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Los engaños de la reforma laboral

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-10-17 04:00:00

 

Allá por 1974, el politólogo italiano Umberto Cerroni escribía: “El mundo de la política, tal y como fue concebido por los antiguos, forma parte del mundo de la verdad; el de la política moderna prescinde de él. Cuando Rousseau lamentaba el que ‘los hombres políticos antiguos hablaban continuamente de las buenas costumbres y de la virtud; los nuestros no hablan más que del comercio y del dinero’, no se limitaba a formular una reprensión de carácter moral, sino que llevaba a cabo un pertinente señalamiento técnico.”1Destacó, con tales términos, el más terrible trueque que los hombres han hecho en el desempeño de la política que, pudiendo ser la más noble de las actividades del ser humano, ha sido convertida en acción rapaz para el ejercicio de conducción de las sociedades.

El discurso político proveniente del poder, por consecuencia, ha operado esa  transformación. Envilecido al apartarlo del mundo de la verdad, ahora se le nutre con el lenguaje del comercio y el dinero. Guarda la condición, como señala Cerroni, de aspecto técnico del ejercicio de la política, entendida esta en su sentido más elemental ya sea como conjunto de actividades destinadas a ejercer la autoridad en un Estado o sociedad2 o, de la forma en que la concibe Rolando Tamayo y Salmorán: “Política en su uso más extendido corresponde al sentido ordinario del adjetivo, señala lo que se refiere al poder público y a su ejercicio: a la conducción de la vida social.”3

La formulación de las leyes en tanto ejercicio del poder público, es decir, como resultado de la actividad política del Estado, no escapa a esa distorsión de la verdad ni a sus sustitutos discursivos. El proyecto de reforma laboral que ha enviado el licenciado Calderón para discusión en el Congreso General se sustenta en dos grandes mentiras: 1) Que es una reforma; y, 2) Que no modifica al artículo 123 Constitucional. Por la enorme trascendencia política, económica y social que tienen, estas falacias buscan ser ocultadas mediante la generación de otras, digamos  menores, que se activan con toda intención para reducir las dimensiones del debate convirtiéndoles, de este modo, en las que configuran la parte central de los escarceos que se exhiben al público. Si bien, por el momento, no nos ocuparemos de ellas, recordemos las falsedades que el gobierno federal promueve como ‘conveniencias o bondades’ de la ‘reforma’: 1) Facilita el acceso al mercado laboral y la creación de empleos; 2) Promueve la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales y la protección de derechos; 3) Fortalece la procuración e impartición de justicia laboral; 4) Mayor transparencia y democracia sindical; 5) Apoya las facultades normativas, de vigilancia y de sanción de las autoridades del trabajo; según consigna la propaganda surgida de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La discusión en rededor de cada una de las modificaciones que el proyecto introduce en el articulado de la Ley Federal del Trabajo, puede dar origen a visiones parciales sobre los alcances del proyecto y el riesgo que se corre es caer en apreciaciones casuísticas que no conducen a la plena comprensión de la totalidad del problema que representa. Lo adecuado será seguir la ruta que aconseja mirar los árboles pero también el bosque. Veamos la primera mentira.

Se hace uso de un ardid lingüístico al utilizar la expresión “reforma” en el sentido tautológico al que se refiere cualquier diccionario: acción y efecto de reformar; y este verbo, a su vez, es utilizado como sinónimo de otro: modificar. Sin embargo, no sólo coloquialmente sino por el uso históricosocial de la palabra, el vocablo “reforma” está asociado a la idea de modificar algo, siempre, para mejorarlo. Tiene como significado legal: “Aquello que se proyecta, propone o ejecuta como mejora o innovación de alguna cosa.”4 De modo que, en el momento mismo de hacer el comparativo del articulado vigente de la ley junto a lo que se propone modificar, es posible advertir que estamos en presencia no de una evolución, sino de una involución; no de una mejora sino de un retroceso en los derechos de los trabajadores implicando por ello que no se trata de una reforma.     

Para nuestro país la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aparte de sujetarnos jurídicamente a un proceso de integración regional con Estados Unidos y Canadá, también nos subordina políticamente a los dictados del llamado Consenso de Washington (se entiende por ‘Consenso de Washington’ un listado de políticas económicas consideradas durante los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington, Estados Unidos, como el mejor programa económico que los países latinoamericanos deberían aplicar para impulsar el crecimiento. A lo largo de la década el listado y sus fundamentos económicos e ideológicos se afirmaron, tomando la característica de un programa general*), entre cuyos lineamientos en materia económica destacan: “a) Promoción de inversión extranjera directa que proporcione capital, capital laboral y tecnología; b) Desregulación financiera, laboral, ecológica; y c) Privatización en áreas de salud, educación y pensiones.”5

De tales lineamientos nos interesa, aquí, la desregulación laboral. ¿Qué significa desregulación? Carlos Sempé Minvielle nos aclara: “En los últimos tiempos ha cobrado especial importancia lo que se ha dado por denominar “desregulación”. Etimológicamente, el prefijo des denota negación o inversión del significado de la palabra a la que antecede. Por su parte, la palabra regular, en el sentido que nos ocupa, significa dar reglas. (…) La desregulación busca suprimir trabas innecesarias a la actuación de los particulares...”6 De modo que si nos atenemos a la introducción de nuevas formas de contratación, outsourcing, contratismo de protección y la multiplicidad de medidas que abaratan el costo de la mano de obra al facilitar el despido de los trabajadores sin responsabilidad –o con una muy limitada–, para los empresarios patrones; podemos decir, sin temor a equívoco, que no estamos frente a una reforma, sino ante la desregulación laboral que convierte al trabajador en un simple chip de la nueva maquinaria tecnológica, reemplazable o desechable a voluntad.

La segunda gran mentira se configura con la reiterada afirmación de que se trata de cambios en la Ley Federal del Trabajo que no modifican las bases del artículo 123 Constitucional. Desde hace algunos años distintos partidos políticos  han venido presentando proyectos de reforma a la legislación del trabajo que, en términos generales, con diferencias, algunas de matiz, algunas de fondo, dependiendo de la expresión política de que se trate, están encaminadas a lo que se llama –y así ha adquirido carta de naturalización en el medio–, la precarización del empleo, cuyo arista más deleznable es la dotación “legal” de facultad a los empresarios para dar o quitarlo a conveniencia al eliminar los candados con los que la ley vigente sujeta el régimen de estabilidad laboral.  

La expresión “precarización del empleo” puede tener múltiples perspectivas de análisis en tanto el concepto jurídico de empleo o trabajo genera en su derredor toda una connotación de régimen de trabajo y previsión social sobre el que se alza una institucionalidad de Estado. Es, exactamente, el gradual desmantelamiento de toda esa institucionalidad estatal que se alzaba en torno al trabajo, lo que da la mejor explicación al concepto de la precarización. Es decir, el trabajo inestable, inseguro y escaso en sustitución de la estabilidad en el mismo. La mutilación de los regímenes de pensiones, de contratos colectivos, desaparición de algunos contratos ley, acotación mayúscula para el ejercicio de derechos colectivos, entre muchas otras medidas, dan idea cabal del menoscabo que sufrirán los derechos de los trabajadores. Con la propuesta integral de desregulación laboral que ahora discute el Senado, en caso de aprobación, se dará lugar ya no a la precarización sino a la “miserabilización del trabajo” como su fase superior.

Sostener, entonces, el argumento genérico de que se modificará la ley pero no la base constitucional se convierte en un engaño pues se está modificando una que posee naturaleza muy especial: es reglamentaria de ese precepto constitucional. Por definición: “Leyes reglamentarias son las leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios necesarios para la aplicación del precepto constitucional que regulan. El carácter reglamentario de la ley radica en su contenido y no se refiere a la relación jerárquica con las demás leyes.”7 Esto quiere decir que, si la ley reglamentaria desarrolla el contenido del artículo constitucional para su debida aplicación, por lógica consecuencia, al modificarse esa ley en el sentido propuesto, en realidad se modifica la Constitución misma propiciando su mutilación. 

Esta transfiguración que ahora se propone hacer de la Ley Federal del Trabajo en sentido desregulatorio, está caracterizada por el uso faccioso de la estructura organizada del Estado mexicano para lograr una mayor disminución del valor del trabajo mediante la eliminación de mecanismos que legalmente servían para la distribución social –injusta aún con la ley vigente–, de la riqueza que genera el trabajo y quienes lo prestan. Es otro proceso más de ninguneo hacia los trabajadores. Al favorecerse, a través de estos mecanismos, los intereses del gran empresariado nacional y extranjero que basa la productividad y competitividad de sus productos en el mercado exterior –por ende, sus tasas de ganancia–, en la sobrexplotación de la mano de obra, se deja ver claro que el actual régimen político ha convertido al Estado en instrumento de opresión de los hombres del dinero en contra de los hombres del trabajo.

El autoritarismo se advierte cuando sólo con propaganda, a través del uso masivo reiterado de estas falacias hacia la población, se pretende hacer pasar lo que objetivamente es un retroceso en los derechos de los trabajadores, como una mejoría en el ámbito de las relaciones laborales y en el desempeño de las funciones de gobierno.

 

1Cerroni, Umberto, Introducción al pensamiento político, 4ª. ed., trad. Arnaldo Córdova, México, Siglo XXI, 1974, Colección mínima 4, p. 5.

2El pequeño Larousse ilustrado 2009 diccionario enciclopédico, 15ª. ed, Colombia, Ediciones Larousse, 2009, p. 813.

33Tamayo y Salmorán, Rolando, La ciencia del derecho y la formación del ideal político, México, UNAM, 1989, p. 16.

4Palomar de Miguel, Juan, Diccionario para juristas, México, Mayo ediciones, 1981, p. 1157.

*http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington

5Cruz Soto, Luis Antonio, Neoliberalismo y globalización, Revista CyA núm 205, 2002, p.20. (http://www.biblioteca.org.ar/libros/91568.pdf).

6Sempé Minvielle, Carlos, Técnica legislativa y desregulación, 6ª. ed, México, Porrúa 2009, p.217.

7González Oropeza, Manuel y Gaxiola Moraila, Federico Jorge, “Ley reglamentaria”, en Diccionario Jurídico Mexicano, México, PorrúaUNAM, 2009, p. 2355.

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