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¿Qué sucede en el sector salud de México?

Por: Ramón Beltrán López

2012-08-28 04:00:00

El viernes 24 de agosto se publicó en El Financiero una nota que llamó poderosamente mi atención. Esta se refería a un artículo publicado en la revista Salud Pública de México, respecto a una investigación efectuada por el doctor Sergio López Moreno, doctor en Ciencias, y varios colaboradores más. La investigación se intitula: “Organización del abasto de medicamentos en los servicios estatales de salud. Potenciales consecuencias de la mezcla públicoprivada”, y se refiere al  cómo, y de qué manera se surten los medicamentos a las instituciones de salud de los estados. 

Y como uno de los temas más utilizados en las campañas político–electorales de este año se refirió a ofrecer la cobertura universal de salud para todos los mexicanos (seguro popular), y por otra parte a la promesa, por parte de los candidatos,  para conseguir la subrogación de los medicamentos faltantes para que sean surtidos por las farmacias privadas, tal parece que se trata de un tema de suma importancia para el presente y el futuro de la salud pública en nuestro país.

Y es que al revisar lo publicado por estos profesionales de la salud pública y contrastarlo con los últimos acontecimientos en esta área en Puebla, cuando se atribuyen a su extitular desvíos multimillonarios de los  recursos destinados a proporcionar servicios sanitarios a los más desposeídos, a quienes carecen de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.), simplemente vienen a confirmar lo que muchos suponíamos; lo que las contralorías de los congresos y de los gobiernos estatales ya han señalado, pero que, finalmente, la conclusión final a la que llegan los autores únicamente fortalece o confirma la sospecha de muchos ciudadanos respecto a que gran parte de las inversiones destinadas a este sector neurálgico de la economía y del estado de bienestar,  se desvanecen en razón de la existencia de una brutal cadena de corrupción, la cual es aderezada por una impunidad rampante, de las mismas o similares dimensiones.

El ofrecimiento de un “Seguro Popular” que cubra a la totalidad de esa población, pero que ni por asomo cuente con las características de los demás sistemas de salud y seguridad social, como son el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEPES (estatales), en mi opinión solamente institucionaliza una división de los mexicanos por clases, y que de acuerdo con el nivel de estas será el nivel de atención médica que podrán recibir. Finalmente este nuevo ente gubernamental únicamente registra a sus beneficiarios pero finalmente ofrece lo mismo, o casi, que antes ofrecía la Secretaría de Salud. Por otra parte, los datos ofrecidos en la investigación confirman plenamente que el ofrecer “vales de medicinas” seguramente incrementaría  de manera muy importante la corrupción y la ineficiencia. Desde 1950 se intentó implantar un cuadro básico de medicamentos para el sector, sin embargo y hasta la fecha, esto no se ha logrado, y una de las  conclusiones es que “…el reto de garantizar la demanda de medicamentos en el sector salud ha tenido que encarar condiciones de restricción económica, un variado mosaico de enfermedades y una historia de desorganización y falta de transparencia”.

Hay conclusiones sumamente preocupantes: “…con respecto a la distribución regional del surtimiento, en la mitad de las entidades investigadas (13) la proporción de recetas surtidas totalmente fue menor a 50 por ciento. En siete entidades el porcentaje de recetas con surtimiento nulo fue superior a 18 por ciento (Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Veracruz, y Guanajuato). Sólo en el DF y el estado de México hubo 0 por ciento de recetas con surtimiento nulo”. 

“El número de proveedores de medicamentos que cada entidad federativa contrató durante el primer semestre de 2008 osciló desde un solo proveedor (Chiapas, Jalisco, Veracruz y Yucatán), hasta 48 en Michoacán, 59 en San Luis Potosí y 71 en Guerrero… Siete entidades compraron a un solo proveedor más de 90 por ciento de los medicamentos que consumieron, a pesar de que en el país existían más de 340 empresas distribuidoras”.

“Las entidades que compraron los medicamentos prácticamente a un solo proveedor (cerca de 100%) fueron Nuevo León, Quintana Roo, Jalisco y Veracruz… Por su parte, Chihuahua,  compró menos de 12% a su principal proveedor”.

“Al analizar la variación en los precios de adquisición durante las compras realizadas 2005 y 2006 se encontró que las diferencias porcentuales en los precios para un mismo medicamento llegaron a ser de 524 por ciento para el naproxeno; de 687 por ciento para el ácido acetilsalicílico y de mil 581 por ciento para el diclofenaco. El caso más extremo, sin embargo, fue para la vacuna antineumocóccica, que presentó una variación de 4 mil 253 por ciento entre el precio mínimo (13.52 pesos, que pagó el estado de Morelos) y el máximo (575 pesos, que pagaron Campeche y San Luis Potosí)”.

La conclusión final resulta demoledora por sí misma, además de que lleva a pensar que en esta época en que se cuenta con información inmediata, y cuando ésta información podría ser compartida por todos los sistemas de salud, la descoordinación administrativa únicamente muestra, por una parte la debilidad institucional y por la otra la fortaleza que pueden llegar a adquirir los contubernios entre funcionarios y proveedores (en muchas ocasiones simples prestanombres), y apunta al peligro que puede representar la entrega indiscriminada de vales de medicinas.

“... Pese a tales obstáculos, es factible transformar esta situación. Los resultados apuntan a la necesidad de fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud mediante una política nacional integral en materia de medicamentos que permita que estos lleguen a los usuarios finales en forma oportuna, segura y suficiente. No obstante, mientras persistan la falta de control, la heterogeneidad en la entrega de información y la opacidad de los procesos, el abasto insuficiente en las instituciones públicas de salud seguirá siendo un problema en el país”.

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