Tres de los cinco policías que se habían fugado con los secuestradores y torturadores de indocumentados centroamericanos en Lara Grajales se presentaron ayer a declarar ante el Ministerio Público del fuero común, aunque fuentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) revelaron que podría imputarles los delitos de privación ilegal de la libertad o secuestro.
Los uniformados llegaron acompañados del presidente municipal de Lara Grajales, Juan Abundio Torres Altamirano, quien por la mañana ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que no pertenece a ninguna organización delictiva y defendió a los uniformados, arguyendo que no estaban prófugos y que las autoridades ministeriales podían irlos a buscar a sus casas.
El edil afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) tuvo una mala jornada, pues fue severamente cuestionado por los reporteros, al punto que prácticamente tuvo que salir huyendo del restaurante donde se efectuó la conferencia de medios.
A lo largo de la sesión de preguntas y respuestas, el munícipe trastabilló y se mostró sumamente nervioso y dubitativo. No fueron pocas las veces en que cayó en contradicciones, como cuando dijo que no protegía a los policías, pero se negó a proporcionar sus nombres, pretextando que eso pondría en riesgo la seguridad de los gendarmes.
También adujo que desde el domingo hasta ayer no le había dado la cara a sus gobernados, en principio porque estaba en un viaje de motivaciones privadas en Veracruz, con su familia, y en segundo lugar, porque temía ser agredido por la población.
Insistió en que la turba que el domingo por la noche apedreó el Palacio Municipal y “estuvo a punto de matar a los policías, asfixiándolos” –con la quema de cuatro patrullas– fue azuzada por sus opositores políticos.
En todo momento, el alcalde panista intentó deslindarse de los hechos y reducirlos a una mera puja política, de la cuál él era víctima. Sin embargo, él mismo respondió como militante del Partido Acción Nacional ayer en la capital poblana, pues en lugar de acudir a rendirle cuentas a la sociedad que representa, prefirió dar su versión a los medios que lo han cuestionado y para tal efecto se hizo acompañar del secretario general del Comité Directivo Estatal del instituto derechista, Marcos Castro.
De hecho, los panistas sugirieron que sus adversarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaban coludidos con los secuestradores, arguyendo que la casa de seguridad en la que estuvieron cautivos los migrantes centroamericanos pertenece a la prima de Horacio Castillo López, candidato de dicha organización política que perdió la elección con Juan Abundio Torres Altamirano.
Ante los cuestionamientos de los reporteros, que prácticamente le recriminaban su falta de compromiso con el cargo que ocupa y con el pueblo al que dice representar, Torres Altamirano tuvo que salir atropelladamente del restaurante, auxiliado por media docena de guardaespaldas que en el afán por proteger a su jefe, empujaron y maltrataron a varios periodistas.
Por la noche hubo versiones de que el alcalde sufrió o aparentó una crisis de pánico en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, cuando varios reporteros intentaron entrevistarlo de nueva cuenta y él prefirió correr a un baño para encerrarse. Esas especies también decían que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, había tenido que ayudar al edil a recobrar el control sobre sí mismo.
Cabe recordar que la víspera, en Lara Grajales, la regidora de Salud, Juana Arias Morales, también militante de Acción Nacional, aseguró que el presidente municipal había estado ausente el día de la crisis porque tuvo que asistir a “un acto de salud” organizado por el gobierno federal en Durango.
También afirmó que los uniformados que secuestraron a los migrantes no son de esa localidad, si no del municipio vecino de Nopalucan y acusó a varios priistas de encender la mecha de los disturbios.
