Los atentados vs. el Centro Histórico, denunciados en París ante la Unesco

La presidente del Comité Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) en México, Olga Orive, ha denunciado en un cónclave de ese organismo, que se celebra en París, las afectaciones que está sufriendo la zona monumental de la capital estatal debido a los proyectos de infraestructura y remodelación llevados a cabo por el gobierno estatal, con la omisión o complacencia de los niveles municipal y federal.

La secretaria ejecutiva de la Fundación Manuel Toussaint, Montserrat Gali Boadella; Georgina Adelaida Ortega Cambranis, representante del Comité Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés); Francisco Vélez Pliego, presidente del Consejo Ciudadano del Centro Histórico, amén de Rosalva Loreto López, presidente del Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla, dieron a conocer ayer en rueda de prensa una carta abierta al gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas; a Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla; a Alfonso de María y Campos Castello, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a José Manuel Rivas García, delegado del organismo en Puebla.

Los especialistas en urbanismo, historia y cultura exigen “que se actúe de manera inmediata y suspendan las obras del teleférico y las demás relacionadas con este proyecto, que se ejecutan en la zona de monumentos históricos”.

Asimismo, demandan “que se garantice que no se construirá ninguna estructura relacionada con dicho proyecto dentro de la zona de monumentos”.

Además de las personalidades mencionadas, la misiva está rubricada por el pintor, Francisco Toledo, fundador de la asociación  civil Pro Oaxaca; Felipe Echenique March, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH; Belem Oviedo Gámez, vicepresidente nacional del Icomos México –organismo perteneciente a la Unesco– y por Verónica Zárate Toscano, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.

Hasta ahora, el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle Rosas ha hecho caso omiso de las advertencias, pues asegura que ha respetado la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de que algunos inmuebles como la Antigua Casa del Torno –que fue destruida para construir la estación de transferencia del teleférico– ni siquiera se encontraba en el catálogo del INAH.

A través de los secretarios General de Gobierno y de Infraestructura, Fernando Manzanilla Prieto y José Antonio Gali Fayad, la administración morenovallista también ha pretendido descalificar a los investigadores, que en su mayoría pertenecen al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Universidad Autónoma de Puebla, arguyendo que “son muy pocos”.

Montserrat Gali consideró que el gobierno estatal de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle Rosas, está empeñado en generar las condiciones para que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco por sus siglas en inglés), retire al Centro Histórico de la Angelópolis la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que le concedió hace 25 años.

“Es una hipótesis mía, una hipótesis muy particular si ustedes quieren, pero tengo la sospecha de que en esta época de capitalismo, donde lo único que parece importar es el dinero, el gobierno del estado está haciendo todo lo posible por perder la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque lo más valioso que hay es la tierra, los terrenos, ese es un botín y nuestras autoridades precisamente quieren apropiarse de ese botín y pues, las normatividades, los reglamentos les estorban para poderse aprovechar de él”, expresó la Doctorada en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Gali Boadella hizo un llamado a los medios de comunicación para que difundan las protestas y perjuicios ocasionados a los inmuebles del Centro Histórico de Puebla, argumentando: “sólo la sociedad, la ciudadanía poblana puede salvar a la zona monumental e impedir esta atrocidad”.

Rosalva Loreto López destacó que la unión de diversas organizaciones y especialistas para defender el patrimonio cultural edificado un hecho sin precedentes en Puebla, que debe ser valorado con justicia por la sociedad y es también una muestra de a qué punto es inminente el riesgo de que la declaratoria de la Unesco se pierda.

Habrá sanciones

La epístola fue leída en voz alta por varios de los académicos ayer. En el documento se señala el “incumplimiento de la normativa municipal y estatal considerada en la Ley General de Asentamientos Humanos, además de la omisión de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En aquella se plantea la obligatoriedad de las autoridades estatales y municipales de presentar planes y programas de desarrollo urbano sujetos, por su procedimiento, a sus discusión y aprobación”.

Añaden que “(…) en los casos (de afectación) mencionados jamás se ha seguido el cauce legal señalado, dado que las autoridades municipales han manifestado el desconocimiento de dichos proyectos al momento de iniciar su ejecución”.

“En el ámbito de la conservación del patrimonio edificado de Puebla –abundan–, estas contravenciones repercuten a su vez en el desacato a las cartas y tratados internacionales, mismos que recomiendan que para proyectos de intervención en los centros históricos, ’…se respete siempre la fisonomía urbana heredada y su paisaje, así como la autenticidad y la integridad de la ciudad histórica”.

Insisten que “las consecuencias de los desacatos expresados en las obras antes mencionadas por parte del responsable de la Secretaría de Infraestructura del gobierno del estado, de la cuestionable aplicación de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por parte de los funcionarios responsables a nivel federal y local del INAH, y finalmente la omisión de las funciones a que está obligado el responsable de la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de Puebla, han conducido y amenazan con desarticular el patrimonio histórico y el paisaje urbano de una ciudad declarada Patrimonio  de la Humanidad”.

Y reiteran que las acciones gubernamentales ponen en riesgo la citada denominación, concedida por la Unesco hace un cuarto de siglo.

“Las contravenciones que hasta el momento se deben tipificar son, por parte de las autoridades federales: la carencia de licencias y aprobación del proyecto ejecutivo del teleférico y en concreto la torre de transferencia llamada de ‘San Francisco’; la destrucción del inmueble localizado en la 8 Norte 414 (Antigua Casa del Torno), así como el cambio de uso de suelo en el mismo. Las autoridades municipales son responsables de la omisión en la aplicación de la ley, lo que permitió la destrucción del mencionado inmueble. Y por parte de los funcionarios responsables del INAH, delito por omisión y tergiversación de la Ley Federal sobre Monumentos. Estos hechos constituyen un delito federal y su sanción es imputable a todos aquellos funcionariso que resulten responsables”, sentenciaron.