¿Diputados contra la trata?

Durante la sesión del jueves pasado, el pleno del Congreso local aprobó el acuerdo por la que tres diputados fueron designados para integrarse a la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata de Personas, a solicitud del Senado de la República, a través de la Comisión contra la Trata de Personas. Los privilegiados son Ramiro Pluma, Miguel Meléndez y Eloy Berruecos. Al ser nuestro estado conocido nacional e internacionalmente como cuna de trata y de tratantes, tal encomienda debería representar para las y los parlamentarios de esta tierra de pan de maíz una prioridad; sin embargo, la historia reciente marca una serie de lamentables omisiones y negligencias, desconocimiento e indiferencia sobre el tema, lo que nos obliga a ser vigilantes puntuales del actuar de estos tres legisladores y de toda la Legislatura, pues en el tema de violencia contra las mujeres ha sido perversamente deficiente.

En junio de 2012, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de aprobación  del decreto de reforma a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se considera como delito grave, a nivel federal, la trata de personas, sin que nuestro Poder Legislativo avalara tal reforma. ¿Acaso quienes ejercen funciones en el edificio de Allende número 31 no deberían haber sido los primeros en pronunciarse a favor de esta reforma constitucional? ¿Acaso se enterarían que existió este proceso? Es por ello que deberían de informarnos sobre los mecanismos e indicadores para designar a tareas tan importantes a estos tres legisladores.

En un escenario ideal, supondríamos que éstos saben o bien su equipo de trabajo, al derecho y al revés todo el marco jurídico internacional y nacional sobre la trata de personas; que conocen a detalle la Ley para Prevenir la Trata de Personas del estado y su Estrategia. ¿Se han preocupado por asignar presupuesto las tareas que contiene? ¿Se han acercado a las organizaciones impulsoras de la tipificación de delito y a la ciudadanía que se ha pronunciado contra la trata? Estamos ante un gran riesgo de simulación, de impacto negativo para la erradicación de este flagelo y la perpetuación de la explotación y la transgresión de los derechos de las víctimas. No podemos dejarlos solos.