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Pues bien

Por: Coral Avila Casco

2012-08-21 04:00:00

La semana pasada autoridades del gobierno estatal y académicos inauguraron un taller de planeación estratégica participativa a fin de capacitar y actualizar a funcionarios públicos integrantes del Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Sepasev). En ese marco se informó que a El Colegio de Tlaxcala se le encomendó realizar un proyecto para la planeación estratégica del Sepasev y se explicó que “el proyecto contempla un estudio para analizar las fortalezas, debilidades y oportunidades que el sistema actualmente tiene para combatir el problema de la violencia contra las mujeres de Tlaxcala, además de un diagnóstico situacional de dicha problemática que será presentado en noviembre”,como fue informado vía facebook en la cuenta Difusión Coltlax.

Esto resulta interesante en muchos sentidos, por supuesto que articular en la generación de propuestas de políticas públicas a la comunidad académica es bastante loable; sin embargo, para este caso sería conveniente, ético y extraordinariamente necesario conocer cuánto va a costarle al Poder Ejecutivo esta encomienda a El Coltlax, pues evidentemente este ejercicio no nace como una aportación altruista de este centro de investigación, sino que responde a la encomienda de un trabajo ex profeso, que será sufragado con recursos públicos.

El mencionado taller tuvo como “objetivo sensibilizar a los sectores de la sociedad en la importancia de generar una cultura de equidad de género y apoyar la construcción de la Matriz FODA (planeación estratégica) con sectores de los gobiernos estatal y municipales y la sociedad civil, en la perspectiva de hacer ágil y funcional dicho sistema”.

Pues bien, ya que están buscando fortalezas, debilidades y oportunidades, es necesario decir que: a) existen graves omisiones por parte de las autoridades, destacando que desde 2008 hasta 2012, no le han dado a la ley ni un solo peso y que tampoco han realizado las armonizaciones ejecutiva, legislativa y judicial con perspectiva de género y, b) nuestras autoridades no conocen ni las leyes general ni estatal que nos garantizan a las mujeres una vida libre de violencia, ni tienen la menor idea de lo que les corresponde, al grado de que necesitan pagar porque un grupo de académicos les venga a decir lo que tienen que hacer.

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