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La urgencia de la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador

Por: Silvino Vergara Nava

2013-01-11 04:00:00

 

“La distinción entre actividad administrativa y judicial está en esto, en que mientras en la primera el Estado

persigue directamente sus intereses… en la segunda interviene el Estado

para satisfacer intereses ajenos o también suyos.”

Alfredo Rocco

 

Recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaboro las siguientes tesis; “Presunción de inocencia. Constituye un principio constitucional aplicable exclusivamente en el procedimiento penal” (Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 17 de octubre de 2011) y “Presunción de inocencia. No es un pricipio aplicable en el procedimiento administrativo sancionador”. (Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 28 de noviembre de 2011).

De estas dos tesis, se hace mención, en la primera de estas, textualmente que; “Así, este principio fue concebido como un derecho exclusivo del proceso penal, pues la sola lectura del citado precepto constitucional permite advertir que el objeto de su contenido es establecer la presunción de inocencia como un derecho constitucional de los imputados dentro del proceso penal”, por su parte, en la segunda tesis, se cita; “el principio de presunción de inocencia constituye un aspecto propio del procedimiento penal, dadas sus características y fines propios, es incompatible con el procedimiento administrativo sancionador, pues la presunción de inocencia busca, ante todo, evitar la afectación del derecho constitucional a la libertad, ante la posibilidad de que se emita una sentencia condenatoria sin que se haya demostrado la culpabilidad del imputado, lo que no tiene una relación de compatibilidad directa con el procedimiento administrativo, donde no se busca restringir, en modo alguno, la libertad del contribuyente sino, en todo caso, castigar su conducta infractora a través de una sanción pecuniaria”.

De las tesis señaladas, al parecer se trata de una regresión del respeto, protección  y tutela de los derechos humanos, pues si uno de los principios de éstos, el cual se desprende del articulo 1. de la Constitución, es su progresividad, es decir, que exista una mayor protección y ampliación en los derechos humanos, evidentemente que estas dos tesis son contrarias a ese principio meta constitucional. No debe pasar desapercibido que, la presunción de inocencia, parte de razones elementales; a) Estos procedimientos sean administrativos o penales, tratan no sólo con culpables, b) prescribe cualquier forma de anticipación de la sanción, sea esta administrativa o penal, c) obliga a legitimar el castigo, por ende, debe incluirse en el derecho administrativo sancionador. Incluso, la doctrina así lo determina, cita Alejandro Nieto que; “a) toda condena debe ir siempre precedida de una actividad probatoria, impidiendo la condena sin pruebas, b) las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas, c) la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores.” (Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Editorial Tecnos, Madrid, 2008) por tanto, al hacer mención de toda condena, lo determina tanto, para las sanciones administrativas como las penales, como lo encontramos en otros autores, desde L. Ferrajoli, con su derecho penal mínimo, (Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón Editorial Trotta, Madrid, 2006.) hasta con la pos moderna concepción del derecho penal de tres velocidades (Silva, Sánchez, Jesús María, La expansión del derecho penal B de F, Montevideo, 2011), pasando por otros autores como los españoles: Miguez, López Font, López Ramón, etcétera, que incluyen el principio de presunción de inocencia dentro del derecho administrativo sancionador, y no exclusivamente en el ámbito penal. Además, la presunción de inocencia, tiene que ver también con el régimen jurídico de la prueba, entonces, determinar que esta presunción únicamente es aplicable a la materia penal, y no al derecho administrativo sancionadora, –léase sanciones de la Profeco, Profecpa, SAT, IMSS, etcétera– desde luego que, esta determinando para el ámbito de las sanciones administrativas la denominada prueba diabólica de los hechos negativos, es decir que el infractor sea al que le corresponde la prueba de su inocencia, lo cual implica la existencia de un sistema jurídico carcelario (Vergara, Nava Silvino, Clasificación de las violaciones de fondo y de forma en los procedimientos …, Escuela Libre de Derecho de Puebla, México, 2012).

Incluso, no siempre la sanción administrativa esta excluida de la pena corporal, pues existen sanciones administrativas como el caso del arresto por determinadas horas, que desde luego es una sanción que afecta la libertad de las personas, pero es una sanción meramente administrativa. Esto sin perder de vista que, se rige en un Estado que sostenga que se respeta la dignidad humana de las personas, como esta regulado en la Constitución Mexicana, –artículo 1– el principio que sostiene; “nadie esta obligado a  probar su propia inocencia”, y por último, la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha sostenido que; “la presunción de inocencia es un elemente esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa… el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa” (Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia 31 de agosto de 2004), motivos todos estos suficientes que, evidencian la necesidad de modificar estas tesis, pues sobre todo en el ámbito administrativo sancionador el no considerar la presunción de inocencia, es convertir a los infractores, simples y comunes gobernados en enemigos del Estado, y es evidente por la historia de la humanidad que una sentencia de nulidad la autoridad fiscal pierde un juicio, pero gana un contribuyente, en cambio en una sentencia de validez la autoridad fiscal gana un juicio, pero pierde un contribuyente.

 

 

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