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Habrá denuncia penal a la PGJ por abuso de autoridad : Inda

Por : Yadira Llaven

2013-05-08 04:00:00

 

El abogado Felipe Inda Chavira informó a este medio que busca denunciar penalmente a la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales, este último considerado grave, según la reforma del 4 de enero al Código Penal del estado.

El defensor de los tres jóvenes acusados de fraguar un boicot en contra del presidente Enrique Peña Nieto dijo confiado “vamos a lograr la acreditación de las pruebas que fueron plantadas por la dependencia, como siempre lo ha hecho”.

En entrevista, informó que la situación jurídica de los muchachos todavía no se resuelve, pues solicitó una ampliación del término constitucional el cual vence el sábado 11 de mayo.

En tanto, comentó que se encuentra aportando elementos de convicción al Juez de Distrito de Cholula, para lograr el auto de libertad de Néstor López Espinosa, Iván Guizazala y Eduardo Salazar Velásquez.

Entre las irregularidades señaló que no hubo orden de aprehensión de los inculpados ni de cateo en sus viviendas, donde tampoco se levantó un acta circunstanciada del resultado de la revisión. 

Sin embargo, dejó en claro que el caso de la denuncia penal contra las autoridades es una determinación de las familias de Néstor y Eduardo.

Inda Chavira precisó que la denuncia sería directamente contra los elementos de la Policía Ministerial que intervinieron en el secuestro de Néstor y Eduardo, lo cual conlleva establecer una responsabilidad del patrón, que es el procurador Víctor Carrancá Bourget.

“Se les acusaría por los delitos de abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales con relación a una autoridad, el cual es muy importante si tomamos en cuenta que es un delito tipificado como grave”, expuso el declarante.

Por otro lado, el abogado dijo que podría establecerse una responsabilidad para la Procuraduría General de Justicia, por el delito de comisión por omisión.

Explicó que esto significa que cuando un subordinado comete un delito, será responsable también de quien depende jerárquicamente, por ser el que ordena y dispone.

–¿Cuándo se procederá legalmente en contra de las autoridades estatales? –se le inquirió.

–Después del 11 de mayo, cuando se resuelva la situación jurídica de los jóvenes.

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