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Un caso más de la impunidad empresarial y de las complicidades que le acompañan

Por: Huberto Juárez Núñez

2012-03-28 04:00:00

En este país ¿puede una empresa transnacional cerrar sus plantas bajo sus propios argumentos? ¿existe alguna responsabilidad social que obligue un procedimiento para confirmar estados de quiebra o de ineficiencia económica que justifiquen el cierre? En estos casos ¿las responsabilidades de las empresas empiezan y terminan con el pago de las “liquidaciones de ley” a los trabajadores afectados? Hay una pregunta más: ¿es éste un ajuste de cuentas de una transnacional para trabajadores que un día se atrevieron a sacudirse el control de un sindicato charro para optar por una organización que les ofrecía la posibilidad de remediar viejos problemas? Preguntas todas que en los últimos días son el motivo de discusiones y preocupaciones de los trabajadores automotrices mexicanos y que han tenido escasa o ninguna respuesta de los funcionarios federales y estatales, pero tampoco de los responsables de la dirección del sindicato titular en esa planta.

La lucha de los trabajadores de la planta Johnson Controls Interiores Puebla –JCI, planta La Resurrección– fue en los meses de mayo y junio de 2010 una noticia de primera plana. Después de más de una década, trabajadores automotrices en la región habían logrado con sus protestas y organización expulsar a los líderes parásitos (en este caso de la CROM) y con el apoyo y la cobertura del sindicato de los mineros abrían una nueva fase, que se esperaba, mejoraría las condiciones de trabajo y de vida dentro del respeto del derecho de la libertad sindical.

El problema de semejante atrevimiento radicaba en que JCI Puebla es parte de una de las transnacionales más importantes a nivel mundial. Si se considera la posición de las empresas globales proveedoras de partes, Johnson Control Inc. (JC) ocupa la posición número siete en el ranking mundial (con facturaciones equivalentes a 16 mil 610 millones de dólares) muy lejos de su principal competidora global, Lear Corp., que está en la posición 14 con 11 mil 900 millones de dólares. Si se observa su posición en América del Norte, su status es mejor, ocupa el lugar número dos con ingresos de 6 mil 765 millones de dólares (en tanto Lear se ubica en el puesto número ocho con 4,000 mdd). Si a estos datos agregamos los del último balance de la corporación (el del año fiscal que cierra en septiembre), habría que agregar un incremento para el caso de los ingresos globales de 21 por ciento (20 mil 065 millones de dólares) y para América del Norte de 10 por ciento (7 mil 431 millones de dólares). Es decir, los datos duros correspondientes a los ingresos se asocian perfectamente con los datos de incremento de la producción de todos sus clientes en el mundo (en 2010–2011, la producción en norteamérica paso de 16.4 a 17.8 millones de unidades, en el mundo la cifra pasó de 77.6 a 80.1 millones). De igual forma las utilidades después de impuestos han tenido un incremento récord a nivel mundial: 29 por ciento. (Con base en: OICA 2012; Top 100 Global OEM parts suppliers 2011 Raytheon–AN 2011 y Annual Report, September 2011, Johnson Controls, Inc.)

Pero, entonces ¿qué pasó en México? ¿qué pasó en la planta de Puebla? Si consideramos que en nuestro país JC es la empresa proveedora más importante de módulos de asientos y otras partes automotrices (con 22 plantas), desde donde provee a las principales plantas armadoras en México y exporta a plantas de EU –entre las que están VW, GM, Ford, Chrysler, Toyota, BMW y Mercedes Benz–, es que entonces, era justamente la planta de La Resurrección, la que de acuerdo con el primer comunicado del corporativo, era la única en donde, a su decir: “ha resultado muy difícil cumplir con lo anterior desde el punto de vista de logística, de manera competitiva. Adicionalmente, esta planta ha venido enfrentado problemas de volúmenes de manufactura bajos y la terminación de varios contratos de producción, por lo que no tiene la masa crítica necesaria para ser viable en el largo plazo. Los programas pendientes de finalizar serán trasladados a otras plantas en la República” (firmado por Rafael Velázquez Suárez, director de Operaciones de AE México, 18/III/12).

Por supuesto que esto no encaja en los resultados generales y particulares de la operación productiva. La proveeduría de la planta regional se mantuvo hasta algunas horas del cierre definitivo de acuerdo a los convenios con las plantas armadoras, especialmente la planta de VW. Entonces ¿cómo es que nadie confirmó el estado de “volúmenes de manufactura bajos y terminación de varios contratos de producción”? ¿Por qué no existen alertas en este sentido en los documentos oficiales del consorcio y en la prensa especializada?

Podemos verlo ahora con claridad, la lucha de los trabajadores mexicanos resultó intolerable para una gerencia que se sabe con un poder incontestable en el sentido de someter a sus intereses a los funcionarios de las instancias laborales que torcieron adecuadamente las regulaciones de la Ley Federal del Trabajo sin ningún prurito. Es así como el capítulo VIII de la Ley Federal del Trabajo, el que se refiere a la Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo fue simplemente ignorado en tanto que los procedimientos ahí señalados fueron obviados para presentar el cierre de la planta como un asunto simple de terminación de relaciones de trabajo individuales, es decir, en donde todo pareciera indicar que fue un simple caso de “mutuo consentimiento de las partes”, entre cada uno de los trabajadores y JCI Puebla.

Más todavía, ¿cómo es que este asunto no se ventiló en la Junta Federal de Conciliación y  Arbitraje, que es la instancia legal para dirimir este tipo de conflictos? ¿Por qué la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se prestó para que  a ella fuera transferido el sucio procedimiento para la liquidación de los trabajadores y, que para su vergüenza, además lo hicieron con un total servilismo como lo vimos el día martes 20 de marzo?

Pues bien, la respuesta de las autoridades locales y federales  a los trabajadores fue el hermetismo cómplice y sólo dos o tres días después escuchamos el balbuceo de vagas promesas relacionadas a las cantidades del finiquito y el “cumplimiento de la ley”, esto es, la confirmación de que nuevamente los intereses del capital están por encima de los interés de los trabajadores mexicanos y de sus derechos estipulados legalmente.

Pero falta algo más ¿qué hizo en tanto el sindicato?, una pregunta que se vuelve complicada, porque como decimos al principio de este texto, parecía que estábamos en el caso de un sindicato que después de haber salido de la vieja tradición cetemista, después de las confrontaciones de su líder nacional con los gobiernos panistas, parecía que se movía dentro de los causes de la democracia sindical y la lucha solidaria. Ahora lo vemos, su pasmo ante el suceso omitió el recurso de acudir a los procedimientos de quebranto financiero y permitió que la maniobra empresarial se realizara prácticamente sin resistencia en unas cuantas horas.

El 22 de marzo de 2012 se conoció un boletín informativo signado por el Secretario de Conflictos Sociales y de la Vivienda del Sindicato Nacional de Mineros, en donde: “se manifiesta en total desacuerdo con la decisión de la empresa Johnson Controls de cerrar su planta de Puebla, con lo cual pretende despedir a más de 430 trabajadores que desde el año pasado forman parte de la Sección 308 de nuestra agrupación sindical y declara que está vigente el Contrato Colectivo de Trabajo, CCT, con esa empresa, por lo cual dicha compañía no está en la capacidad legal ni tiene el derecho de cancelarlo unilateralmente”. (Cursivas nuestras). Una buena declaración, sino fuera porque estas afirmaciones aparecen dos días después de que los trabajadores firmaron el documento de finiquito de su relación laboral.

Un poco más adelante afirman: “el Sindicato Minero eventualmente exigirá a la empresa firmar un Convenio de Terminación de Relaciones Laborales en el cual se plasme el compromiso de que, en caso de que se llegara a realizar dicho cierre de la planta, a los actuales trabajadores se les asegure que serán recontratados ante su reapertura…”. ¿Alguien entiende? ¿JCI reabrirá la planta y hará efectivo el derecho del sindicato para cumplir lo establecido en un eventual Convenio? Creemos que no, en el mejor de los casos podemos decir que hay aquí mucha ingenuidad y se desconoce que la maniobra de JCI se preparó a lo largo de dos años, en donde de manera gradual despidieron personal y trasladaron la producción, por ejemplo la producción para VW a las plantas de Teolocholco, Tlaxcala y Finsa, Puebla, y seguramente sus plantas en el Bajío y en el norte del país podrán cubrir los envíos al resto de los clientes. El mentís definitivo a esta declaración no la haremos nosotros, ya lo hizo la trasnacional cuando en el cascarón de la planta (de la que ya oportunamente habían saqueado la maquinaria y el equipo), ahora puede leerse una leyenda: “Se vende”.

 

Epílogo

 

Desafortunadamente las cosas no terminan aquí, pues no sólo se trata de los compañeros ahora desempleados, quienes atrincherados en sus liquidaciones (muchas de ellas incompletas, por ejemplo, sin pago de utilidades), se tendrán que mover en un ambiente de desempleo galopante e incremento de los precios de los productos de la canasta obrera, además de esto, las gerencias de las empresas de autopartes de la región y el país ahora ya podrán utilizar este ejemplo como un forma de intimidar, de paralizar la resistencia y de inhibir toda lucha por mejoras laborales y por el derecho constitucional de la libertad de asociación.

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