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La entrega del patrimonio turístico al gran capital

Por: Jorge Chávez de la Peña

2012-02-23 04:00:00

México es un país con una intensa actividad legislativa, lo que se puede comprobar si se revisa cualquier norma, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los reglamentos de las leyes secundarias y las Normas Oficiales Mexicanas, por ejemplo.

Lo anterior no significa que esta intensa actividad haya conducido a nuestro país a ser un modelo de equidad y eficacia burocrática, sino todo lo contrario. Cada sexenio se promulgan nuevos ordenamientos y se modifican o derogan otros, lo que resultaría difícil de entender si no supiéramos que desde el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del Río (1934–1940) los subsecuentes gobernantes fueron mermando o de plano cancelando los avances que en el campo económico y social constituyeron la bandera de la Revolución Mexicana y quedaron plasmados en la Carta Magna, referencia obligada de los gobiernos priistas hasta Miguel de la Madrid Hurtado, quien eliminó definitivamente del discurso oficial esta referencia ideológica.

Pero es en el inicio de este siglo, con el advenimiento del partido de la derecha mexicana, el PAN, que los dos presidentes, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, se ha perpetrado durante casi 12 años la mayor embestida en contra del pueblo mexicano, entendido éste como la suma de los 110 millones de mexicanos que poblamos este territorio. Estos últimos gobiernos, como declaró sin ambages Vicente Fox, se abocaron a servir los intereses de los empresarios tanto nacionales como extranjeros, provocando una de las mayores crisis económicas y humanitarias de nuestra historia en tiempos de paz.

Todas las actividades básicas para nuestro desarrollo han sido revisadas y modificadas, ya sea a través de instrumentos jurídicos, con el contubernio de los otros dos poderes de la Unión, en la mayoría de los casos, o de facto como ha sucedido en este sexenio, lanzando a las fuerzas armadas a reprimir el descontento social con el pretexto de combatir al crimen organizado, convirtiendo a decenas de miles de familias mexicanas en víctimas inocentes de este baño de sangre que lleva más de 60 mil muertes en su haber.

Pero como Felipe Calderón ha declarado que “hasta la última hora (de su administración) seguiré echándole todos los kilos para seguir sirviendo a los ciudadanos” (La Jornada 19/02/2012), es evidente que continuará utilizando todos los medios a su alcance para retroceder históricamente entregando la educación laica y gratuita a la iniciativa privada, de mantener el orden social utilizando a las fuerzas armadas, en actividades ajenas a sus fines institucionales, subastando a empresas multinacionales nuestros recursos naturales, como los energéticos, y poniendo a disposición del gran capital la cultura y los recursos naturales que constituyen el patrimonio turístico de México, lo que pretende llevar a cabo con la más reciente iniciativa para reformar y adicionar “diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de turismo”, a través de un dictamen presentado en la Cámara de Diputados, propuesta que “1. El 04 de mayo de  2011, Diputados de diversos Grupos Parlamentarios presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona” la Carta Magna en nueve artículos que tratan aspectos tan importantes como la propiedad de los recursos naturales, la educación, los derechos de los pueblos indígenas, áreas económicas estratégicas, el alcance de las competencias de los integrantes de los Poderes de la Unión y, por si fuera poco, ignora los impactos que el cambio climático ya está teniendo en México, como la disponibilidad de agua dulce, fenómenos metereológicos devastadores y la modificación de los litorales costeros ante el aumento paulatino del nivel del mar, entre otros aspectos.

Es decir, carece también de una propuesta que garantice en este sentido la viabilidad de un desarrollo sustentable privilegiando, conforme al modelo económico neoliberal, el beneficio económico de las grandes empresas turísticas en el sector, afectando los derechos humanos fundamentales, requisito forzoso de un sistema democrático como el que se pretende llegue a ser el de nuestro país.

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