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Un ejemplo de la triste realidad mexicana

Por: Ramón Beltrán López

2012-07-24 04:00:00

El conflicto es por el poder. Por una parte el PRI–PVEM aseguran haber ganado la elección presidencial y, además, un número importante de diputaciones y senadurías. Y basan su aseveración en el número total de votos obtenidos por su candidato a la presidencia de la República, que les otorga una ventaja importante. Por la otra, la coalición denominada Movimiento Progresista alega que ha existido un fraude electoral, basado fundamentalmente en la compra de votos, en la distorsión de la voluntad popular y, en consecuencia, solicita la nulidad de la elección presidencial. La nulidad de ese proceso electoral, aunque haya obtenido el triunfo en las elecciones para gobernador en Morelos y Tabasco, además del Distrito Federal.

Obviamente que los gobernadores electos de ambos estados y el jefe de gobierno del Defe no están de acuerdo en anular toda la elección, ni tampoco se negarán a tomar posesión de sus cargos como una manifestación de protesta contra el fraude denunciado. De hacerlo así seguramente pondrían en jaque al sistema político–electoral del país y provocarían una grave crisis institucional. Más grave y más profunda sería ésta si siguieran esta misma conducta los diputados y senadores electos, pues sería imposible integrar el Congreso de la Unión. Menuda bronca.  Ni el Chapulín colorado podría resolverlo.

Pero resulta que aquellos que ya fueron electos, por 3 o 6 años, no quieren renunciar a sus sueldos ni a sus dietas. Quieren que se haga la voluntad de Dios... pero en los bueyes de sus compadres. No en los suyos.

Así de descarnada y carente de ideales es la actual lucha por el poder. Porque, ya lo dijo acertadamente un viejo prócer revolucionario: el poder es para poder. Y por estos lugares hay muchos, muchos, muchísimos, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de  llegar al poder. Con una sola, única, irrevocable, irrenunciable excepción: que sería simple y, obviamente, renunciar a él una vez que ya se ha alcanzado.

A mí me gustaría ver que AMLO y los chuchos les pidieran este único acto de verdadero sacrificio revolucionario a sus correligionarios, a los que ya fueron electos.  Algo que ni remotamente se asemeja a lo que hacían los “bonzos” en Vietnam,  cuando se quemaban vivos en protesta contra un régimen político impuesto desde Washington. Algo así sería demasiado pedirles.

Finalmente, la compra de votos y de conciencias es algo tan antiguo como la misma humanidad. Hasta por ahí cuentan que alguien se vendió por 30 monedas. Que otro vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Lo cual es todavía mucho menos. Y así, la voluntad de muchos humanos es un simple objeto de comercio, tal como lo es el comercio carnal, el de hombres y el de  mujeres.

Sin embargo, lo que sí se debe castigar es el lenocinio, el oficio de “padrote”, la trata de blancas, pero no así la prostitución voluntaria. Si la mujer –o el hombre– quiere, libre y voluntariamente, alquilar su cuerpo, está en absoluta libertad de hacerlo. Aunque en algunos sitios está prohibido hacerlo en la vía pública. Y en Puebla, desde la llegada de Mora Velasco al ayuntamiento, también en lugares privados.

¿Y a donde vamos con todo esto? Pues simplemente a hacer un tímido intento de demostrar cuál es la triste realidad mexicana, o mejor dicho, la realidad del ciudadano mexicano, cualquiera, ante el poder omnímodo de la autoridad.

La Coalición Progresista, o sea el movimiento que comanda López Obrador, acusó a la cadena de tiendas Soriana de haber vendido al PRI tarjetas de esos establecimientos, tarjetas mediante las cuales se podía adquirir mercancía hasta por cierta cantidad de dinero. Y aseguró –la investigación sigue hasta la fecha– que por medio de estas tarjetas se había comprado la voluntad de miles de votantes con el propósito de que votaran por ese partido.

Y esto puede haber sucedido. Aunque muchas cadenas de tiendas, Liverpool, Palacio, Chedraui, Soriana, etc. venden tarjetas que pueden ser utilizadas como regalo, o bien para que los empleados de una empresa puedan adquirir mercancías, alimentos, despensas, etc. ¿Esto constituye un delito, una falta administrativa, o está prohibido por alguna norma municipal, estatal o federal? Por supuesto que no. Constituye un acto simple de comercio. Igual que sucede en todo el mundo.    Cualquier particular es libre de cambiar su dinero en efectivo por una tarjeta o por mil tarjetas y después hacer con ella, o con ellas, lo que se le venga en gana. Las puede vender, regalar, utilizar como efectivo, comprar voluntades, o adquirir cualquier otra cosa.  El establecimiento comercial no tiene ninguna obligación para averiguar el destino que se les va a dar. Simplemente las vende a quien se las compre. Eso no lo convierte en cómplice de ningún hecho punible.

Porque pensarlo así, considerarlo así, sería igual que si se pretendiera perseguir o investigar a todos aquellos establecimientos que han vendido anteriormente la mercancía utilizada por los partidos políticos para armar y regalar despensas, con los mismos propósitos, o a quienes han vendido bultos de cemento, tinacos, etc. que han sido entregados a los más desposeídos, a cambio de sus votos, antes de cada elección.

Son hechos que por sabidos ya no sorprenden a nadie.

Entonces, ¿por qué razón clausuraron dos tiendas de Soriana, en Iztapalapa?

¿Cuál fue la razón? Pues que de acuerdo con la nueva forma de actuar de nuestros políticos, que cuentan con una Nueva Inquisición, se violaron normas de... Protección Civil.

Y eso muestra exactamente cual es la realidad actual del empresario mexicano, micro, chico, mediano o grandote. Cualquier inspector municipal de “Protección Civil”, por sí mismo, ya sea para extorsionar o por “orden superior”, puede clausurar un establecimiento comercial o de servicios, con el simple pretexto de que se han violado ciertas normas que “pueden poner en peligro a la población”. Aun cuando nunca haya sucedido un accidente, aunque cuente con todas las medidas de seguridad, extinguidores, planes de contingencia, capacitación al personal y todo cuanto pueda existir en las múltiples normas municipales, estatales o federales. Mínimo quince días de cierre, si bien le va.

Eso fue lo que le hicieron a Soriana.

No cometió ilícito alguno, no violó norma comercial alguna, no había dejado de cumplir con todas las contribuciones, impuestos, etc.  No, nada de eso, la orden vino de arriba y se cumplió. 

Esa es la triste realidad del ciudadano mexicano. Puede ser absolutamente ajeno a las disputas, y a los protagonistas de éstas, y sin embargo, en este país que tradicionalmente es el paraíso de la impunidad para 97% de quienes cometen delitos graves, éste puede ser privado de su trabajo, de sus bienes o del disfrute de ellos, por la simple voluntad de un funcionario menor, y con la mayor facilidad.

Y no hay amparo que valga.

Tejones, porque no hay liebres.

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