El triunfo de una causa justa

En diciembre del año pasado la revista estadunidense Time hizo un reconocimiento a las personas de todo el mundo que salieron a la calle a luchar por sus derechos. Tal decisión, señalaron, rinde homenaje a “los hombres y las mujeres de todo el mundo, que derribaron gobiernos y llevaron un sentido de democracia y dignidad a gente que no lo tenía antes”.

Afirman que “esta es gente que ya está cambiando la historia y que cambiará la historia en el futuro”, porque están dispuestos a arriesgarse para salir a la calle y lograr un cambio para que este mundo se transforme en algo mejor luchando por causas justas y legítimas. Los resultados de esas demandas han sido diversos, en algunos casos marcaron el inicio de una guerra y en otros sólo se tradujeron en represión y más inconformidad.

En el caso de nuestro país fuimos testigos del mudo dolor reflejado en miles de rostros que marcharon por una causa justa: “Paz con Justicia y Dignidad”. Todos escuchamos esas historias plagadas de tragedia y desesperación, sin embargo, hoy gracias a esa manifestación ciudadana, esta semana ha sido posible aprobar por unanimidad en el Senado la Ley General de Víctimas.

Al aprobar esta legislación y enviarla a los diputados, la Cámara de Senadores cumplió el compromiso que asumió ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia en los diálogos del Castillo de Chapultepec, celebrados en julio de 2011.

Este es un ejemplo del éxito de la participación de la ciudadanía, el Movimiento por la Paz y el Congreso de la Unión lograron sacar adelante una ley que obliga al Estado a actuar para evitar la victimización, así como a generar la reparación del daño, de personas que aparte de ser víctimas de un delito han tenido que enfrentarse con la injusticia y el olvido.

A través de la aprobación de esta ley, el Estado otorgará asistencia y protección a las víctimas, además de garantizarles el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal como reparación del daño causado. El afectado por el delito podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que no será paraestatal, cuando la institución médica que la atiende no cumpla las disposiciones que la obligan a cubrir los costos de atención y servicios sanitarios.

También se obliga a los tres niveles de gobierno a garantizar ayuda, asistencia y reparación del daño a quienes padezcan violaciones a sus derechos humanos y las víctimas podrán participar en el proceso de adopción y aplicación del reglamento a nivel nacional.

De igual forma se crean el Sistema Nacional de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como órgano vigilante y de control de esa legislación, que permitirá la participación directa de los afectados y organizaciones de la sociedad civil y el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso oportuno, así como para que haya cifras exactas sobre su número

La gran lección, sin duda, es que como lo sostiene Roberto Gargarella, cuando un poder viola los derechos de los ciudadanos y pretende justificar su accionar sin convocar a los sectores involucrados a un gran debate, resistir, no sólo es lícito, sino que es obligatorio.