LA TRAGEDIA DEL NIÑO PASTOR DE PETLALCINGO

El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Víctor Antonio Carrancá Bourget, deslindó ayer a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de responsabilidad por la explosión de un artefacto hallado, el 19 de julio del año, por el niño Osvaldo Zamora Barragán en un campo de adiestramiento con fuego real en Petlalcingo, pues aseguró que el aparato que le causó la mutilación de las dos extremidades derechas, una parte de la pierna izquierda, un dedo de la mano del mismo lado y la pérdida de genitales, además de lesiones en el intestino, era de manufactura casera.

Resulta lamentable la actitud que están tomando las autoridades en la tragedia del pequeño pastor, pues la versión dada a conocer ayer a la opinión pública no sólo resulta inverosímil, sino hasta sospechosa, sobre todo si se considera que en agosto de 2011 el mismo funcionario declaró que las pruebas periciales indicaban que el accidente había sido provocado con una granada de 40 milímetros.

Lo dicho por Carrancá –quien además no aclaró si la PGJ turnó el expediente de sus conclusiones a la PGR o las mantiene en su ámbito de competencia– podría ser utilizado como pretexto para que la Sedena se abstenga de entregar una pensión vitalicia que se reclama para la víctima, cuya existencia fue trastornada en todos los sentidos.

En todo caso, lo sucedido con el infante es resultado del ambiente de hostilidad en que el actual gobierno federal metió al país, encargando labores extraordinarias a las fuerzas castrenses que, sin tener un frente abierto de guerra con otra nación, han sido empleadas a fondo en entrenamientos para cumplir con una tarea que de ninguna manera debió encomendárseles.

Sería en verdad reprobable que las autoridades civiles pretendieran encubrir a los responsables de esta calamidad, pero, de ser así, por desgracia se confirmaría que los efectos de la impunidad se ciernen con mayor crudeza siempre en las personas más vulnerables.