¿Legal, justa y expedita?

Es legal, pero no es justa, es justa, pero no es legal. Las actuales circunstancias poselectorales han puesto de manifiesto uno de los principales problemas del Estado mexicano, el divorcio existente entre la ley y la justicia, los cánones del Derecho sostienen que la ley deber ser justa y expedita, es decir, deben obedecer a los principios de justicia y debe ser atendidos de forma rápida, de tal modo que lo que proceda impacte de manera inmediata. En México pasa todo lo contrario, ni es justa y menos expedita. La historia puede cambiar.

En el caso del proceso poselectoral los tiempos jugarán un papel protagónico en el desenlace de la decisión sobre la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como plazo el próximo 6 de septiembre para calificar la elección, ya sea para validarla o para anularla, es decir, los magistrados tienen escasas semanas para desahogar todas las impugnaciones que han presentado las partes interesadas, por ello los magistrados deberán votar sin tener todas las pruebas o evidencias que amerite el caso, en principio ese factor puede ser utilizado a su favor, pues aludirán que los tiempos no les alcanzaron para desahogar aquellas impugnaciones que requieran una investigación más profunda, el propio IFE ha sostenido que para tener certeza de que los partidos o coaliciones rebasaron los topes de campaña, esta información no estará disponible al menos este año, por ello su fallo sobre el uso de mayores recursos a los aprobados por el órgano electoral no podrá ser utilizado de forma directa por los magistrado. En su caso, la Fepade hará lo propio, pues aludirá que las investigaciones sobre los delitos electorales tienen un cauce legal, mismo que no puede ser acelerado, la PGR emitirá su opinión en el mismo sentido y pese a que haya elementos que apunten al uso de dinero ilícito y que haya la sospecha fundada de triangulación de recursos para lavado de dinero, el procedimiento llevará mucho más tiempo de lo que los magistrados cuentan, por ende  es probable entonces que el Tribunal califique sin tener todos los elementos que permitan un juicio sobre la elección presidencial que se ajuste a la legalidad y justicia que exigen la Constitución.

Sin embargo, existe una remota posibilidad de que los magistrados actúen con las facultades que les otorga la propia ley para dar una sorpresa al país y declarar la anulación de la elección, lo pueden hacer y estarían facultados para hacerlo, es reclamarles un esfuerzo descomunal de cada uno de los magistrados quienes deberán sopesar cada una de la impugnaciones, sus criterios deberán obedecer al cumplimiento de la ley, de la justicia y que ésta sea expedita, de nada valdrá saber 10 años después que en efecto hubo serias irregularidades, de nada servirá comprobar que fueron rebasados los topes de campaña o que se compruebe si fuere el caso de que hubo dinero ilícito y lavado de dinero, lo que está en juego es la vigencia del Estado de derecho y al mismo tiempo la viabilidad del Estado mexicano, no es una decisión fácil, pero el país lo vale.

Ahora en caso de que la decisión del Tribunal valide la elección, como es predecible, se habrá perdido la oportunidad histórica de darle una sacudida al sistema político mexicano y una vez más se confirmará la hipótesis de que es el país donde no pasa nada, el mensaje será grotesco, cada quien haga lo que quiera, al fin que la ley ni es justa, ni es expedita, unos ganarían, pero muchos perderían, no es lo mismo ganar con legalidad que ganar con trapacerías, sería un gobierno que tendría el poder y lo ejercería, pero estaría alejado otros seis años de las necesidades sentidas de la población, sin plena democracia y sin la certeza que en efecto se gobernará para todos, sin distingo, pues el problema central rebasa no sólo a la izquierda, también al centro y a la derecha, en ese sentido los magistrados no deben pensar en el daño que pueden ocasionar a la nación si anulan la elección, sino en los beneficios que traería a millones de mexicanos, seguro que entraríamos a una nueva etapa de la vida nacional, llamar a elecciones extraordinarias sería saludable, esa elección no asegura de forma directa que la izquierda gane la Presidencia, sería una nueva oportunidad para que los que se dicen ganadores confirmen de manera limpia su triunfo en las urnas, obviamente que los riesgos de perder lo que ahora han ganado es alto, pero si en verdad creen que México va a cambiar, deberían dar el ejemplo.

Ante un escenario inédito, la anulación supone una nueva elección, tenemos la capacidad organizativa para llevar a cabo un nuevo proceso, existen recursos económicos suficientes, al menos eso nos ha dicho el gobierno mexicano, reservas por más de 180 mil millones de dólares, los consejeros electorales podrían otorgarse un nuevo bono por el trabajo extraordinario y miles de mexicanos estaríamos gozosos de participar en una contienda de esa naturaleza, no habría pretexto para no apoyar una causa tan noble, darle un carpetazo a la historia de corrupción e impunidad en la que ha vivido el país.

Es ese el problema, hacer de la legalidad una forma de vida, avanzar en la justicia y hacer que el cumplimiento de la ley se haga en tiempo y forma, es decir, de forma expedita, es lo mínimo que se les pide a las autoridades en materia electoral.