Nuevamente el gobierno del estado tuvo que intervenir y desmantelar, en los hechos una corporación de seguridad pública municipal. Ayer, tal y como sucedió con San Martín Texmelucan hace un par de semanas y hace una en Amozoc, los policías comunales de Ciudad Serdán fueron relevados de sus funciones por sus homólogos estatales, ante la sospecha fundada de que brindan protección al crimen organizado.
Se debe reconocer que el Poder Ejecutivo tome medidas drásticas ante la evidente infiltración que padecen las fuerzas uniformadas en- cargadas de proteger a la población.
Sin embargo, no se puede pasar por alto el fracaso de dos sexenios de supuesta depuración de las políticas implementadas en los tres nive- les de gobierno para evitar que el crimen orga- nizado, en este caso en su modalidad de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, se introduz- can en las policías municipales.
Para el caso poblano en preocupación se adereza con un par de declaraciones: la del titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, quien ayer dijo que los alcaldes mienten sobre la probidad de las fuerzas públicas de sus municipios, sin mencionar algún mecanismo para erradicar ese vicio, y lo dicho por el fiscal general del estado, Diódoro Carrasco Altamirano, quien en una entrevista a un noticiario radiofónico de la capital del país, admitió que se tenía información de que altos mandos de Amozoc protegían a huachicoleros, datos que fueron obtenidos an- tes de que se ultimara a los uniformados que los denunciaron.