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La reforma fiscal que viene

Por: Jaime Ornelas Delgado

2013-03-05 04:00:00

 

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odo proyecto nacional requiere definir, entre otras cosas fundamentales, el tipo de gobierno necesario para alcanzar determinados objetivos; y, junto con ello, establecer las fuentes y los mecanismos necesarios para obtener los recursos financieros indispensables para el funcionamiento del aparato gubernamental que contribuya a lograr los objetivos propuestos en el proyecto nacional. Se trata, así, de establecer una política consecuente de ingreso y gasto público.

En todo caso, las cuestiones referidas al gobierno, su hacienda y su gasto son un espacio político donde se desarrolla la lucha entre distintos proyectos de nación, la lucha por el poder. Por esto no deja de tener razón la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Alicia Bárcena, quien recientemente afirmó que para México “La madre de todas las reformas es la fiscal” (La Jornada, 19/02/13: 31). Así de trascendente es el tema.

Por supuesto, de acuerdo con el tipo de gobierno y de sus objetivos hay distintos tipos de reforma hacendaria: no es lo mismo plantearla para un gobierno neoliberal, que otra para un gobierno que pone en el centro de su quehacer la satisfacción de las necesidades sociales.  

Por esta razón, buena parte de la población se ha opuesto a la reforma fiscal promovida por el gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto. México no necesita una reforma fiscal meramente recaudatoria que favorezca sólo la acumulación de capital y no promueva el empleo, la distribución del ingreso y la riqueza. La reforma fiscal propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo antecedente se encuentra en las propuestas por los gobiernos panistas, no tiene como propósito elevar el bienestar de la población, sino apenas acrecentar la recaudación fiscal sin beneficios visibles para la población.

Más que en una reforma fiscal como la propuesta, el país requiere de una reforma hacendaria que además de alentar el crecimiento de la economía a tasas suficientes como para ampliar el empleo productivo bien remunerado, permita una equitativa distribución del ingreso y evite la concentración de la riqueza en unas cuantas familias frente a la enorme miseria de la mayoría.

La reforma hacendaria que demandan hoy los sectores progresistas del país, se refiere no sólo a elevar los ingresos públicos sino a una que incluya quién y cuánto debe pagar, así como la reorientación del gasto y el manejo adecuado del déficit. Se trata, entonces, de una política fiscal que, derivada de esa reforma hacendaria, si bien logre a corto y mediano plazos elevar los recursos a disposición del sector público y, al mismo tiempo, incluya el uso del gasto para mejorar las condiciones de vida de la población, es decir, el gasto público habrá de orientarse a elevar el empleo y mejorar la infraestructura social y productiva, lo cual difiere de lo hecho por los gobiernos neoliberales que han utilizado los aumentos de la recaudación para sostener el gasto corriente y pagar los extravagantes sueldos de los funcionarios gubernamentales de los rangos burocráticos más altos, y luego, como no les alcanza para cubrir el exceso de gastos improductivos despiden a quienes no tienen responsabilidad alguna en la crisis de las finanzas públicas: los empleados de menor rango, víctimas del inescrupuloso manejo de los recursos públicos.

Así, a lo largo de las tres últimas décadas nuestro país ha sido, y por lo que vemos seguirá siendo, la muestra no sólo de una política neoliberal que mal utiliza los recursos públicos, sino también de la actitud patrimonialista observada por quienes manejan discrecionalmente los dineros fiscales y los recursos estratégicos del país, como el petróleo. En efecto, a lo largo de todo ese tiempo un tercio de las finanzas públicas han dependido fundamentalmente del petróleo. (En 2012, Pemex aportó al fisco 903 mil millones de pesos, lo que representó 99 por ciento de la utilidad de operación de la paraestatal que ascendió a 908 mil millones de pesos y 55 por ciento de las ventas totales, que fueron de un billón 647 mil millones de pesos. La Jornada, 01/02/13: 31.) Los altos precios alcanzados por el crudo en todo ese lapso, se los ha apropiado el gobierno para solventar su enorme gasto improductivo, lo cual ha impedido mejorar las condiciones generales de la producción, lo que termina por restar competitividad a la economía mexicana, ni ha impulsado el crecimiento del empleo productivo o mejorado el bienestar de la población; al mismo tiempo, el conjunto de la inversión pública se ha reducido a un nivel tal que ha hecho obsoleta la infraestructura existente, situación que se ha convertido en un severo obstáculo al crecimiento y la eficiencia económica.

Los gobiernos neoliberales de todo signo han propuesto, y el actual no es la excepción, una reforma fiscal regresiva pues elevar el IVA o generalizarlo de manera que se aplique a medicinas, alimentos, libros, revistas y transporte público, entre otros bienes y servicios que hoy tienen tasa cero, afecta directamente el ingreso de los trabajadores pues su poder adquisitivo se reduce en la medida que se encarece la canasta básica, y además se propicia la pobreza aún entre quienes tienen empleo, lo cual polariza la sociedad al aumentar la desigualdad entre las clases y concentra la riqueza en unas cuantas y privilegiadas familias.

En síntesis, tanto el actual sistema fiscal, así como su reforma en el sentido que propone el gobierno, resultan improcedentes por las razones siguientes:

a) el actual es un sistema fiscal sin equidad distributiva, pues mantiene indebidos privilegios que permiten la “evasión legal” a quienes deberían ser los grandes contribuyentes y castiga severamente a la mayoría de la población. (En 2012, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresó a los grandes causantes “casi 310 mil millones de pesos por concepto de de devoluciones del IVA y del Impuesto sobre la Renta (ISR)”. La Jornada, 1/03/2013: 33.)

Además, esa reforma será insuficiente y frustrante si por no enfrentar a quienes gozan de privilegios fiscales se deja intacto el ISR, que en su mayor parte (60 por ciento) es pagado por las personas físicas, mientras la menor proporción es cubierta por los grandes grupos corporativos. Por tal razón, si alguna reforma fiscal es necesaria sería aquella que invierta esa proporción, esto es, que la mayor parte del ISR sea pagado por los grandes monopolios. Aún más, la reforma no será tal si mantiene el régimen de privilegios existente, como los créditos fiscales que propician la evasión o la amnistía fiscal –como la decretada por el gobierno federal a principios de año y que permitirá a los grandes grupos monopólicos eludir el pago de 73 mil 904 millones–, o el procedimiento de consolidación que beneficia a los grandes grupos corporativos los cuales pagan apenas 1.7 por ciento de sus ingresos brutos.

En todo caso, la reforma hacendaria deberá acabar con los regímenes fiscales especiales y las exenciones que no se justifican en materia de equidad y son sólo son formas de elusión de las obligaciones fiscales de las grandes empresas.

b) Sin mediar razón, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari las empresas mineras dejaron de pagar impuestos por la riqueza que extraen del subsuelo y ahora únicamente pagan 5 pesos por hectárea por la concesión de la superficie territorial donde se ubican las minas, que hoy llega a 26 por ciento del territorio nacional.

La reforma fiscal propuesta en el llamado Pacto por México, no contempla imponer algún impuesto a la actividad minera. Por eso es preciso que, además de rescatar y regular esa actividad para evitar sus “proyectos de muerte”, sujetarla al interés nacional y al cuidado del ambiente, al tiempo de gravar las enormes utilidades de las compañías mineras.

c) En México no se aplican impuestos a las operaciones financieras, y aunque en algunos países de la Unión Europea recientemente se aprobó gravar este tipo de transacciones (La Jornada, 23/01/2013: 32), la reforma fiscal propuesta por el gobierno no considera esta posibilidad, que es de urgente necesidad pues en operaciones de compra–venta millonaria de empresas como Bancomer y Banamex, realizadas mediante el traspaso oneroso de acciones en la Bolsa de Valores, no se ha pagado un centavo de impuesto. La más elemental justicia fiscal exige gravar ese tipo de operaciones antes que generalizar el IVA.

d) Como la reforma fiscal que pretende imponer el PRI y sus aliados dentro y fuera del poder político no contempla modificar la inequidad distributiva del sistema fiscal, en tanto que a pesar de sus reiteradas negativas se sustenta en la modificación del IVA, cualquiera de sus opciones (elevar el IVA: generalizarlo; o elevarlo y generalizarlo), son inadmisibles pues además de atentar contra el ingreso de los sectores más vulnerables de la población al reducir su poder adquisitivo, impiden el cumplimiento de la equidad y proporcionalidad de los tributos establecidas en la Constitución.

El cumplimiento de los preceptos constitucionales no está sujeto a negociación, lo cual significa que el agente económico con mayores recursos financieros deberá pagar mayores impuestos, y lo mismo aplica para los impuestos al consumo que a los patrimoniales. Equidad fiscal es, simplemente: “que quien más gana más paga.” Este sin duda, debe ser el principio que guíe la reforma hacendaria.  

En fin, los gobiernos neoliberales captan mal y gastan peor, por eso la reforma hacendaria alternativa exige captar bien, es decir, con equidad y proporcionalidad, y modificar la orientación del gasto, hoy improductivo y destinado a sostener un aparato de gobierno ineficiente y puesto al servicio de los dueños del capital y sus necesidades de acumulación e incremento de su riqueza.

Por eso, hoy la población levanta la voz para demandar ¡No al aumento ni a la generalización del IVA! ¡No a la reforma fiscal que afecta a los sectores de menores ingresos!              

 

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