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La jerarquía de los tratados internacionales

Por: Carlos Meza Viveros

2012-03-26 04:00:00

       Para: Felipe Gaspar Alcaide e hijo. Con profundo afecto

      

Tratamos el tema de la resolución de la COIDH en el caso recién resuelto sobre la desaparición de Radilla Pacheco en 1974 en la guerra sucia y de las obligaciones que el pasado en el mes de lulio del pasado año, fueron impuestas al estado mexicano para cumplir sus puntos resolutivos. Hablamos de que la SCJN contó con el voto de siete ministros para acatara,tres en contra y una abstención para su cumplimiento el fallo mencionado.

Uno de los temas que más polémica causó, fue el hecho de que el control difuso de la constitucionalidad en materia de derechos humanos violentaba el artículo 133 de la Carta Magna y en tal sentido recibí opiniones variadas de mis lectores. Consideran que: con independencia o no del fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos que nos impones obligaciones que acatar, estas deben ser desatendidas porque nada puede estar por encima de la constitución.

Lo anterior surge debido a los puntos resolutivos, que aquí sintetizo:

“Después de cuatro meses, el pasado 23 de noviembre la Coidh emitió la resolución del uicio y declaró responsable al Estado mexicano por el delito de personalidad jurídica y a la vida” y por tanto, determinó que el gobierno federal deberá continuar con la búsqueda “efectiva” y localización “inmediata” de Radilla Pacheco o, en su caso, entregar los restos de la víctima. También se ordenó a las autoridades mexicanas que en un plazo “razonable” debe reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, por ser incompatible con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Además la Coidh obliga al Estado a hacer una serie de reparaciones de daños, entre las que destacan un acto público en el que reconozca su responsabilidad en la desaparición forzada de Radilla Pacheco, además de hacer una semblanza de lo que fue su vida. A la par, el Estado deberá brindar atención sicológica de manera gratuita y de forma “inmediata, adecuada y efectiva” a los familiares, así como el pago económico por concepto de “indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costos y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo… El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma”, refiere la sentencia de la Coidh, que está firmada por la presidente Cecilia Medina Quiróga.

Entre otras medidas de reparación, se ordena que se capacite adecuadamente a las fuerzas militares, a los funcionarios judiciales en los límites del fuero militar y en la adecuada investigación de delitos de desaparición forzada, así como se haga una investigación para sancionar a los responsables…”

Sin opugnar por opugnar a mis lectores, les comento, que advertí que el tema daría tela para el debate y este sobrevino, en unos casos hubo quienes determinaron que el 133 debe ser ajustado a los tiempos que vivimos, otros más que la supremacía constitucional no es definitiva y un ejemplo de ello son las resoluciones derivadas de tratados internacionales como el caso a estudio y por tanto el control concentrado o difuso de la constitucionalidad no violenta el 133 precitado, así lo transcribe citando al que esto escribe y mucho agradezco, a uno de los mejores juristas de este país en su libro sobre la convencionalidad de los derechos Humanos. Me refiero a mi maestro el Licenciado Guillermo Pacheco Pulido, quien da luz y claridad en el caso que se estudia, al tiempo de proponer la reforma al artículo 133 de la Carta Magna cuyo texto dejaría sin duda alguna el tema sobre la jerarquía o supremacía de normas.

Siguiendo con mi análisis, considero que al cumplir con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, las responsables (encargadas de aplicar el control de la constitucionalidad) no violarían ni dejarían de aplicar ninguna ley de menor jerarquía, sino que actuarían en apego a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de la Interpretación de este precepto Constitucional, en cuanto a la jerarquía que debe prevalecer respecto de los Tratados Internacionales como parte  integrante de la Ley Suprema de la Unión, a saber:

Registro No. 172650

Localización: 

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta

XXV, Abril de 2007

Página: 6

Tesis: P. IX/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Esos criterios de la Corte resultan muy trascendentes, en virtud de que resuelve el problema que se presenta de la interpretación del sistema de recepción del derecho internacional, que tiene nuestra Constitución.

La Suprema Corte de Justicia reconoce el hecho inobjetable, tanto dentro de la doctrina como de la interpretación jurisprudencial, que la Constitución es la ley fundamental y que el problema respecto a la jerarquía de las demás “normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional”.

En efecto, los tratados internacionales tienen su origen en la voluntad soberana del pueblo que está expresada en la Constitución y precisamente en ella residen los fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales

Es decir, en virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados mediante los cuales se autolimitan. Después, no pueden desconocer esas obligaciones libremente contraídas.

En materia de tratados, el derecho internacional complementa el principio fundamental de pacta sunt servanda con la disposición del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que claramente establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. De acuerdo con la SCJ, esta interpretación del 133 constitucional deriva de dos razones fundamentales que analizaremos a continuación.

Los tratados son un compromiso del Estado mexicano.

La primera razón que esgrime la SCJ se expresa en el siguiente párrafo:

“…que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Un principio toral, universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe (pacta sunt servanda). Este principio está reiterado por la jurisprudencia internacional, la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo, su artículo 2.2 y la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, también por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre derecho de los tratados.

Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”.

Todavía va más allá la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se refiere al requisito de fondo que tiene la Constitución en su artículo 133 de que “estén de acuerdo con la misma...”, rechazando una interpretación gramatical, ya que la interpretación gramatical puede llevarse al extremo de considerar que sólo las que se encuentren dentro de los límites expresos de la Constitución podrán ser aceptadas como normas del derecho internacional vigentes en México. Puede darse el caso de convenios internacionales que amplíen las garantías individuales o sociales y que por no estar dentro de las normas constitucionales no podrían ser aplicadas a nuestro derecho. En este caso, conviene analizar las características de la norma internacional que se pretende aplicar y en función de ella atender a la finalidad de las disposiciones constitucionales de que se trata. En el ejemplo, es evidente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles, deben considerarse como constitucionales. Situación diversa de la que por lo contrario merme la esfera de protección que la Constitución da per se a los gobernados (énfasis añadido).

Esta postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es sumamente trascendente, ya que significa que a través de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es posible ampliar la esfera de derechos de los gobernados. Es comprensible que en esta hipótesis, la incorporación de tales normas a la Constitución sea automática, sin que medie una disposición legislativa. Si hablamos de una jerarquía, podríamos afirmar que los tratados en materia de derechos humanos serían no superiores a la Constitución pero sí estarían al mismo nivel, ya que se podrían colmar las lagunas que ésta pudiera tener en materia de derechos humanos, sin que hubiera necesidad de reformarla, tal y como la misma Suprema Corte lo determinó en la siguiente jurisprudencia:

Tratados internacionales. Cuando los conflictos se susciten en relación con derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución.

Los tratados o convenciones suscritos por el Estado mexicano relativos a derechos humanos, deben ubicarse a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos instrumentos internacionales se conciben como una extensión de lo previsto en esa Ley Fundamental respecto a los derechos humanos, en tanto que constituyen la razón y el objeto de las instituciones. Por lo que los principios que conforman el derecho subjetivo público, deben adecuarse a las diversas finalidades de los medios de defensa que prevé la propia Constitución y de acuerdo con su artículo 133 las autoridades mexicanas deben respetarlos, por lo que bajo ninguna circunstancia pueden ser ignorados por ellos al actuar de acuerdo a su ámbito competencial.

Primer tribunal colegiado en materias administrativa y de trabajo del décimo primer circuito.

Amparo directo 1060/2008. 2 de julio de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras.

En efecto, en virtud de la trascendencia e importancia del respeto a los derechos humanos del individuo, la SCJN ha determinado que si alguna norma versa acerca de un derecho humano, su jerarquía normativa dentro del Sistema Normativo Positivo Mexicano será el mismo que el de la Ley Suprema de la Nación; criterio proteccionista de gran trascendencia, que ha adquirido positividad en virtud de las reformas realizadas a diversos artículos de la Carta de Querétaro mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha diez de junio de dos mil once, entre ellos el Artículo 1 del Título Primero, Capítulo Primero.

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