Admite la SCJN acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ingresos del estado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en su lista de notificaciones la acción de inconstitucionalidad interpuesta, de último momento, por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la Ley de Ingresos del estado, por considerar que viola los derechos de información gratuita y pública.

El recurso, enumerado como la acción 03/2012, fue presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Alto Tribunal la tarde del 19 de enero, fecha en que venció el plazo para interponer la acción legal. El ministro que recibió el documento fue José Ramón Cossío Díaz, quien determinó hacer valer el trámite de inconstitucionalidad.

El documento público, disponible en la página de internet de la SCJN, detalla que la promoción de la acción de inconstitucionalidad se refiere únicamente al último párrafo 73 y el segundo párrafo del artículo 76 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2012, pues –según el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)– limitan el acceso a la información pública, consagrado en el artículo sexto de la Constitución como un derecho fundamental de las personas.

Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación proporciona 15 días para que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla rindan un informe sobre la situación prevaleciente en la materia.

El informe que deberá rendir el representante legal del Congreso del estado deberá ir acompañado de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, dictámenes de la Comisión correspondiente, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo; mientras que el reporte del Poder Ejecutivo únicamente deberá enviar un ejemplar del Periódico Oficial del estado en que se publicaron las normas.

De acuerdo con el IFAI, las modificaciones a la Ley de Ingresos –promulgadas el 19 de diciembre de 2011 en Puebla– prevén que la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público y la relativa a operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal, sólo se entregará en forma impresa y certificada, previo pago de los derechos correspondientes, que asciende a 80 pesos por cada hoja.

Lo anterior contraviene la fracción III del artículo sexto constitucional, ya que cancela el derecho de las personas a obtener información pública gubernamental de manera gratuita y contraviene el ejercicio expedito de este derecho.

Entrevistado por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, José Luis Márquez Martínez, dijo que el área jurídica del Poder Legislativo revisa el tema para dar respuesta al máximo tribunal de justicia en el país.

En conferencia de medios, rechazó que el costo de 80 pesos limite el acceso a la información, porque sólo aplica para las copias certificadas, mientras los datos brindados de forma electrónica siguen siendo gratuitos.