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30 ONG se pronuncian por frenar en Puebla proyectos depredadores del medio ambiente

Por : Javier Puga Martínez

2012-04-30 04:57:16

Durante el primer Foro Socioambiental de Puebla,
que se realizó este sábado en la Universidad
Iberoamericana

 

Al menos 30 organizaciones de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala se pronunciaron por la construcción de un “ecologismo social”, que sea capaz de frenar “megaproyectos” nacionales y extranjeros que depredan el territorio despojando a los habitantes de las comunidades y los ejidos de sus tierras.

Estos “megaproyectos” abarcan desde la aplicación de minería a cielo abierto, la construcción de un gasoducto entre Tlaxcala y Morelos que atraviesa la zona metropolitana de Puebla, así como los municipios de Cholula y Atlixco, la destrucción de bosques para proyectos de infraestructura y la extracción de agua para la industria.

Lo anterior ocurrió en el primer Foro Socioambiental de Puebla, que se realizó este sábado en la Universidad Iberoamericana, donde 200 integrantes de estas organizaciones plantearon los principales problemas medioambientales de la región, pero también señalaron las amenazas y las persecuciones que padecen quienes intentan resolverlos. 

El foro abarcó desde la falta de medidas de prevención en caso de una evacuación masiva de habitantes de la zona del volcán Popocatépetl hasta los daños por las minas a cielo abierto pasando por la destrucción de bosques y selvas en el norte de la entidad y la cada vez mayor escasez de agua.

Se trató de un hecho inédito, pues más allá de la exposición y reconocimiento de problemas que perjudican a todos los sectores sociales, se sentaron las bases para trazar un plan estratégico de acción que permita unir fuerzas y, desde la sociedad civil organizada, se obligue a actuar a los gobiernos, a los empresarios y a otros sectores sociales.

Se manifestaron en contra del ingreso de semillas transgénicas al estado de Puebla; se expresaron a favor de un turismo sustentable a través de cooperativas indígenas y campesinas; al fomento de la restauración de los ecosistemas e impulsar el rescate del campo para alcanzar la soberanía alimentaria.

De igual forma, se pronunciaron por el uso de fuentes renovables de energía para crear ciudades e industrias sustentables, así como por impulsar la equidad de género en todos los programas sociales y ambientales.

Exigieron a las autoridades federales y estatales transparentar todas las concesiones de los recursos naturales de la entidad, así como de las licencias entregadas en años anteriores. Asimismo, existe una necesidad de crear reformas legislativas para que la industria beneficie a las comunidades y no sólo a los empresarios y particulares. Ninguna concesión nacional o extranjera debe estar por encima de los campesinos e indígenas, dijeron.

Los participantes señalaron la urgencia de crear un registro de los conflictos sociales que existen en Puebla, así como la importancia de darles seguimiento a cada uno de ellos. La represión contra los movimientos sociales debe ser denunciada, expresaron. 

Otro de los puntos fundamentales de este foro fue la creación de un observatorio de los problemas medioambientales, así como la apertura de espacios de difusión en medios públicos e informativos, a fin de que los problemas y las soluciones en materia medioambiental puedan conocerse por la sociedad.

Asimismo, se apoyó la iniciativa para declarar patrimonio de la humanidad al parque nacional Izta–Popo, que la principal zona captadora de agua del centro del país.

 

Minería

 

La minería es una de las actividades industriales más riesgosas para los ecosistemas de la entidad, señalaron los participantes de esta mesa temática en el primer Foro Socioambiental.

Ahí se expuso que la extracción de materiales pétreos no metálicos, vinculados al sector de la construcción abarca más de un millón de  hectáreas por todo el estado, las cuales están concesionadas, expropiadas o compradas por empresas nacionales y extranjeras pero que a su vez fueron de producción agrícola arrebatados a campesinos.

La minería dedicada a la explotación del mármol está perjudicando a por lo menos cinco regiones del estado de Puebla, por lo que una de las conclusiones de esta mesa fue la de exigir al gobierno la totalidad de zonas concesionadas para este sector, así como el daño que se ha ocasionado a tierras productivas. Las concesiones para minería deben detenerse inmediatamente, clamaron los activistas.

 

Agua

 

En el caso del agua, se reconoció que Puebla está padeciendo una escasez real y aguda de este líquido.

Además, de la poca agua disponible, ésta es repartida sin equidad y el cada vez mayor destino de esta hacia el campo privatizado y los sectores poblacionales pudientes, no a las parcelas y los ejidos, así como a la industria está ocasionando que menos población tenga acceso a lo mínimo de agua para sobrevivir.

En Puebla, señalaron los participantes de la mesa temática de agua, no se está impulsando el uso sostenible del agua, y esa es tarea del estado y de los ayuntamientos; en cambio, el sector privado es el que se está haciendo cargo del manejo del agua. El gobierno estatal está rehuyendo a solucionar los problemas que ya se están suscitando por la falta de agua, por lo que urgieron a aplicar la intermediación y el diálogo.

Señalaron que la Federación está favoreciendo el proceso de transferencia de agua de una cuenca a otra, para beneficiar a las industrias y a sectores privilegiados de la población. Además, las industrias no asumen su responsabilidad de limpieza del agua que contaminan y los gobiernos solapan a esas empresas.

Para hacer un uso eficiente del agua en la entidad, los foristas propusieron realizar un análisis de las fuentes existentes del líquido, mejorar la infraestructura de dotación y revisar cuál ha sido la actuación de las instituciones, además de que se deben mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

 

Turismo

 

En la mesa de turismo los participantes señalaron un impacto perverso de la industria turística no sustentable, lo que provoca un aumento en el deterioro de los recursos para esta actividad, así como de los culturales y ambientales de las comunidades.

Uno de los casos que necesita atención inmediata, expusieron, fue el de Cuetzalan, que está experimentando un incremento en el turismo, ocasionando que sea mayor la escasez de agua tanto para los habitantes como para los visitantes.

Por ello, en el foro se propuso generar una metodología a través de un inventario que permita valorar el entorno natural y cultural, generando proyectos turísticos viables en manos de las comunidades y los pueblos.

En ese sentido, indicaron que se deben generar reglamentos comunitarios para los centros turísticos. El turismo se debe planear desde los municipios y las comunidades. Asimismo se deben buscar mecanismos rápidos de respuesta a las demandas de las organizaciones prestadoras de servicios turísticos sustentables.

 

Bosques y selvas

 

En esa mesa temática se señaló que existe una falta de interés por parte del gobierno hacia quienes administran los bosques y selvas en las comunidades, ya que el gobierno federal no incluye a los habitantes de los bosques y selvas en sus políticas públicas.

Al no ser incluidas menos se les fortalece a estas comunidades; además, también se reconoció la falta de interés por parte de la sociedad en general para valorar la importancia de los bosques y las selvas del estado. Los participantes en esta mesa criticaron la desarticulación de las universidades públicas que trabajan estos temas con las comunidades.

De igual forma se criticó que la actual política forestal del estado de Puebla favorece la extracción de recursos maderables, y no la de su reposición y la conservación de los bosques y selvas existentes.

En ese sentido, se propuso fortalecer la silvicultura comunitaria, establecer zonas de bosques en la zona de los volcanes de la entidad; se propuso la creación de una contraloría ciudadana para evitar la corrupción en las dependencias que impacte en la tala de bosques, pero también se recalcó la importancia de preservarlos para favorecer la captación de agua.

Finalmente se señaló que el gobierno federal está evadiendo su responsabilidad de pagar derechos ambientales a las comunidades que protegen los bosques, y se exigió promover alternativas para el uso sustentable de los bosques, a fin de que trabajen con los dueños del territorio donde éstos se encuentran.

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