Defender la constitución / última parte

Alejandra Sánchez Martínez de Meza y familia

Con profundo afecto

En esta entrega muy a mi pesar damos fin a un apasionante debate sostenido de manera indirecta al expresar sus respectivos puntos de vista sobre la necesidad de una nueva Constitución (Diego Valadés) o ir pautando de acuerdo con las necesidades sociopolíticas que se presenten las reformas necesarias para adecuar la Carta Máxima según se vayan requiriendo y mediante un profundo análisis para que el constituyente permanente actúe en consecuencia (Jorge Carpizo).

En aquel “debate” el ilustre doctor Carpizo sostiene que grandes partes de la Constitución no se cumplen, concediendo la razón al también jurista Diego Valadés pone como ejemplo y así lo hicimos notar en la tercera entrega, el caso del artículo 123 como uno de los textos más importantes para la realización de la justicia social en la Constitución de 1917: “...que todos los mexicanos lleven una vida digna, es obvio que esto no sucede –nos dice el ínclito jurista–, cuando la mitad de los mexicanos se encuentran en algún grado de pobreza, pero tampoco se cumple cuando el desempleo ha ido aumentando, cuando 7 millones y medio de jóvenes los famosos “ninis” no tienen oportunidad de empleo ni de trabajo.

En una nueva Constitución –continúa el jurista– podemos dar pasos hacia atrás en este aspecto de la justicia social, y no son imaginaciones...”. Al respecto y coincidiendo con los comentarios de don Jorge Carpizo yo agregaría que con independencia de que este derecho social en materia laboral se ha agudizado aún más en estos últimos 15 años, en especial a partir de los gobiernos de Fox y Calderón, paradójicamente “el presidente del empleo”. Ausencia de políticas públicas destinadas al abatimiento de estos rezagos ancestrales, que se han incrementado en estos últimos 11 años y medio. Dos secretarios del trabajo anodinos e irresponsables, sometidos al modelo neoliberal y entreguista de Calderon y Fox, que nada hicieron para generar empleo y por el contrario contribuyeron a crear cientos de miles de desempleados a través de actos golpistas, el SME es uno de tantos ejemplos.

Volviendo con el tema, los juristas que dan origen a estas cuatro entregas tienen también coincidencias, crear reformas precisas, no inocuas o peor aún que nos lleven a un retroceso social.

Al respecto he sostenido en otras participaciones que muchas de las reformas a la Constitución no han sido producto de las demandas sociales o para resolver problemas, sino han sido creadas por caprichos académicos o intereses políticos del momento, incluso algunas de naturaleza electorera; entonces, sigo sosteniendo que bastaría con que se cumpla de manera escrupulosa, de manera mínima, con las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución desde 1917 las que han ido evolucionando con el tiempo en materia de educación, salud, vivienda, derechos humanos, dignidad humana, protección a las víctimas de los delitos, libertad como concepto universal, tutela de los derechos indígenas, respeto a los aspectos étnicos y pluriculturales de este gran mosaico que es México, para evitar así el surgimiento de una nueva Constitución a través de una convulsión social.

Por otra parte, Diego Valadés señala que: “...hay vicios que resultan de la realidad, estos vicios han tenido un impacto devastador para la norma constitucional y agrega, cuando la Constitución fue redactada en Querétaro, estaba compuesta por 22 mil palabras, hoy se integra por más de 50 mil palabras y refiere que sólo la Constitución de India es más extensa en número de palabras que la mexicana, aunque otras sean más extensas en número de artículos...” Sostiene el jurista que: “... hemos llevado a la constitución aspectos que no son de naturaleza constitucional, sino de naturaleza reglamentaria; regular hasta el hecho de que los spots de carácter político sean de 20 segundos, de manera que si quisiéramos hacer spots de 15 segundos tendríamos que reformar la norma, esto hace que nuestra constitución sea disfuncional y que sea muy difícil aplicarla con rigor porque es una Constitución, entre otras cosas porque es una Constitución reglamentaria que no permite su adecuación paulatina a la realidad...” (Este último concepto contrario a la tesis del doctor Carpizo, cuyo aserto se refiere a que debe ser pautada).

Diego Valadés expresa una realidad triste y no por ello cierta. “... los ciudadanos no conocen el texto de la Constitución, se ha vuelto una norma para abogados...” Al tiempo de darnos un ejemplo lapidario: “... en México no hemos podido escribir un tratado de derecho constitucional y no porque no tengamos elementos para hacerlo, sino porque la Constitución no nos lo permite porque la están cambiando con frecuencia inusitada...” Le asiste la razón al ínclito jurista y yo diría que no podemos escribir un tratado de derecho constitucional porque cuando lo terminemos al paso que vamos, la mayoría de las normas constitucionales habrían sido reformadas, otras no existirían y dejarían de estar en vigor con lo cual un trabajo serio y de acuciosos análisis se convertirían en documentos de referencia histórica: si esto sucede con los juristas imaginémonos que ocurre con el soberano en quien reside el poder el cual se instituye para sí, entonces, la situación por supuesto se torna dramática.

Tanto Carpizo como Valadés son partidarios de un gran debate nacional de cara al centenario de la Constitución (2017) con independencia de que desde 1998 estudiosos constitucionalistas como Manuel Bartlett Díaz (Jefe, mentor, político jurista como pocos), Fix Fierro; Fix Zamudio; Carrancá Trujillo, Carrancá y Rivas, Salvador Rocha Díaz (quien hoy nos mira desde allá arriba... con los muertos de su casa, mi amigo y mentor), Guillermo Pacheco Pulido (maestro excepcional), Eduardo Ferrer Mac–Gregor, Enrique Quiroz Cuesta (amigo, hoy servidor público indispensable), José Gamas Torruco (con quien compartí largas tardes para realizar diversos trabajos sobre el federalismo, entrañable amigo mío), Daniel Barceló, Miguel Carbonell, Pedro Salazar Ugarte, por citar algunos han realizado importantes aportaciones relacionadas con la necesidad de una nueva Constitución; una Constitución con nuevas reformas; y en otros casos por una Constitución que no se toque. Más de mil ponencias que pugnan entre sí con un resultado que impide avanzar sobre el tema y el colofón que nos da el doctor Carpizo: “... no volver a abrir ese ejercicio que está desde 1998 y que nos ha llevado a pocas reformas de peso...” en donde las fuerzas políticas quieren que todo quede en la Constitución en coincidencia con el doctor Valadés, donde el artículo 27 y el 123 fueron criticados por reglamentarios, como sucede hoy en el tema electoral. Donde hay gran desconfianza entre las fuerzas políticas del país y las fuerzas sociales hacia los políticos, donde lo único que puede asegurarse es que no puede haber reformas constitucionales que deben estar en la norma secundaria.

Por todo ello, una nueva Constitución no va a modificar ni a superar los rezagos en materia de pobreza extrema, salud, educación, empleo, vivienda, planeación urbana, satisfacción a demandantes de espacios para viviendas dignas, políticas públicas de carácter eminentemente social y, principalmente, difusión pertinaz de los derechos que el soberano tiene y que de cierto le pertenecen, pero que lamentablemente desconoce, luchar por una cultura de la legalidad como diría el doctor Carpizo, avanzar en la democratización de las instituciones y hacer más responsables a los políticos y a los gobernantes de los acontecimientos que finalmente se convierten en señeros de un futuro en crecimiento o por el contrario de un futuro incierto y fallido en donde la podre y la corrupción campean por falta de instrumentos de control producto de la ineficacia de nuestros funcionarios públicos. Una cultura que permita que el ciudadano pondere a su representante popular ya en un escaño, en una curul, en un ayuntamiento, en una junta auxiliar o mayormente, como rector del futuro de este país, como primer mandatario de la República.

Todos estos grandes temas, a mi parecer, forman parte del quehacer del futuro inmediato para que quienes nos gobiernen se comprometan a respetar y cumplir el pacto federal y, en especial, aquellas normas de naturaleza social protectoras de las mayorías y no terminen recetándonos paliativos, cuyos efectos superen la encrucijada del momento o satisfagan como sí de un paliativo se tratase las demandas sociales que se generen. Por todo ello, defender la Constitución es un compromiso de todos.

Consejero Político

Nacional del PRI (*)

[email protected]