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Tovar y de Teresa, Arroyo García y las intervenciones del gobernador Moreno Valle dentro del poligonal de la zona de monumentos de Puebla / I de II

Por: Anamaría Ashwell

2013-01-10 04:00:00

Este ultimo sexenio de administración panista nos legó un país sembrado de muertos: nadie puede ni debe advertir la mirada ante las imágenes cotidianas de las caravanas de madres de migrantes desaparecidos; las manifestaciones públicas de hombres y mujeres que reclaman justicia para sus hermanos, padres, madres, hijos desaparecidos o muertos por causa de una insensible e insensata guerra declarada al narcotráfico por Felipe Calderón y su ineficaz y criminal política de procuración de justicia. Han sido seis años de prácticas de arraigos ilegales con torturas y violaciones a los derechos humanos; seis años de impunidad para crímenes y corrupción que destruyeron vidas y sueños de niños en una guardería, de miles de migrantes, ciudadanos, periodistas y defensores del medio ambiente como de los derechos humanos.

Y han sido dos sexenios consecutivos de erráticas o inexistentes políticas culturales con nombramientos insensatos en instituciones con mandatos legales para la protección y promoción del patrimonio cultural que permitieron no solo negligencia y abusos y corrupción sino daños irreparables y afectaciones destructivas a zonas y sitios de monumentos arqueológicos e históricos a lo largo y ancho de México.

El nombramiento de la amiga del duopolio Fox–Sahagún, Sara Bermúdez, en Conaculta, sin credenciales ni reconocimientos entre la comunidad cultural de México, marcó la tendencia posterior de nombramientos de funcionarios en las instituciones de cultura que se destacaron por ser insensibles, muchas veces prepotentes e inservibles y que se dedicaron a desmantelar o destruir cualquier vestigio de verdadera política cultural de Estado que en México se había consolidado. Consuelo Saizar fue quizás un nombramiento rectificador durante el sexenio de Calderón, pero como funcionario cultural sus logros o aciertos quedaron eclipsados por la grisura y el patrimonialismo que dominó en la mayoría de las decisiones culturales que se tomaron en ese sexenio, gravitando sobre la directora de Conaculta la toda poderosa maestra Elba Esther Gordillo (ver Héctor Tajonar; Proceso. No 1888).

Pero el nombramiento de María y Campos en el INAH (sin credenciales para ese puesto que exige entrenamiento y experiencia en cualquiera de las disciplinas afines a la antropología) demostró otra arista de ese “lado oscuro del poder de la cultura” en México (como también dice H. Tajonar) y abrió la llave para en el INAH se expresara la corrupción y el abuso con el consecuente abandono del mandato que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos le otorga a la institución. María y Campos dirigió el INAH guiado, además, por serviles complicidades políticas y partidistas que permitieron graves e ilegales destrucciones del patrimonio nacional, ignorando siempre los cuestionamientos de especialistas, académicos y ciudadanos así como las críticas de los historiadores, antropólogos, arqueólogos y arquitectos restauradores de la propia institución. En Puebla, por ejemplo, hasta el ultimo día antes de su destitución (a principios de diciembre 2012) le concedió al gobernador recién estrenado panista Rafel Moreno Valle, “recomendaciones” abiertas, peritajes a modo, insinuando aprobaciones a obras ya avanzadas, como fueron la construcción de una torre metálica, estación de un teleférico recreativo, que llevó a la destrucción total de una casona catalogada por el propio INAH y que desde el siglo XVIII es referente cultural y parte esencial del paisaje monumental de Puebla. Así también le otorgó peritajes extemporáneos, amañados y aprobatorios, recurriendo a incondicionales que en el INAH Puebla le firmaron esos dictámenes, violando procedimientos y  legislaciones vigentes (así como todo sentido común) para que el gobernador de Puebla construyera un viaducto faraónico que primero se lanzó por los aires y después término inundado en el subsuelo. Se siguió, despilfarrando recursos públicos, destruyendo el subsuelo arqueológico colonial que mostraba las construcciones hídricas sobre el antiguo lecho del río San Francisco y que eran muestra de un uso elegante y racional de recursos hídricos limpios que abastecían a campos y pobladores durante el periodo colonial. De las intervenciones groseras que afectó el entorno y la museografía cívico–histórica del cerro y del Fuerte de Guadalupe y Loreto, sin siquiera considerar cuestionamientos de investigadores del INAH Puebla y de académicos, antropólogos, arquitectos y historiadores, se ha dicho bastante y se ha llevado a juicio legal por parte del sindicato de académicos del INAH .

La noticia de la destitución del operador y mediador del INAH con el gobernador Moreno Valle para justificar estas destrucciones patrimoniales en Puebla,  el arquitecto Arturo Balandrano Campos, así como los nuevos nombramiento en la dirección no solo de Conaculta, sino del INAH son en principio signos alentadores no menos por las credenciales mismas de los nuevos responsables. Pero no garantizan rectificaciones ni futuras claudicaciones a intereses políticos y comerciales de gobernantes como Moreno Valle que ignoran e incumplen leyes y reglamentos establecidos por Ley Federal de Protección de Monumentos y Zonas Arqueológicas para la protección de bienes patrimoniales.

Porque el INAH, como lo he documentado durante años en el valle de Cholollan, largo tiempo ha abandonado la defensa de las culturas de los pueblos, mostrándose ausente y servil, cada vez que un gobernador o un alcalde, o comerciantes locales, se proponen destruir patrimonio común para aumentar patrimonio personal. 

Los nuevos nombramientos, así como los anteriores, siguen sujetos a los intereses y presiones de políticos y poderes de facto. Y la institución, despreciada por ciudadanos que ya no confían en que ejercerá su mandato constitucional en defensa del patrimonio común y depreciada por igual por políticos, ha dejado de ser un recurso legítimo para una mediación o para cumplir requisitos de ley cuando ocurren cambios de usos de suelo, destrucción arquitectónica, intervención en el subsuelo arqueológico, debido a que muchos de  sus directores regionales (como fue y es el caso en Puebla) están solo para negociar no para defender el patrimonio común. En Puebla, el gobernador Moreno Valle, como el gobernador Mario Marín en Cholula antes, ni se ocupan de obtener sus licencias para iniciar sus “modernizaciones, léase el despilfarro de recursos en obras casi siempre innecesarias pero destructivas del patrimonio edificado.

Al INAH lo salvarán (y estoy solo esperanzada) sus investigadores con vocación y compromiso, los que firmaron con la Arq. Marcela Pérez Cruz y el historiador Felipe Echenique ese desplegado con 19 puntos, el 2 de agosto de 2012 (publicado en la mayoría de los periódicos nacionales y dirigido “Al Pueblo de México”) cuando colmados y agredidos por la descomposición y el desprestigio se vieron obligados a hacer público, puntualizando, un camino para la recuperación de la legitimidad de su institución en la defensa de la cultura de México.

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