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El interés superior del menor como principio garantista

Por: Carlos Meza Viveros

2013-05-20 04:00:00

 

Para Blanca Laura Ollivier Palacios, juzgadora de vocación y madre amorosa

 

El tema que nos distrae ha sido motivo de diversas entregas previas y a partir del inicio de la Décima Época y de las reformas constitucionales del 11 de junio de 2011, en el que se da un salto cuántico a la tutela y protección de los derechos humanos contemplados por nuestra Carta Magna hoy convertido en un paradigma que gravita con mayor fuerza que antes, en los conceptos que los jueces tanto del fuero común como del fuero federal en el tema relativo al Control de Convencionalidad derivado del Pacto de San José como el control difuso de la Convencionalidad.

Recuerdo que mi maestro Guillermo Pacheco Pulido en amena charla e inmediatamente después de la asunción por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del caso Radilla Pacheco y, con posterioridad del varios 912/2010 coincidíamos en que si bien el derecho por su naturaleza es cambiante, la aplicación de este y la obligación que los jugadores tienen frente al justiciable se hace más que un deber, una obligación en cuanto a la observancia de principios novedosos al tiempo de atingentes en favor de los derechos humanos, fue así como me hizo entrega en propia mano de un artículo escrito por la investigadora Susana Magaloni, cuyo título es “Una Sentencia Ejemplar” dictada por un Tribunal Colegiado de Morelos (para ser solidario con mis lectores basta con que me la soliciten par que se las haga llegar vía correo) nos daba muestra de la mutación que sobre derechos humanos hoy ha ido permeando en los juzgadores estudiosos del tema.

En mi participación previa nos referiremos al caso concreto. Es una promesa. En la anterior entrega nos referimos al Principio Pro Homine o Pro Persona surgido de una oscilación en la perspectiva o criterio que algunos juzgadores tienen de la necesidad imperiosa de que para aplicar aquel principio se hace menester que como requisito sine qua non existan nexos vinculantes entre el Pacto de San José y tratados internacionales en materia de derechos humanos para que este principio, que consiste en aplicar la norma que mas beneficie al justiciable, deba tener lugar de lo contrario su aplicación no es obligatoria. Concluimos que lo anterior era inexacto.

Demos paso entonces al tema que nos compromete y del cual no huelga volver a tratar “El interés superior del menor como principio garantista”. Ya habíamos comentado el contenido del artículo 26 del Código Civil para el Estado de Puebla que establece un beneficio superior cuando exista controversia entre personas en desventaja frente a sus adversarios en un litigio. Ahora nos enfocaremos ítem a un principio que protege de manera irrestricta y acorde al principio de acceso verdadero a la justicia a la posición que guarda un menor frente a mayores de edad en un litigio. La razón es flagrante; innumerables criterios se han sucedido por parte del ejercicio justipreciativo no solo de Ministros como Ramón Cossío Díaz y Zaldívar Lelo de Larrea quienes con una lucidez jurídica de avanzada, y acorde a los tiempos que vivimos, han resuelto innumerables temas en sus ponencias, por cierto avaladas por unanimidad sobre el tema que nos ocupa sin hacer alusión a temas relacionados con formalismos procesales que contemplan las normas secundarias en el país y que nunca podrán estar por encima de los derechos humanos en general, como aquel caso que resolviera de una menara excelsa en los considerandos rectores de su fallo el primero de los nombrados en el caso del indigna Tzotzil de apellidos Hernández Shilon, que, por la ineptitud de sus defensores, y peor aún del juzgador de primer grado y de los magistrados de Alzada, fue procesado sin contar con un intérprete de su lengua materna, viviendo una verdadera odisea jurídica entre apelaciones y amparos que solo se concretaban a reponer el procedimiento para que al final estando a punto de ser materialmente sentenciado intra proceso, (el tiempo que llevaba privado de su libertad estaba a punto de exceder la pena mínima para el delito cometido), sin que se hubiera cerrado la instrucción, la Primer Sala atrajo el caso, y solo la brillantez de los ministros que la integran, ordenaron su inmediata libertad.

Quisiera reproducir un reciente criterio que emana del ministro a quien considero mi nuevo amigo, y con quien por cuestiones de salud el pasado jueves no pude coincidir, y con quien he tenido la oportunidad, no de debatir, por el contrario ser acorde entre otros temas con este principio, me refiero al ministro Ramón Cossío Díaz, quien en el texto del criterio emanado de su ponencia, nos dice. Sintetizo:  Interés superior del menor. Su función normativa como principio jurídico protector. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la “protección integral”. ... tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas... En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador... además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el “núcleo duro” de los derechos. Amparo directo en revisión 69/2012. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.

No enfocaré esta entrega al protocolo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte, tampoco me referiré so pena de hacer prolija esta entrega a los imperativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de menores, aspectos que han sido tratados en otras participaciones, tampoco lo haré en relación a la Constitución General de la República en su artículo 4 ni al artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para hablar de la tutela de los derechos de los menores. Me referiré a la obligación que los jueces que de inicio conocen de temas relacionados entre menores que tienen como adversarios a mayores de edad, debiendo ser privilegiados a través de una protección integral, derivada del concepto “Núcleo Duro de Derechos” a que se refiere Cossío Díaz en su ponencia para que se venzan las barreras eminentemente procesales y dar acceso a derechos sustanciales que los jueces tienen la obligación de acatar frente a terceros, cuando de menores de edad se trate y así no tomar en cuenta términos vencidos o formalismos adjetivos que se convierten en un dique para que estos, los menores, accedan no solo a un plano de igualdad procesal, por el contrario, para que primen los derechos supremos de estos a través del término garantista al que se deben. No hacerlo así, equivale a cerrar los ojos a los novedosos criterios que de cierto deben ser aplicados por jueces con conciencia y vocación de justicia y pongo como ejemplo un caso real emanado de un juez al que respeto pero con el que no comparto sus ideas (gracias a estos principios finalmente el Colegiado me dio la razón).

Seis meses después de que el abogado de una menor se percata de que su “defensor o abogado patrono”, dejo transcurrir el termino para objetar inventarios y avalúos en términos de los artículos 774 y 776 del Código Civil que establece un termino perentorio para hacerlo, le impide en aplicación de los derechos supremos del menor impugnar inventarios y avalúos “porque su termino transcurrió con exceso”. Surge la pregunta para que el juzgador cuyo nombre omito ¿primaron los aspectos procesales y los aplico a pata rayana, a trompa talega, a golpe de vara y sobre las rodillas soslayando el interés de privilegiar los derechos superiores del menor frente a terceros negándole la posibilidad de objetar los inventarios y avalúos sin tomar en cuenta los términos que una ley secundaria establece y sin tomar en cuenta que se trataba de derechos de un menor?

No entender estos conceptos y oponerse a ellos, representa una necedad e ignorancia supina. ¿No cree usted?

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