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Hilos conductores de la desregulación laboral

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-11-07 04:00:00

La reciente discusión del proyecto de desregulación laboral que se dio en el Senado confrontó a los dos más definidos programas de gobierno que se propusieron en la elección presidencial. Es decir, se confrontaron las posturas de los senadores de PRI, PAN y Verde con las del bloque de izquierda. Según la crónica periodística: “Los primeros sostuvieron que es una reforma necesaria que permitirá incrementar la productividad, la competitividad y el “trabajo decente”. La Ley Federal del Trabajo ‘ya no responde a las dinámicas del siglo XXI, de la globalización y la era digital’, recalcó el priista Ernesto Gándara, presidente de la Comisión del Trabajo, al presentar el dictamen”. El panista Héctor Larios fue más explícito: “con esa reforma se busca aumentar la competitividad de las empresas mexicanas”. Se advierte, también, que la senadora del PRD Dolores Padierna resumió el sentir de los legisladores de izquierda: “es una modificación a la ley laboral que significa ganarganar para los patrones y perder–perder para los trabajadores. Unos acumulan riqueza y otros eternizan la pobreza. Los patrones alcanzan su viejo sueño de eliminar el trabajo de planta, reducir los salarios y eliminar prestaciones. Cambia la esencia de la Ley Federal del Trabajo al dejar de tutelar los derechos de los trabajadores y pasa a tutelar al capital.” (La Jornada, 24 de octubre).

Estas disímiles apreciaciones acerca del significado que tendrá la modificación de la vigente ley laboral en el ámbito productivo y de las relaciones laborales en México, representan dos posiciones políticas que resumen expresiones de intereses económicos que aparecen ya en abierto choque, como  perspectivas de clases sociales antagónicas: empresarios y trabajadores. Adquiere relevancia, por tanto, mirar detenidamente el papel que juega la dirección gubernamental y los mecanismos de Estado que se impulsan para favorecer a una y perjudicar a otra.   

El punto de partida para la reflexión es la realidad social construida, la que  tenemos; así como la vemos todos los días: con sus éxitos y fracasos, aciertos y desatinos,  riquezas y pobrezas; con sus lacerantes desigualdades sociales, estelas de violencia e inseguridad y creciente criminalidad social y organizada. La pregunta obligada: ¿qué es lo que hace posible esta realidad que se ha configurado ya como una absurda forma de organización y convivencia social? Este debe ser el punto referencial para analizar y valorar el proyecto de modificación a las relaciones laborales. Cuál es la causa de la realidad laboral que vivimos: ¿es fruto de la vigencia y aplicación de la actual Ley Federal del Trabajo y, por ello, se hace necesaria su modificación? o ¿ha sido la gradual ineficacia de sus contenidos y el desmantelamiento de sus instituciones colectivas y de seguridad social, practicados por los distintos gobernantes, las que han dado pie a la actual miserabilización del trabajo y al desempleo?

Para responder estas preguntas, analicemos las categorías conceptuales que manejan los senadores que impulsan el proyecto: productividad, competitividad, trabajo decente, globalización1 y era digital. De formulación reiterada en la exposición de motivos, son los conceptos fundamentales sobre los que descansa la totalidad del proyecto con el que se ha echado a caminar la maquinaria estatal para establecer nuevas reglas en las relaciones obrero–patronales en México. El tratamiento mismo de tales figuras, todas de naturaleza económica, permitirá valorar los planteamientos formulados por las agrupaciones políticas de izquierda.

Ninguna de tales categorías tiene un significado aislado sino, por el contrario, poseen supuestos implícitos que arrastran consigo y que les dan su verdadero sentido. Se trata de conceptos surgidos del ideario del alto empresariado que condensan sus más caros anhelos: producir mucho y vender otro tanto para amasar ganancias y capital. Representa su modo de vida. En función de ello la élite mexicana configura el actual proyecto de país y tiene, como instrumento para lograrlo, la acción del Estado, al que contribuye plenamente a diseñar, sostener y decidir a los hombres que lo han de conducir.

La irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como su aplicación al ámbito de la producción de bienes y servicios en todo el mundo, nos ubica como un país colonizado, considerando que nuestro país prácticamente no produce ciencia y tecnología, sólo es consumidor de ella. Esta ubicación pasiva trae como implicaciones inherentes que seamos importadores de tales tecnologías y del conocimiento necesario para su implementación en las diversas áreas de producción. El poco interés gubernamental que se aprecia hacia la investigación en general, que se traduce en la ausencia de políticas de Estado que fomenten todas aquellas actividades relacionadas con las aplicaciones de la ciencia, debe verse como el resultado ‘natural’, la consecuencia lógica y obligada, de esa aceptación explícita de la condición de colonia en materia de nuevas tecnologías y como circunstancia que explica nuestra actual posición geopolítica así como la manera en la cual se decidió insertarnos en la globalización.

Concurren circunstancias de orden mundial y domésticas en el establecimiento de este orden de cosas. La apropiación privada del manejo y los resultados de la investigación científica, en casi todos los ámbitos del saber humano, ha quedado en manos de las grandes empresas transnacionales. La caída del Muro de Berlín y la autodisolución de la URSS, que propiciaron la desaparición, no absoluta pero sí emblemática, de un modelo diferente de organización social –el socialismo–, dio auge a las sociedades con modelo económico basado en la acumulación capitalista, filosóficamente justificado en las teorías del neoliberalismo, políticamente sustentado en las formas de democracia representativa occidental y jurídicamente sostenido en distintas modalidades del llamado Estado de derecho. Bajo estos cánones de ordenamiento del mundo, geopolíticamente priva el predominio político, económico y, sobre todo, bélico de Estados Unidos de Norteamérica y países aliados del G–8, a los que se advierte como promotores del fenómeno de la globalización económica mundial, proviniendo de ellos también, en distintas y diversas medidas, el descubrimiento, impulso y avance, intelectual y mercantil, de las nuevas tecnologías que introducen al resto del mundo.

De las de carácter doméstico, la determinante es aquella eufemísticamente nombrada ‘acotación de la soberanía’ del Estado, que se traduce, políticamente, en los diversos índices de plegamiento de los gobiernos a las exigencias de orden mundial que fijan los países tecnológicamente más avanzados. La relación geopolítica de México con los Estados Unidos es, históricamente, más que ilustrativa en todos los sentidos expuestos.

La aplicación de nuevas tecnologías al ámbito laboral (teletrabajo) es la más importante expresión de la globalización por estar revolucionando todos los ámbitos de la producción y a eso responden todos los actuales proyectos de modificación laboral. El teletrabajo es el ariete con el que los Estados rompen las declaraciones políticas fundamentales sobre las que se sustentaron los principios tradicionales y las reglas del derecho laboral que emanaron del proyecto social derivado del Estado de bienestar; dicho fenómeno ha roto las reglas de la producción que instaló la revolución industrial inglesa de principios del siglo XIX y está instaurando nuevas, como resultado de los avances de las modernas tecnologías en la producción cuyos efectos son, entre otros, el incremento de la producción con reducción de tiempo de trabajo humano. Veamos cómo.

Por productividad puede entenderse, simplemente, producción en elevada cantidad, de bienes o servicios, que la clase empresarial desea generar para su venta. ¿Cómo lograr esa elevada producción? Por dos vías: a) incrementando las metas de esfuerzo requeridas a los trabajadores; y b) aplicando la ‘era digital’, o sea, tecnologizando la producción. La elevación del esfuerzo físico–intelectual para el desempeño del trabajo fue bautizada con un nombre elegante: eficiencia. Dice Jeremy Rifkin:

“La eficiencia se convirtió en un factor clave del puesto de trabajo y de la vida de la moderna sociedad, en gran parte, debido a su adaptabilidad tanto a las máquinas como a la cultura humana. Con ella, se obtenía una forma de valorar el tiempo específicamente diseñada para medir la relación entre energías de entrada y energías de salida, así como la velocidad de las máquinas; una forma de valorar el tiempo que podía ser fácilmente aplicada al trabajo de los seres humanos y al de la sociedad entera.”2

En un mundo que mira con asombro la automatización o robotización de los procesos productivos, la intervención humana en ellos, no puede ser admitida de otra forma. La eficiencia es el eufemismo con el que se caracteriza esta nueva forma de participación del trabajador en los esquemas de producción, dando lugar a su ‘productividad’.

Competitividad, por su parte, adquiere diversos sentidos de significación dependiendo de los planos o modalidades en los que el interés empresarial la requiera: a) entre empresas; o, b) entre trabajadores. La competitividad entre empresas –del mismo o distinto país–, se da mediante el lanzamiento al mercado de mercancías que se ofrecen a la venta atendiendo a su calidad y precio. La de los trabajadores se da, por vía del desempleo, en la disputa por los puestos de trabajo que ofrece la clase empresarial. De este modo, productividad y competitividad, se complementan entre sí en el punto en que, para elevar la producción de mercancías y sacarlas al mercado en condiciones de competitividad es necesario lograr un mayor esfuerzo productivo de los trabajadores y abaratar el costo de ese esfuerzo mediante la ley de la oferta y la demanda del factor empleo–desempleo.

El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito productivo tiene consecuencias lógicas en cuanto al incremento de la productividad en menos tiempo y con menos esfuerzo humano; por ello, el acompañante ‘natural’ son las repercusiones que acarrea sobre el trabajo y las condiciones en las que se presta. En ello están asociados los factores reales de poder que capturan al Estado –vía imposición de gobiernos–, asignándole el papel de  impulsor  formal de una reforma que, por contenido normativo, es una desregulación; logrando que asuma el papel de garante de la reducción sustancial de derechos en perjuicio de los trabajadores. Esta es la voluntad política existente para la conducción de las relaciones laborales en nuestro país. El fenómeno es descrito por Rifkin:

“La era de la información ha llegado. En los próximos años nuevas y más sofisticadas tecnologías informáticas basadas en la información y en el empleo de los ordenadores llevarán a la civilización a situaciones cada vez más próximas a la desaparición del trabajo. En los sectores agrícola, industrial y de servicios las máquinas están sustituyendo rápidamente el trabajo del ser humano, y prometen una economía basada en una casi completa automatización para mediados del siglo XXI. La completa sustitución de los trabajadores por máquinas deberá llevar a cada nación a replantearse el papel de los seres humanos en los procesos y en el entorno social. La redefinición de oportunidades y de responsabilidades de millones de personas pertenecientes a una sociedad carente de empleo masivo formal será probablemente el elemento de presión social más importante del próximo siglo.”3

Por  todo ello, cabe decir que el proyecto de desregulación laboral propuesto como “versión moderna” de la Ley Federal del Trabajo tiene por finalidad organizar al aparato productivo nacional, sostén de la economía del país, con base en cinco líneas de conducción: a) eliminar figuras legales de responsabilidad patronal que fungían como mecanismos de distribución de la riqueza creada por los trabajadores; b) ofrecer al gran capital, nacional y extranjero, mano de obra joven, abundante y barata; c) aplicación plena de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la producción; d) sostener la productividad y competitividad de las grandes empresas en la combinación de nuevas tecnologías y miserabilización de las condiciones de trabajo; y e) sostener el régimen político que garantiza este modelo de economía basado en la alta explotación de los trabajadores.

¿Y qué hay sobre el trabajo decente? ¡Dijiste que ibas a decir algo y al final no dijiste nada!

–Ah, pues habrá que dedicarle un espacio “decente” porque, éste, ya se acabó.

 

 

1 Ver, en este mismo espacio informativo, nuestro artículo “Globalización y reform laboral: la estrategia mexicana”, de anterior aparición.

2 Rifkin, Jeremy, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era, trad. Guillermo Sánchez, Barcelona, España, Paidós, 2010, p. 134.

3Ibídem, pp.57–58.

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