2012-02-17 04:00:00
Moradores de la unidad habitacional de Agua Santa, perteneciente a la capital estatal, denunciaron el día de ayer que funcionarios del ayuntamiento de Puebla solaparon que el presidente de la mesa directiva vecinal contratara a un grupo de civiles para tareas de seguridad pública, a pesar de que sus integrantes tenían malos antecedentes y carecían de licencias para llevar a cabo tal labor.
Al menos tres de los integrantes de dicho grupo ahora se encuentran tras las rejas, pues participaron en el asesinato de una mujer y dos niñas pequeñas, crimen que además grabaron con la cámara de un teléfono celular, al parecer para dar una muestra de “fortaleza” a sus compañeros.
Este caso demuestra hasta qué punto ha llegado el deterioro institucional en México y en Puebla en las corporaciones de seguridad pública, pues se ha sustituido a policías capacitados por personas que no sólo carecen de entrenamiento físico y mental para desarrollar tareas de protección civil, sino que, como en el caso que nos ocupa, son criminales desalmados, de una peligrosidad extrema.
La violenta situación que padece la nación hace cada vez más frecuente que policías se incorporen de lleno a organizaciones criminales o que los delincuentes se enrolen en tareas de seguridad pública, pero en todos los casos la única certeza es que la ciudadanía queda siempre a merced del crimen, de la inseguridad y ahora también del pánico y del horror.
El castigo para los asesinos de la mujer y las niñas debe ser ejemplar, pero también para los servidores públicos que, a sabiendas de que operaba un grupo no autorizado para brindar seguridad pública, se hicieron de la vista corta, al parecer porque no querían molestar a un importante proveedor de votos.