Democracia ocupacional

¿Cuántos de los 141 ciudadanos que han acudido a la convocatoria para conformar el Consejo  General del IET se han destacado por su contribución a la democracia en el país y en el estado?, ¿cuántos de ellos han estado en la lucha social y política que permitió la transición política de un régimen autoritario a un régimen “democrático”?,  ¿cuántos de esos ciudadanos saben la diferencia entre un sistema de partido hegemónico y un sistema de partidos competitivos?, ¿cuántos de ellos saben la diferencia entre democracia electoral, democracia social y democracia política?, ¿cuántos de ellos conocen la historia política del país y del estado?, ¿al menos identificarán los hechos históricos que marcaron las rupturas y las continuidades que dieron origen al proceso de transición política que ha vivido México y Tlaxcala en los últimos 30 años?, ¿sabrán la diferencia entre transición y alternancia?, ¿cuántos de ellos han luchado por la defensa de la libertad política y la libertad de expresión?, ¿cuántos de ellos han publicado sus ideas en medios impresos o electrónicos aun a costa de sufrir los embates de los grupos de poder?, seguramente que muy pocos, pues a quienes ahora quieren ser consejeros no les interesa aportar a la democracia en la entidad, les interesa tener trabajo, ganar bien y tratar de ocupar el puesto como un trampolín para seguir viviendo del presupuesto del estado o de la Federación. Confundieron la democracia electoral con la democracia ocupacional.

Hasta hace una década y media, no cualquiera podría ser consejero, el modelo ideal implicaba ciertas características que deberían acompañar al ciudadano interesado, hombres y mujeres, cuya trayectoria profesional, ideológica y política fueran coherentes y congruentes con la causa de democratizar al país, personas que se habían destacado por su invaluable participación en la lucha para denunciar, estudiar, analizar y difundir las atrocidades del régimen autoritario, hombres que tuvieran los tamaños para enfrentar los embates de los partidos políticos, especialmente al PRI y que tuvieran idea de qué se requería hacer para generar cambios importantes en el sistema electoral. La tarea de la primera, segunda y quizás la tercera generación de consejeros fue colosal, pues había que edificar prácticamente todo, que el voto cuente y su cuenta no fue cosa sencilla, se requirió una profunda ingeniería electoral, sobre todo porque la experiencia electoral mexicana era de fraude, trapacería y todas aquellas prácticas políticas que aseguraban el triunfo del partido del Estado, acabar con el control de las elecciones por parte del gobierno demandaba personas de una sola pieza.

Al mismo tiempo, esos consejeros deberían apaciguar a las oposiciones y generar certidumbre y confianza en los procesos electorales, así tuvieron no sólo que promover cambios en materia de legislación electoral, sino que crearon los procesos organizativos, normativos, administrativos y de comunicación para asegurar que se cumplieran los principios rectores de las instituciones electorales: imparcialidad, legalidad, certeza, autonomía, igualdad, entre otros. No fue gratuito que se hiciera un nuevo padrón electoral o que se creara la credencial del IFE o que se avanzara en materia de sancionar los delitos electorales o que se promoviera la creación de órganos especiales para la atención de los delitos y la sanción de los mismos. Esos modelos generaron la creación de los institutos electorales locales, que en muchos sentidos fueron réplicas del Instituto Federal Electoral, pues avanzaron en la misma línea de darle autonomía para organizar elecciones, los primeros consejos locales también tuvieron que construir las bases para edificar instituciones sólidas que garantizaran elecciones limpias y libres.

En esas épocas, el salario de los consejeros no se ponía a discusión, pues se sabía que el trabajo era arduo y que un factor que contribuiría para lograr la democracia electoral era contar con personal dedicado de tiempo completo, bien pagado y bien comido, las jornadas eran largas y las sesiones eran interminables, los resultados no tardaron en llegar, por primera vez luego de muchas décadas había condiciones institucionales que garantizaban elecciones limpias y transparentes, sin duda el papel de los consejeros fue fundamental.

Sin embargo, esto empezó a cambiar cuando los partidos políticos se apropiaron de los institutos electorales, la elección de los consejeros se puso en duda, pues muchos de los elegibles estaban ligados de una forma u otra a los partidos que los proponían, ese factor inhibió la participación de ciudadanos independientes que muy temprano aprendieron que para ser consejeros se necesitaba contar con un padrino que les abrieran el camino, esto no sólo vino a desmantelar el concepto y vocación de los consejeros, sino que provocó que los institutos se convirtieran en oficinas de colocación para los amigos de los políticos, el efecto fue que al perder autonomía los consejeros perdieron la objetividad de sus decisiones, obedecían a quien los había instalado en los consejos a cambio de tener buenos salarios. Se volvieron moneda de cambio.

Aún más lamentable es que en el camino se confundió el papel que debe jugar un consejero, en efecto debe velar por mantener los principios rectores del instituto, pero sobre todo debe tener el suficiente aplomo y la capacidad política para mantener a raya los intereses partidistas, debe promover una verdadera cultura democrática y debe servir fundamentalmente a los ciudadanos, esto último se perdió. No basta con aprenderse las leyes electorales o saber cómo se organiza una elección, para eso están los libros, los manuales y los asesores, en realidad se requiere tener autonomía, libertad y sed de justicia, que es producto de su convicción democrática, eso es lo que menos tienen los que ahora quieren ser consejeros, los aspirantes están confundidos, una cosa es la democracia electoral y otra muy distinta es la democracia ocupacional, ¿o no?