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La apariencia del buen derecho y la Ley de Amparo vigente

Por: Carlos Meza Viveros

2013-06-10 04:00:00

Para mi amigo Julio López Martínez y para doña Chofi Martínez de López (+).

Con cariño sincero.

 

Fue en 1996 cuando nace esta figura jurídica que ha ido cobrando una relevancia trascendental en el actuar cotidiano de los jueces de distrito. Innumerables tratadistas e investigadores del amparo en México se han referido al tema que de inicio generó grandes polémicas y llegó al grado de satanizarse, pues para algunos la esencia de la suspensión paralizadora del acto reclamado en caso de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público como lo exige de manera imperativa el artículo 124 de la Ley de Amparo en su fracción II no “debía” permitirse que al amparo de esta institución jurídica los jueces de distrito pudieran pronunciarse en la suspensión pues sus detractores consideraban que se dejaba sin materia el fondo del asunto al pronunciarse en esta etapa procesal y por supuesto previo a la celebración de la audiencia constitucional.

Debemos recordar que la apariencia del buen derecho nace y va dirigida a la procedencia del acto reclamado al analizar las jurisprudencias p/j 15/1996p/j 16/1996 del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La esencia de la institución que analizamos se refiere a la paralización de un acto que eventualmente lesione garantías individuales sin dejar de tomar en cuenta el interés social, por ello la fracción X del artículo 107 prevé lo relativo al análisis de la naturaleza de la violación que se alegue y el mayor o menor grado de riesgo que se corra para la reparación de daños y perjuicios que pudiera sufrir el impetrante del amparo con la ejecución del acto que reclama al tiempo de estudiarse los que la medida suspensional puedan originar a los terceros perjudicados y al interés público, considero entonces que la apariencia del buen derecho tiene que ir de la mano del interés social, así el órgano jurisdiccional tiene el deber y la obligación de llevar a cabo un estudio acucioso en acatamiento al principio de exhaustividad que rige sus fallos y su análisis debe ser de manera individual y particular sin necesidad de acudir a precedentes que “al parecer” pudieran tener similitud, pues cada amparo y conceptos de violación que en él se argumenten deben ser analizados de manera particular y en su caso precisar los alcances de la medida cautelar y los mecanismos para su control.

Pero ¿qué es y como podemos definir la apariencia del buen derecho? Al respecto diremos que la contradicción de tesis en donde el máximo tribunal se pronunció fueron provenientes del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente de suspensión número 2233/93 y la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (Puebla) en el incidente de suspensión 358/91, tesis que pugnaban entre sí y dieron origen al criterio 3/95 sin dejar de recordar que de  manera previa la Corte en contradicción de tesis ya se había pronunciado en el criterio 12/90 al resolver criterios encontrados entre el segundo y tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa, ambos del primer circuito.

La esencia de los criterios en pugna citados en párrafos precedentes y buscando el verdadero acceso a la justicia, al resolver sobre la suspensión del acto reclamado se vislumbraba de manera casi certera que los actos “aparentemente devenían inconstitucionales” (Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito); por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consideraba que para determinar la procedencia o no de la suspensión definitiva de los actos reclamados era menester que apareciera demostrada la existencia de estos, y que por supuesto se colmaran los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo y que no pudieran realizar pronunciamiento alguno sobre la inconstitucionalidad o no de los actos reclamados pues de hacerlo se estarían resolviendo cuestiones del fondo que es materia de la sentencia y no de la suspensión (sentencia a la contradicción de tesis 3/95, SCJN Semanario Judicial de la Federación en su gaceta, abril de 1996). Resulta muy interesante citar los rubros de las contradicciones de tesis que permitieron el arribo de la institución jurídica que es materia de esta entrega: “Suspensión de los actos reclamados procede concederla, si el juzgador de Amparo sin dejar de observar los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, considera que los actos son aparentemente inconstitucionales” y la derivada en el segundo tribunal colegiado del sexto circuito cuyo rubro reza: “Suspensión definitiva, el juez federal no tiene obligación de ocuparse de los conceptos de violación, para declarar la procedencia de la”.

Estudiadas que fueron ambas tesis el máximo Tribunal significó cuales fueron los argumentos en que fundaba el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, fallo del cual sobresalían presupuestos inherentes a las medidas cautelares: El fumus boni iuris (humo de buen derecho) y el de periculum in mora (riesgo en la demora). Es el primer principio con el que conocemos “la apariencia del buen derecho”, pues realizada la identificación de estos conceptos el Pleno de la Corte solo requirió relacionarlos con la fracción X del artículo 107 de la Carta Magna concluyendo que:

a) La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

b) El primer principio se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

c) Dicho requisito, aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

d) El examen de la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado, encuentra además su fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho subjetivo que se dice violado.

e) En todo caso, tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho.

f ) Dicho examen deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.

En virtud de las anteriores conclusiones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el voto unánime de los nueve Ministros presentes en esa sesión pública resolvió que en esta contradicción de tesis debería prevalecer el criterio sustentado en esa misma ejecutoria. La tesis quedó redactada en los siguientes términos:

 

Suspensión. Para resolver sobre ella es factible, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado.

La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.[2]

Esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acabamos de transcribir significa para el juicio de amparo, el fundamento para la aplicación de la figura de la apariencia del buen derecho. Ella fue numerada como jurisprudencia 15/1996 por el Pleno de este Tribunal, en su sesión privada celebrada el ocho de abril de ese mismo año.

La apariencia del buen derecho y la ley vigente seguirán siendo instrumento de justipreciación por parte de los juzgadores en amparo indirecto para aherrojar –que no arrojar– el verdadero acceso a la justicia en tratándose de la suspensión definitiva.

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