiera a la Ley del ISSSTE mediante la firma de un convenio.

Las nuevas generaciones de servidores públicos del estado estarán afiliadas, de inicio, al Seguro Popular, sobre todo si el gobierno no logra un convenio de servicio con el ISSSTE y se regirán por su ley teniendo derechos a los seguros de: salud, riesgos de trabajo, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, e invalidez y vida.

Además, resultan obligatorias las siguientes prestaciones: préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, préstamos personales y servicios sociales y culturales.

Los nuevos trabajadores gozarán del apoyo gubernamental para su ahorro o pensión, pues éste contribuirá con un equivalente máximo al 27.922 por ciento del salario base de los servidores públicos. Por su parte, los servidores públicos contribuirán con una cuota máxima equivalente al 12.625 por ciento del salario base.

En la nueva legislación, los diputados incluyeron una disposición en la que el gobierno estatal se compromete a que de los ejercicios fiscales 2013 a 2016, aportará un total de 150 millones de pesos para el Fondo de Créditos, lo cual quedó plasmado en el artículo noveno transitorio, a través del cual pretenden beneficiar a los burócratas que requieren algún empréstito.

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