Encuentra la ASF anomalías por 135 millones de pesos a cuenta pública 2010 de Marín

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades en el manejo de más de 135 millones 727 mil pesos en la cuenta pública del año 2010 del gobierno del estado de Puebla, el último de la administración del ex gobernado Mario Marín Torres. 76 por ciento de esta cantidad –103 millones de pesos– se concentró en una sola dependencia: la Secretaría de Salud, donde se detectó la presencia de aviadores y se señaló este servicio es deficiente y no cumple con sus objetivos.

Asimismo, los resultados revelan una serie de anomalías cometidas en el uso del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas a cargo de la delegación estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado por casi 30 millones de pesos.

De acuerdo con la información difundida este miércoles por la ASF, en el último año del gobierno estatal el Fondo de Aportaciones Servicios Médicos (FASSA) cumplió “con salvedad”, pues no se encuentran fondos por 18 millones 571 mil pesos provenientes de otras fuentes de financiamiento; asimismo, se hizo el pago a médicos especialistas por un millón 110 mil pesos sin justificación; también hubo rendimientos financieros por recursos por un monto de 24 mil pesos que tampoco aparecen al igual que las sanciones a proveedores por retraso en la entrega de bienes o servicios por 39.9 mil pesos.

En cuanto a las consecuencias sociales en el uso de este fondo, la ASF señaló que el gobierno del estado de Puebla no cumplió de forma adecuada con las metas y objetivos de éste en materia de salud, ya que al 31 de diciembre de 2010 sólo se había ejercido mil 751 millones de pesos, lo que representó 85 por ciento del total asignado a la entidad, mientras que sólo se cumplió con 25 por ciento de las metas

“La atención de la salud a la población que no tiene acceso a estos servicios estuvo limitada de manera sustancial; en tanto, el servicio de salud y el abastecimiento de medicamentos careció de oportunidad, cobertura y calidad, ya que de la muestra revisada de recetas se detectó que 70 por ciento no fue surtido de forma completa”, expone el resultado.

Asimismo, se agrega que de las 590 unidades existentes en la entidad sólo 74 por ciento tiene la acreditación que garantiza la calidad de los servicios de salud. “Otro problema que se identificó fueron los pocos médicos con los que se cuenta para la atención de la población abierta, pues del total de la nómina del FASSA (855), 15 por ciento se encontró en actividades administrativas y por cada mil habitantes se identificaron 0.54 médicos, además de que la atención de los médicos no es exclusiva para la población objetivo del fondo, lo cual origina una menor atención y menor consideración en comparación con la población afiliada al Seguro Popular, toda vez que la atención es preferente a esta última población”.

Aviadores en Salud

Las anomalías en la Secretaría de Salud de Puebla, que dirigió el hoy encarcelado Alfredo Arango García en el pasado sexenio, también se detectaron en los recursos federales transferidos mediante un acuerdo con la Federación, 83 millones de pesos. De esta cantidad, 53 millones 227 mil fueron por por el pago de aportaciones patronales del ISSSTE y del SAR–FOVISSSTE, conceptos no pactados para su pago con recursos del Seguro Popular.

Otros 26 millones 838 mil pesos fue para pagar a personal que no se encontró en su centro de trabajo, que está asignado a otra adscripción sin proporcionar la justificación correspondiente, o que no está directamente involucrado en la prestación de servicios de atención a los afiliados del Seguro Popular.

En tanto, 2 millones 929 mil pesos fueron par el pago de medicamentos no autorizados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y medicamentos con un costo superior al de referencia.

Irregularidades en

pueblos indígenas

La ASF determinó 24 observaciones contra la CDI y Sedeso del estado de Puebla por las irregularidades administrativas encontradas en el Subsidio Federal del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, de las cuales siete fueron solventadas; el resto, que no fue solventado, generó nueve recomendaciones, seis promociones de responsabilidad administrativa con sanción y tres pliegos de observaciones.

El organismo federal expuso que entre estas dependencias se pagó obra no ejecutada por 13 millones 799 mil pesos; no se regresó dinero a la Federación por 3 millones 97 mil pesos y se rebasó en 9 millones 525 mil pesos el porcentaje autorizado para el programa de Regiones Indígenas.

La ASF determinó que 26 millones de pesos ejercidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas son recuperables, y señaló que al 31 de diciembre sólo se ejerció 79 por ciento los 306 millones de pesos para el ejercicio 2010.