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La apariencia del Buen Derecho y su ponderación

Por: Carlos Meza Viveros

2013-06-17 04:00:00

Para : El lic. Guillermo Peláez. Esperando su recuperación absoluta.

 

En la entrega pasada hablamos de esta figura que la nueva Ley de amparo previene en el artículo 138 en materia de suspensión del acto reclamado, en el que se obliga al órgano jurisdiccional para llevar a cabo su análisis ponderado a fin de no afectar el interés nacional.

El análisis ponderado de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo velando siempre por el interés social, una promovida la suspensión del acto reclamado, teniendo como finalidad el no otorgar suspensiones que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso.

Hoy damos fin a nuestro tema compuesto en dos partes “La apariencia del buen derecho y la nueva Ley de amparo”. Agregando en esta entrega la apariencia del buen derecho y su ponderación.

Por otra parte, no huelga, por su importancia, referirnos a lo previsto por el artículo 76 de la nueva ley de amparo que preconiza en su parte conducente que: “El órgano jurisdiccional deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados y, podrá examinar en su conjunto los conceptos de violacion y los agravios así como los demas razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”. Esta referencia, deviene muy importante, en atención a la facultad que se le concede al Juez de Distrito no solo para concretarse al Acto Reclamado por el quejoso. Por el contrario, en tratándose de Actos y Omisiones de la responsable, lo faculta para analizar de manera generalizada e integral todos los agravios lo que me parece un salto cuántico en materia de tutela de los quejosos y que como en la apariencia del buen derecho, hace más eficaz el verdadero a la justicia que se demanda por parte del justiciable.

Con la finalidad de no extendernos más en el tema que nos ocupa, citare, por el espacio que nos brinda nuestra editorial algunos criterios que tienen importante relación con el tema.

 

Suspensión. Procedencia en los casos de clausura ejecutada por tiempo indefinido. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la «apariencia del buen derecho» sea equivocada, la autoridad pueda reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.[3]

Como puede advertirse de las tesis antes transcritas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a la interpretación de la fracción X, del artículo 107 de la Constitución General, estableció como extremo para la concesión de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo atender a la apariencia del buen derecho. A partir de estas resoluciones la figura de la apariencia del buen derecho se incluiría como parte integrante de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo mexicano…”

No cabe duda que los principios de la existencia del derecho aparente y del riesgo o peligro en la demora permiten que el juzgador esté en posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando se evidencia que en el fondo del asunto de manera ineludible le asiste un derecho al quejoso, lo que hace factible la anticipación de que obtendrá la protección constitucional sin que se llegue al extremo de trastocar los principios que rigen al juicio de amparo en materia de audiencia constitucional, concesión, negativa o sobreseimiento del amparo y por otra parte ampliar las facultades del órgano jurisdiccional de amparo para analizar en su conjunto todos los agravios y conceptos de los que se duele sin cambiar los hechos de su demanda.

Dejo a mis lectores la responsabilidad de participar de este apasionante tema con sus comentarios que no solo generan debate propositivo sino que permiten el sistemático estudio de nuestra apasionante ciencia del derecho

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