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SEP: no se puede cumplir por ahora con el bachillerato obligatorio

Ignora Amy Camacho incumplimiento de convenio de Cruz Azul

 

La secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT), Amy Camacho Wardlen, admitió ayer que no tiene conocimiento de la situación que prevalece con el convenio signado por la cementera Cruz Azul para instalarse en el estado, pero aseguró que iniciará la revisión del caso para garantizar que la compañía cumpla con todos los compromisos que asumió con el gobierno estatal y los habitantes de Palmar de Bravo.  

La titular de la SSAOT compareció ante el Congreso del estado como parte de la glosa del primer informe de labores del gobierno estatal, tras lo cual encabezó una conferencia de medios en la que anunció que iniciará la inspección de la planta, revisando la autorización que recibió en materia de impacto ambiental y monitoreando sus emisiones de contaminantes. 

Para que Cruz Azul pudiera hacer uso de las 575 hectáreas de territorio poblano en las que se encuentra instalada se comprometió en 2006 a realizar una revisión permanente en la zona sobre la contaminación que producen sus actividades, así como a construir dos plantas tratadoras de agua, una clínica de salud y un proyecto ecoturístico.

El lunes campesinos de 30 comunidades de Palmar de Bravo denunciaron a La Jornada de Oriente, a través del legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Domingo Rodríguez, que la cementera ha incumplido todas las clausulas del documento.

Cuestionada sobre el tema, Amy Camacho aseguró que la dependencia a su cargo no ha recibido ninguna denuncia formal de los inconformes, pero dijo que tomará cartas en el asunto para garantizar que la compañía “cumpla a cabalidad con todos los temas ambientales”.

 

Denuncia contra RESA

 

Amy Camacho confirmó a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Poder Legislativo que la SSAOT interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de la empresa RESA, debido a que no ha podido controlar la fuga de lixiviados en el relleno sanitario de Chiltepeque que tiene a su cargo.

Durante la conferencia de medios detalló que la falta cometida por la compañía “es grave”, pero reconoció que ésta ha trabajado en las últimas semanas para corregir la infracción.

Al realizar un balance general del estado ante los legisladores, la secretaria de estado reconoció que ninguno de los 22 rellenos sanitarios de Puebla opera dentro de la norma, además de que existe un “sinnúmero” de tiraderos a cielo abierto.

“No todos los rellenos sanitarios se construyeron de manera estratégica en lugares que los requerían. La situación es difícil, porque todos estamos produciendo residuos y basura, pero muchos no tienen la manera de trasportarlos a lugares adecuados”, reconoció. 

Una situación similar, señaló, enfrentan las 278 plantas tratadoras de agua del estado, de las cuales 35 operan correctamente, lo que representa sólo 12 por ciento del total.

Para resolver las deficiencias, la funcionaria dio a conocer que la dependencia a su cargo ha puesto en marcha dos programas que buscan garantizar el correcto funcionamiento de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento, así como poder identificar lugares idóneos para su construcción y operación.

Anunció que la SSAOT promueve la construcción de 14 nuevas plantas de tratamiento, tres segundas etapas, así como la rehabilitación de cuatro más con una inversión de 103 millones 655 mil pesos, que beneficiará a habitantes de Acajete, Ayotoxco de Guerrero, Chilchotla, Epatlán, Izúcar de Matamoros, Santa Isabel Cholula, Tehuacán, Tepeyahualco, Tlacotepec de Benito Juárez y Tochtepec.

Denuncian en Lara Grajales acoso de Soto por explotación de un pozo

 

Vecinos de una colonia de Lara Grajales culparon al líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto Martínez, de ejecutar acciones de acoso, amagos e intimidación contra los ciudadanos que se oponen a que un pozo ubicado en la colonia Ignacio Zaragoza sea explotado para abastecer a una unidad habitacional promovida por el diputado federal priista.

Los quejosos, que forman parte del Comité del Agua Potable y Obras de la colonia Ignacio Zaragoza, tuvieron ayer una reunión de casi tres horas con el alcalde, Horacio Castillo López, afiliado como Soto Martínez al PRI.

El encuentro fue atestiguado por activistas del Nodo de Derechos Humanos (Nodho) y medios de comunicación. En él, el edil aseguró que su administración sólo accederá a dar el permiso de aprovechamiento del afluente si hay “consenso de la gente”.

Castillo López admitió ante los ciudadanos que con Soto Martínez sólo hay “una relación política, no somos amigos, no somos gente que nos conozcamos como algunos de los aquí presentes” y en ese sentido dejó claro que en los recursos del municipio “la única autoridad soy yo, el presidente municipal y el cabildo. No mandan los diputados federales, que son muy respetables, pero están para hacer sus gestiones y legislar”, remató.

Además, a pregunta expresa de Eduardo Almeida Sánchez, uno de los visitadores del Nodho, el alcalde aseguró que el gobierno estatal, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle, le ha recortado las participaciones al ayuntamiento de Lara Grajales porque no ha solucionado el conflicto entre los vecinos de la colonia Ignacio Zaragoza y el líder cetemista, que promueve la explotación del pozo a favor de la unidad habitacional Bamaseda.

Otra queja expresada por Horacio Castillo López contra la administración morenovallista es que no ha respondido a las múltiples solicitudes para que se refuerce la presencia de la Policía Estatal en la zona a fin de que colabore en las tareas de aseguramiento de migrantes centroamericanos , varios de los cuales “llevan droga y armas”, afirmó.

Una comisión de representantes del Comité del Agua Potable y Obras de la colonia Ignacio Zaragoza acudió la mañana de este martes a la presidencia municipal de Lara Grajales, acompañado de los integrantes del Nodho y un par de medios de comunicación que aceptaron la invitación de los pobladores para dar cobertura al acto.

El propósito era aclarar el rumor, difundido de voz en voz y por una estación de radio que emite su señal desde el municipio de Libres, acerca de que la Comuna presidida por Horacio Castillo López había solicitado mayor presencia de la fuerza pública estatal para desalojar a los vecinos que desde hace meses montan guardias día y noche para evitar que se introduzcan tomas de suministro al pozo de Ignacio Zaragoza para abastecer a la unidad habitacional Balmaseda.

Visiblemente tenso –incluso admitió que estaba “molesto”–, el alcalde encaró a sus interlocutores y les preguntó quién de ellos había sido amenazado. Nadie se quejó.

Entonces, el alcalde de Lara Grajales aseguró que no ha solicitado a la Policía Estatal para reprimir a las personas que defienden el pozo, sino para asegurar a migrantes que en esa zona suelen abordar o descender del tren – conocido como “La Bestia”– que procedente de Tierra Blanca, Veracruz y se dirige a la frontera con Estados Unidos.

Inició así un largo diálogo en el que hubo reproches mutuos entre el edil y los ciudadanos sobre la dotación de agua y el pago del servicio.

Castillo López manifestó que los permisos de aprovechamiento del pozo –que no fueron consultados con los vecinos– los concedió la gestión que le precedió, encabezada por Juan Abundio Torres Altamirano, pero casi simultáneamente afirmó que no tenía ningún tipo de documentación del ayuntamiento anterior.

A principios de este mes, el Nodho emitió una alerta debido a que los vecinos de la Ignacio Zaragoza habían recibido advertencias de que serán reprimidos por la fuerza pública, debido a la defensa que han realizado de un pozo que pretende ser utilizado para reabastecer una unidad habitacional que es impulsada por el líder de la CTM en la entidad, el diputado federal priista Leobardo Soto Martínez.

El 7 de febrero, el dirigente rechazó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió: “nada más falso que decir eso caray, solamente critica aquel que no hace nada en beneficio de los demás”.

Edil de Acatzingo ordenó asesinar a vecino, asegura un testigo

 

Un testigo asegura que el alcalde de Acatzingo, Eliseo Braulio Zayas Jean, ordenó el pasado 7 de febrero la agresión que culminó con el asesinato del tablajero César Natanael Maceda Torres a manos de José Rosendo Luis de Lima, el policía municipal que fungía como guarura del edil.

En una entrevista, Adán Torres Hernández, tío del interfecto, afirmó que el día del homicidio el munícipe estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en el zócalo de la cabecera municipal, acompañado por el síndico José Eulalio Espiridión Cebada García y sus guardaespaldas.

Cerca de ahí también estaban bebiendo alcohol en la calle César Natanael Maceda Torres  y un acompañante, pero tuvieron un altercado con agentes de Tránsito Municipal.

“Él (Zayas Jaen) se encontraba el domingo 7 de febrero en el zócalo de ese municipio en compañía del sindico municipal y sus guardaespaldas ingiriendo bebidas alcohólicas. Los policías fueron a decirle lo que sucedió. De inmediato dio la orden de ‘¡rómpeles la madre ya!’, me dijeron personas que estaban atrás de él y luego yo vi y escuché al agente subalterno (René Pestaña Juárez) cuando les dijo: ‘¡dispárales!”, aseguró Adán Torres.

Torres Hernández también reveló que la viuda de Maceda Torres declaró al agente del Ministerio Público que el alcalde amenazó al menos en tres ocasiones a su marido, con quien tenía diferencias de índole particular.

Asimismo, el tío de la víctima dio a conocer que dentro de la presidencia municipal fueron halladas al menos 15 armas de uso exclusivo para el Ejército, las cuales no estaban reportadas oficialmente entre el arsenal de la fuerza pública comunal.

La fuente aclaró que la sede de la Comuna no está tomada por pobladores de Acatzingo, sino que fue asegurada por personal de la Procuraduría General de Justicia que, tras tomar fotografías del armamento dentro del recinto, lo sacó de ahí.

El pasado lunes, ciudadanos se apoderaron del centro geriátrico de Acatzingo conocido como Casa del Abue, como una manera de respaldar a los ancianos que denunciaron que el presidente municipal Eliseo Braulio Zayas Jaen les había arrebatado el inmueble para instalar ahí su despacho y otras oficinas de forma provisional, como respuesta al cierre de la presidencia municipal.

La secretaria General de Gobierno informó que a personal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no le permitieron la entrada al lugar desde el lunes.

El DIF, a través de su Dirección de Comunicación Social, informó que los apoyos y programas de dicha dependencia continuarán brindándose a través de su delegación regional.

Desde el 7 de febrero, cuando aconteció la tragedia, el alcalde no ha aparecido públicamente en Acatzingo.

El 9 de febrero, el presidente municipal de Acatzingo aseguró que no se separará del cargo tras la muerte del tablajero César Maceda. Al mismo tiempo, el edil recibió el respaldo de la fracción del PAN en el Congreso del estado, pues así lo afirmó el diputado de este partido Rafael von Raesfeld Porras, quien confió en el trabajo de Zayas Jaen y subrayó que iniciar una investigación por parte del Legislativo o incluso separarlo del cargo llevaría a este municipio a la ingobernabilidad.

En el mismo sentido, el alcalde de Acatzingo también recibió el apoyo del dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, instituto con el cual ganó la alcaldía.

En la capital estatal, el presidente municipal ofreció una rueda de prensa –en donde estuvo acompañado de Von Raesfeld y de De la Rosa Esparza– para desmentir que huyó de la entidad, y apuntó que “por seguridad” ahora vive junto con su familia en la ciudad de Puebla.

Piden en La Piedad ayuda del gobierno para evitar violencia

Define PRI candidatos en 11 distritos; en Izúcar habrá convención

 

En medio de denuncias de imposición y renuncias de militantes, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) definió la lista de candidatos a las diputaciones federales de 11 distritos en los que registrará abanderados únicos, mientras que en Izúcar de Matamoros, Atlixco, Ajalpan y el IX con cabecera en Puebla capital quedó pendiente la resolución.

Al cierre de esta edición todo indicaba que en Izúcar de Matamoros la contienda interna se resolvería a través de una convención de delegados distrital, donde el diputado priista con licencia de cargo Filiberto Guevara González y el ex dirigente estatal del tricolor Juan Manuel Vega Rayet se disputarían la postulación.

En tanto, en los distritos de Atlixco, Ajalpan y el IX el escenario era incierto ante la intensa disputa que se registra entre los aspirantes.  

Se espera que el tricolor concluya hoy el proceso interno de selección con la realización de convenciones de delegados en 15 de los 16 distritos federales de Puebla, en las cuales los priistas ratificarían a los aspirantes de unidad o resolverían la competencia con la definición de abanderados.   

 

Contienda resuelta

 

De acuerdo con los dictámenes de procedencia que publicó el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor en su página de internet, en el distrito I de Huauchinango el candidato será René Lechuga Fosado; en el distrito II de Teziutlán, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, José Luis Márquez, y en el III de Teziutlán Víctor Manuel Díaz Palacios.

La candidatura del distrito IV de Zacapoaxtla quedó en manos de la ex legisladora priista que promovió reformas a favor de los pueblos indígenas en la LVII Legislatura, Josefina García Hernández; en el V de San Martín Texmelucan el edil con licencia de cargo Carlos Sánchez Romero.

En el distrito XII de Puebla capital el PRI registrará al ex legislador Pablo Fernández del Campo Espinosa, mientras que en el distrito VII de Tepeaca y X de Cholula los candidatos serán el legislador con licencia Jesús Morales Flores y Juan Taylor Morales, respectivamente.

Según fuentes del partido tricolor, en el distrito VI de Puebla capital quedará en la candidatura Jorge Ruiz Romero, pese a que la tarde de ayer se especuló la posible designación del diputado Enrique Doger Guerrero, quien solicitó licencia de cargo al Congreso local.

En tanto, en el distrito VIII de Ciudad Serdán obtendría la postulación Alejandro Efraín García Bello, mientras que en el distrito XV de Tehuacán sería seleccionado Marco Antonio Balseca.

El único distrito donde el PRI no lanzará candidato es el XI de Puebla capital, el cual cedió al PVEM dentro de la alianza electoral que formaron en ese proceso. 

 

Protestas en 10 distritos

 

En medio de las disputas por las candidaturas a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, dirigentes municipales del PRI del distrito de Atlixco se pronunciaron en contra de la imposición de Héctor Jiménez y Meneses como abanderado a diputado federal de la demarcación, al tiempo de manifestar su respaldo al aspirante Raúl Marín Espinoza.

Los inconformes amagaron con iniciar protestas contra el instituto en caso de que se confirme la designación de Héctor Jiménez, quien fue funcionario del gobierno estatal en el sexenio de Melquiades Morales Flores.

Además, ayer se confirmó que la priista Rocío García Olmedo dejará al PRI durante este proceso electoral para registrarse como abanderada por Atlixco a través de Nueva Alianza.

Con estas manifestaciones de inconformidad suman 10 los distritos donde militantes del tricolor denunciaron dados cargos en la contienda interna, junto con Ajalpan, Izúcar de Matamoros, Tepeaca, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán, así como el VI, IX y XII de la capital del estado.

En el distrito VI incluso se registró la renuncia de Leopoldo de Lara Varela, dirigente en Puebla de la agrupación política nacional Factor Ciudadano, quien declinó de la contienda priista esta semana y anunció que respaldará a la candidata del Panal, Leticia Jasso Valencia.

Personal de seguridad pública del DF será adiestrado en la academia Zaragoza

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal será adiestrado en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla–Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, que ha sido financiada por el gobierno de EU y en la que impartirán cursos agentes del Buró Federal de Investigaciones de dicho país (FBI), por sus siglas en inglés.

Ayer, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas signó, como testigo de honor, el convenio que suscribieron el secretario de Seguridad Pública y el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Jesús Rodríguez, respectivamente, con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que preside Mauricio Tornero, y el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, para que personal de esas dependencias de la capital del país se capacite en la institución poblana.

En su discurso, Moreno Valle expresó que la inversión para la construcción de esta obra será de 268 millones de pesos y en equipamiento por 55 millones de pesos, provenientes de la Iniciativa Mérida. Se podrá capacitar 6 mil elementos de todo el país por año.

El titular del Poder Ejecutivo local reconoció el respaldo del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, “para diversos proyectos que se llevan a cabo en Puebla como el Metrobús y, ahora, el convenio que colocará a Puebla a la vanguardia en materia de profesionalización de elementos de seguridad”.  

El secretario de Seguridad Pública y el procurador General de Justicia del Distrito Federal, coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para atender una demanda social, según se informó en un boletín emitido por la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno poblano.

“Es un paso decisivo; se debe apretar la marcha en la profesionalización de elementos para enfrentar los retos”, apuntó el titular de la PGJ del DF.

En un acto anterior, ante el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, el rector de la UIA, David Fernández Dávalos, propuso la implementación del “servicio social de carrera” para los integrantes de las fuerzas de seguridad pública.

“Se deben crear una cultura de la legalidad que cambie la imagen de la policía desde la sociedad civil, y construir una ciudadanía respetuosa de las policías y del estado de derecho. Para tener policías confiables y profesionales se requiere de múltiples instrumentos. Uno de ellos es el control de confianza. (…) La mejor garantía nos la da el cumplimiento de un modelo integral de policía, con servicio social de carrera, bien remunerado y con incentivos por parte del gobierno y de la ciudadanía.”, enfatizó.

La obra más importante de San Andrés Cholula no será inaugurada para el 5 de mayo

 

Por retrasos en su construcción, el corredor turístico Actipan–Tonantzintla–Acatepec, que conectará a San Andrés con San Pedro Cholula, no podrá quedar terminado para mitad de este año, lo cual pone en riesgo el registro de los municipios como “Pueblo Mágico”, por tratarse de una infraestructura básica importante.

La información fue confirmada por la Secretaría de Obra Pública, a cargo de Marco Polo Muñoz Martínez, quien admitió que la obra más importante del año no podrá ser inaugurada el 5 de mayo como parte de los festejos del 150 aniversario de la Batalla de Puebla.

El corredor turístico es una obra de 7.4 kilómetros de longitud, que tendrá una inversión tripartita, bajo el programa “Peso a peso”, superior a los 37 millones de pesos.

La vialidad comunicará a los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, como son las iglesias de Santa María Tonantzintla, San Francisco Acatepec y la parroquia de San Andrés Cholula.

Además contará con cuatro carriles para abatir el congestionamiento vehicular que se padece en la zona.

El pasado 30 de  noviembre el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y el alcalde Miguel Ángel Huepa dieron el banderazo del arranque de la obra, que comenzó gestiones con la administración de David Cuautli Jiménez.

Fue en esa ocasión, a la altura del rancho Actipan, cuando se afirmó que la obra quedaría terminada para mayo.

Sin embargo, la autoridad local admitió que esto no será posible.

La Secretaría de Obra Pública expuso que el retraso se debió porque el gobierno estatal no pagó a tiempo el anticipo a la empresa Cobipo 2010 S. A. de C.V., que ganó la licitación con el número LO921007998–N83–2011.

El contrato firmado entre el ayuntamiento y la constructora puso como meta el mes de agosto, para la entrega del corredor turístico.

El alcalde Miguel Ángel Huepa Pérez informó que además del corredor turístico también se ejecutarán obras para el mejoramiento de la imagen urbana como pavimentación de calles, señalamiento, alcantarillado, alumbrado público, red de colector pluvial y de agua potable.

Asimismo, destacó que este año el ayuntamiento de San Andrés destinará 65 millones de pesos para el embellecimiento de su zona monumental y turística.

Mencionó que la infraestructura básica a desarrollar es la creación del corredor de la calle 5 de Mayo, que tiene como objetivo ampliar el acceso principal a la cabecera municipal. Así como el proyecto de cableado subterráneo, cambio de drenajes y concreto estampado.

Este medio buscó a los representantes de Cobipo 2010 en Puebla, con oficinas en la colonia La Paz, pero se negaron a dar una declaración al respecto.