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La destrucción de la Antigua Casa del Torno

Por: Anamaría Ashwell

2012-11-23 04:00:00

 

La antigua casona estuvo catalogada desde 1990 como edificio patrimonial en el marco jurídico de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (catalogada en realidad desde 1970 para esos mismos efectos ) asegurando así su preservación y continuidad en la historia de Puebla. El dictamen de los especialistas del INAH –arquitectos restauradores, historiadores y antropólogos– determinó que el inmueble tenía valor arquitectónico y era parte central de una fisonomía urbana heredada desde tiempos coloniales y parte de la evolución paisajista patrimonial y cultural de la ciudad de Puebla.

Con todo y este dictamen técnico y la protección legal el edificio fue enteramente derruido. Los responsables fueron el gobernador Rafael Moreno Valle; su empleado, el secretario de Infraestructura José Antonio Gali Fayad; el contador José Miguel Rivas García a cargo del INAH–Puebla así como Alfonso de María y Campos de la dirección INAH federal; y por omisión  –al no detener la destrucción– el presidente municipal de Puebla y su secretario de Obras Públicas (entre otros). Ellos quizás argumentarán que fue por “utilidad pública”. Pero la destrucción de la Antigua Casa del Torno, por ser un edificio histórico catalogado y protegido por leyes, supone un delito penado por leyes municipales, estatales y federal.

Para derruir la casona se violó en primer lugar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (la llamada Ley INAH). Se violaron leyes estatales también, es decir, los decretos que desde 1965 declararon Zona Típica Monumental al entorno patrimonial de Puebla. Una ley y decretos que fueron instrumental a los ciudadanos defensores del patrimonio poblano para detener al alcalde panista Luis Paredes (200204) cuando pretendió convertir el subsuelo arqueológico del zócalo en estacionamientos de coches.

Se violaron adicionalmente leyes y reglamentos municipales que regulan la intervención de inmuebles en el Centro Histórico de Puebla. Únicamente el cabildo puede aprobar cambios de usos de suelos en el Centro Histórico y ningún alcalde ni secretario de Obras Públicas tienen atributos legales para autorizar derruir, menos des–catalogar un edificio protegido como monumento histórico y cambiar el uso de suelo. El regidor de Obras Publicas del Ayuntamiento de Puebla que dirige la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública ha negado públicamente haber otorgado autorización para la destrucción de la Casona del Torno.

Los permisos que exige la ley para proceder a destruir un edificio histórico en zona de monumentos (como son los estudios técnicos y valoraciones de utilidad pública; en este caso también el impacto ambiental y cultural de las nuevas obras propuestas para sustituir el edificio antiguo) nunca se presentaron ni se transparentaron. No dudamos que después de la denuncia pública que hicimos como miembros del Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla A.C., el gobernador o sus empleados entregarán a la ciudadanía, a destiempo, necesariamente con fechas alteradas, los permisos que le llevaron a destruir este inmueble histórico patrimonial de todos los poblanos. Aunque para descalificar nuestra inconformidad insistirán en que somos una “minoría” quejosa, que no quiere el “progreso” para Puebla, que no estamos “informados”, que nos quejamos como esas “viejas” (incluidos los colegas que participan en el Comité) que son lavadoras con dos patas y quizás agregan también que somos un peligro para México porque “comemos niños”.

Pero el gobernador tendrá que vanagloriarse a la vez, y públicamente, del hecho que la casona histórica, y su paisaje urbano alterado, fue derruida para construir en su lugar una torre que servirá de parada para un teleférico recreativo que transportará a turistas, o niños y sus familias que no pueden asistir a Disney World o Six Flags, transportándolos por los aires dos kilómetros –repito dos kilómetros– que se podrían atravesar caminando o en bicicletas –desde el Cerro de los Fuertes hasta la Catedral (porque así le denominan a esta magna obra “progresista”: “Corredor Turístico Los Fuertes–Catedral” e implica una inversión de 480 millones de pesos. Repito: 480 millones de pesos hasta donde sabemos).

La destrucción de la casona fue un acto arbitrario y despótico que, además, no contó con ninguna notificación (ya no diré opinión) de la comunidad de vecinos y artistas que custodian el lugar. Porque o no sabían el gobernador y el señor Gali o no les importó honrar que desde el 5 de mayo de 1941 el gobernador Bautista Castillo y el presidente municipal Juan Manuel Treviño cedieron hasta 2041 ese barrio a la custodia de la Unión de Artes Plásticas de Puebla. Ni que estaban destruyendo la casa habitación del maestro José Márquez Figueroa, fundador de esta asociación de artistas del barrio; y que esa casona sirvió de acogida para artesanos y pintores, para taller de instrucción en arte y artesanías y que ha sido la casa como el entorno un espacio de cultura y habitación ancestral que nadie tiene derecho secuestrar ni alterar porque simboliza el abolengo y la tradición de los que allí trabajan y habitan. Seguramente, después de la destrucción ilegal del inmueble histórico, para componer este ninguneo a los vecinos que se suponen custodios del barrio, el gobierno les prometerá riquezas y negocios que vendrán por los miles de turistas que descenderían desde los cielos, con ansías de compras tipo “Buen Fin” de sus mercancías  prometiéndoles que solo les espera riquezas, es decir “progreso”, gracias al telesférico.

Si hacemos un balance de la manera acelerada e impune con que se viene destruyendo patrimonio en Puebla, yo creo que los antropólogos, historiadores y arquitectos restauradores de Puebla podemos hacer un catálogo consensado y avalado por nuestros currículos académicos de una ciudad, Patrimonio de la Humanidad, cuyo patrimonio cultural esta ya en riesgo. E incluso hacerlo extensivo a todo el estado de Puebla. Porque yo recordaría a los poblanos lo sucedido en San Pedro Cholula en el año 2010 cuando se destruyó un suelo arqueológico con un centro habitacional del post clásico indígena de la ciudad (por presión básicamente de una gasolinera instalada a pocas calles del gran Tlachihualtepec y con aprobación del INAH) para colocar en su lugar un drenaje de aguas negras; o el robo escandaloso del arte sacro de las iglesias de las Cholulas y en otras Iglesias poblanas que continúa y permanece impune. En Puebla la reciente intervención de la zona y los fuertes de Loreto y Guadalupe –intervención dolosa, horrorosa y sin transparencia solo para complacer proyectos “turísticos” del actual gobernador– muestra la infrenable pasión por destruir que impunemente está acabando con un entorno arquitectónico patrimonial admirable e envidiable, que nosotros, los ciudadanos de Puebla, tenemos la obligación de cuidar, preservar y enaltecer no destruir. 

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