Patrimonialismo y poder

El caso de lady Profeco es tan sólo una muestra del uso del poder para fines personales o de grupo. La historia política de México ha estado marcada por este tipo de prácticas desde la época colonial hasta el México del siglo XXI y a pesar de los esfuerzo por institucionalizar a la administración pública, en muchas dependencias se ha mantenido el modelo patrimonialista, donde cada servidor público crea su propio reinado. El principio es sencillo de comprender, el funcionario instala su corte y establece su territorio, la institución forma parte de su patrimonio privado, donde el personal, los bienes muebles e inmuebles son considerados como suyos, puede hacer con éstos lo que le plazca.

El patrimonialismo ha sido estudiado por los sociólogos, antropólogos, politólogos, historiadores y los estudiosos de la gestión y administración pública, el tema se ha publicado en centenares de libros, unos para conocer y explicar las raíces de esta categoría, otros para exponer ejemplos concretos, independientemente de los fines de unos y otros, la mayoría coincide en asociar el patrimonialismo con el uso discrecional de los recursos públicos para fines privados, el ejercicio vertical del poder –donde existen jerarquías–,la formación de relaciones de sujeción entre el servidor y sus súbditos, la formación de redes de sumisión y complicidad de los miembros de la corte, el nepotismo, el amiguismo, la formación de redes de intermediarios que coadyuvan en el reconocimiento del dueño del principado.

Si bien los primeros estudios en México estuvieron vinculados a la época de la Colonia, esos mismos documentos fueron útiles para entender lo ocurrido en distintas épocas de la historia política del país, permitieron identificar las causas que favorecieron que a pesar de muchos cambios registrados en el México contemporáneo, hubiera continuidad en el uso del poder. Precisamente los trabajos a fines del siglo XIX y principios del XX del prestigiado sociólogo Max Weber, pusieron a la luz pública los principales problemas que se derivan de mantener un modelo patrimonial en un Esta-do moderno, esto lo lleva a construir el modelo burocrático legal racional, que entre otros elementos sostenía la urgente necesidad de diferenciar a la persona de su actividad como servidor público. Para Weber, el administrador público debe regirse con reglas, procedimientos, funciones y ámbitos de competencia, de tal forma que las decisiones y la forma de administrar lo público no fuera dependiente de la persona que ocupara el cargo, ese planteamiento fue recuperado tiempo después por muchos analistas de lo público, para el caso de México, el fin de la Revolución Mexicana seguido del maximato, fueron empujando para que en su momento se creara el Partido Nacional Revolucionario, a la postre como hoy lo conocemos el Partido Revolucionario Institucional, que precisamente en sus orígenes buscaba entre otras cosas institucionalizar los proceso políticos en la sucesión del poder, la lucha por él dejaría de ser a través de las armas, sería, como se decía en esa época, por medio de un proceso civilizado e institucional.

Sin embargo, la falta de democratización, la falta de contrapesos en el poder público, la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, la ausencia de un riguroso sistema de contraloría interna y, sobre todo, la falta de un sistema robusto de servicio civil de carrera, favoreció que el reparto de puesto en la administración pública federal, estatal y municipal respondiera más a favores, amistades y con ello a lealtades al proyecto, el pastel se distribuía entre los amigos independientemente del perfil profesional, a cada uno se le otorgaba su principado, donde ellos podían hacer lo que les diera la gana mientras no se rebelaran al rey, si lo hacían les cortaban la cabeza, como en la corte.

Es decir, durante el régimen autoritario y a pesar de los discursos de la institucionalización, en la práctica los puestos eran para los amigos, lo cual rompía con el principio del modelo burocrático legal racional de Max Weber, se mantuvo por mucho tiempo en México el modelo patrimonialista en la administración pública en todos sus niveles, alineados eso sí al presidente de la República. Tampoco cambió en la docena trágica del panismo.

De hecho, el modelo se expandió a tal grado que hasta los funcionarios de niveles menores hicieron como suyo el puesto, si eso hicieron los choferes, las secretarias, los barrenderos, qué no hicieron los secretarios de Estado, los delegados, los procuradores, hay miles de anécdotas de cómo los funcionarios públicos se despacharon con la cuchara grande: de entrada cambiaban los muebles de la oficina, ponían a su secretaria, incorporaban a los amigos en la nómina, compraban autos para ellos y sus familias, los choferes eran utilizados para ir por la despensa de la flamante esposa y, de paso, recoger a los niños, en otros casos ocupaban el recurso público para adquirir propiedades, materiales de construcción y sacar la nómina de los albañiles, en los extremos se presentaban facturas para cubrir los viajes de placer de los funcionarios con o sin familia, pues también se aprovechaba el recurso para comprar lencería y corsetería para toda ocasión.

Por eso no resulta nuevo que la hija de un ahora ex funcionario haya movido sus influencias para exigir el cierre de un negocio, esa práctica es recurrente, lo que llama la atención es que el propio gobierno priista haya realizado la remoción del procurador, eso sí es novedad, no es costumbre que se tomen esas decisiones en México.