Logo de La Jornada de Oriente
Cargando...

Elección de Estado

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-09-11 04:00:00

Jurídicamente, el Tribunal encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución de la República no puede tener ninguna duda sobre qué hacer cuando existe presunta o real contradicción entre éste ordenamiento y sus leyes reglamentarias; tampoco sobre cuál de los dos ordenamientos debe prevalecer y  aplicar en ese caso. El principio de supremacía constitucional se asienta, conforme al artículo 133, en la consideración de que ella es la ley suprema de toda la Unión. Ninguna ley secundaria, ni aún las constituciones particulares de los estados, la pueden contradecir ni estar por encima de ella. Esta es una enseñanza básica de cualquier escuela de derecho en la formación de los abogados.      

La regulación constitucional sobre el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma dicho principio: “Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior;”

Atendiendo a la existencia de este marco constitucional se planteó la impugnación de la elección presidencial pasada. El motivo central de impugnación alegado por el Movimiento Progresista estuvo basado en la estimación de que la compra masiva del voto por la coalición Compromiso por México, en tanto elemento de coacción de la voluntad de los votantes, implicó la violación de los principios constitucionales de libertad, autenticidad y equidad con que deben celebrarse las elecciones, pues no sólo hizo exceder los topes de financiamiento legalmente permitidos, sino que el financiamiento privado superó con mucho al público contraviniendo la disposición expresa de que “la ley garantizará que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”. Existe certeza sobre monto y origen del financiamiento público; del privado, no.

El hecho notorio de los excesivos gastos de campaña (Monex, Soriana, erarios estatales, encuestas, propaganda encubierta en medios electrónicos, etcétera) del candidato de Compromiso por México fue denunciado, antes, durante y después de la elección del primero de julio ante el IFE, cuya Unidad de Fiscalización es el órgano técnico, encargado de la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y, por mandato constitucional, en el cumplimiento de sus funciones no está limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

Con este panorama como marco referencial de la presentación del recurso de impugnación propuesto para invalidar la elección presidencial ¿cómo deben entenderse, para efectos del dictado de la sentencia, las posturas asumidas por los magistrados? Flavio Galván, admitió: “Sólo juzgamos la legalidad o ilegalidad de la votación… la sentencia del tribunal no significa una exoneración del eventual rebase de gastos o alguna otra presunta ilegalidad del abanderado priísta, porque en algún momento las instancias correspondientes, como el IFE o la PGR, llegarán a conclusiones.” Constancio Carrasco, por su parte, cuestionó: “¿Era indispensable que se resolvieran esos procedimientos (de fiscalización) previo a la resolución del juicio de inconformidad?” y él mismo se contestó: “El objetivo de quienes hicieron la reciente reforma electoral obedece a la lógica del legislador para que sean procesos administrativos sólidos en donde se alegue rebase de topes de gastos de campaña...serán las autoridades competentes las que en su momento arrojen conclusiones, en particular del presunto rebase de topes de campaña que analiza actualmente la Unidad de Fiscalización del IFE.”

La afirmación del magistrado Galván de que sólo juzgaron la legalidad o ilegalidad de la votación, evidencia una confesión: siendo el tribunal encargado de resolver el conflicto conforme a la Constitución, los magistrados decidieron no hacerlo. En otras palabras, los individuos decidieron no cumplir el papel que la Constitución asigna al Tribunal como institución. La pregunta puesta al aire por el magistrado Carrasco Daza era esencial, considerando que los argumentos sobre compra del voto fueron puestos en el recurso de impugnación como piedra angular de la violación a los principios constitucionales de equidad, libertad y autenticidad de la elección. La respuesta que los magistrados dieron a esa pregunta, determinó el sentido de la resolución.

En la postura de los magistrados (“la sentencia del tribunal no significa una exoneración…en algún momento las instancias correspondientes llegarán a conclusiones”) se advierte una burla a la lógica constitucional que debe primar en sus resoluciones pues es claro que para decidir adecuadamente si existieron, o no, violaciones a los principios constitucionales tienen que examinarse previamente los hechos alegados como base de su transgresión para validar, o no, la elección. El modo asumido por los magistrados, es un simple madruguete político utilizando a la institución que dicen representar. Validar primero la elección entrañó la voluntad de no entrar al análisis de las violaciones constitucionales y, esperar a que se resuelvan los procedimientos de fiscalización cuando el candidato presuntamente transgresor, impuesto ya en el cargo, sea el jefe de las instituciones del Estado, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

¿Se pueden resolver los procedimientos de fiscalización en el plazo que va del primero de julio al seis de septiembre, cuando el órgano encargado de hacerlo no tiene problemas de secreto bancario, fiduciario y fiscal? Teniendo el poder y los medios para hacerlo, entonces sólo se trata de una cuestión de voluntad. Se quiere o no.    

Los magistrados hicieron de lado su institucionalidad y el resguardo de la Constitución. Salvo que la estulticia hubiere estado presente en el legislador, en ningún otro caso la ley reglamentaria sigue un trayecto diverso al de la Constitución; pero aún en la hipótesis de que así ocurriera, no existiría duda alguna sobre cuál fuese la norma por aplicar. Los encargados de velar por la supremacía constitucional, no tienen ningún problema de interpretación jurídica. Sin embargo, dictaron una sentencia que sustituye a la voluntad popular para forjar una elección de Estado. Se impone, judicialmente, el proyecto político que tiene a México sumido en el despojo y la barbarie.

Share
La Jornada
Nacional Michoacan
Aguascalientes Guerrero
San Luis Veracruz
Jalisco Morelos
Zacatecas  
Tematicas
Defraudados Izquierda
AMLO Precandidatos 2012
Servicios Generales
Publicidad
Contacto
© Derechos Reservados, 2013. Sierra Nevada Comunicaciones S.A. de C.V.