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El IFEcutor

Por: Samuel Porras Rugerio

2012-09-27 04:00:00

Ha dicho Bertrand Russell: “para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas principales: la primera consiste en observar los hechos significativos; la segunda, en sentar hipótesis que, si son verdaderas, expliquen aquellos hechos; la tercera, en deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser probadas por la observación. Si las consecuencias son verificadas, se acepta provisionalmente la hipótesis como verdadera, aunque requerirá ordinariamente modificación posterior como resultado del descubrimiento de hechos ulteriores”. (El panorama de la ciencia, Chile, Ercilla S.A., 1988, p. 49)

Si, con base en la idea de Russell, hiciéramos el propósito de recordar cómo han sido las elecciones presidenciales en México, desde aquellos tiempos en que naciera el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la fecha; podríamos claramente establecer como hechos significativos, por su inmarcesible presencia en todos los procesos electorales, los siguientes: a) una división –que en realidad es distribución–, geográfico electoral específica para cada etapa histórico–poblacional del país; b) una legislación electoral que se modifica, por regla general cada sexenio una vez pasada la elección; c) el Estado, a través de sus órganos, como único contador de votos y calificador de la elección; d) la designación (el ‘dedazo’), como método de selección del candidato; e) la existencia, invariable, de una mayoría de gobernadores pertenecientes a ese instituto político; f) un ejército de ‘promotores’ del voto a favor del PRI, provenientes de sus entes orgánicos (enfáticamente, pero no único, el magisterial), que pueden fungir tanto en tareas de coacción de voluntad del sentido del voto –con sus mil y una formas–, como en el remplazo de los funcionarios de casilla que por cualquier razón –voluntaria u obligada–, no asisten a cumplir su función el día de la elección; g) los colores de la bandera en su distintivo; h) el inveterado discurso sobre el ejercicio político en favor de las mayorías;  i)  los partidos ‘paleros’; y j) dinero suficiente.

Todas estas circunstancias creadas a lo largo de muchos años, sustentan la llegada y permanencia de los hombres del PRI en el poder presidencial, aún en el periodo 2000–2012, en que la historia reciente acredita que la llamada ‘alternancia política’ significó, simplemente, dejar un encargado del despacho mientras se reponía del cansancio acumulado por tantos años de ejercicio de ese poder. Mario Vargas Llosa, en alguna ocasión, llamó al régimen político mexicano ‘la dictadura perfecta’. En otras palabras, perfecta pero dictadura.

Quizá hasta de manera directa, quienes rondamos las cinco décadas de edad (sin que sea necesario precisar cuantas vueltas le hemos dado ¡por supuesto!), podríamos dar testimonio directo de sucesos trascendentes ocurridos en muchas de esas elecciones. Cómo no recordar a Luis Echeverría en 1970, que vencía a Efraín González Morfín del PAN con más de 84 por ciento de la votación; a José López Portillo, como único candidato oficialmente reconocido, obteniendo más de 86 por ciento de la votación, que vencía a Valentín Campa, candidato del Partido Comunista Mexicano sin registro; o, a Miguel de la Madrid que obtenía casi 71 por ciento de los votos, frente a Pablo Emilio Madero del PAN. Hasta aquí, la ‘leal oposición’ fue hecha  por éste partido que, junto con el PPS y PARM, permitieron sostener la imagen de sistema de partidos.

Esta sucesión, la de 1982, quedaría marcada por un hecho singular: mientras López Portillo cerraba su sexenio nacionalizando la banca, quebrada por el saqueo financiero perpetrado por sus dueños, De la Madrid iniciaba el suyo devolviendo a esos mismos particulares el control de hasta 34 por ciento de las acciones de la banca nacionalizada debidamente saneada con dinero público.   

La elección de 1988 y su periodo de gestión comprendido hasta 1994, representaron un punto de ruptura en la escena política. Carlos Salinas vencía ‘oficialmente’ a Cuauhtémoc Cárdenas del FDN, a Manuel Clouthier del PAN y a doña Rosario Ibarra del PRT, mediante un artilugio electoral popularmente conocido como ‘la caída del sistema’ de cómputo electoral. Se hizo punto de ruptura por varias razones: a) fue la última elección en que la Secretaría de Gobernación hizo el conteo de votos y la Cámara de los diputados federales recién electa, como Colegio Electoral, calificaba la validez de la elección; b) surgen los organismos y mecanismos estatales sustitutos para llevar a cabo la elección presidencial: IFE, TRIFE; c) el PAN deja su posición formal como ‘leal oposición’ y pasa a tener algunas atribuciones como cogobierno, al validar la quema de las boletas electorales –por conducto de Diego Fernández–; d) inicia la fase de ‘adelgazamiento del Estado’ caracterizado por la traslación de empresas y sectores ‘prioritarios o estratégicos’ de actividad estatal a particulares; e) surge el PRD como partido de izquierda; f) Tildado de ilegítimo, Salinas recurre a los actos espectaculares: el ‘Quinazo’, masacre de perredistas; g) casi para finalizar el sexenio ocurren los asesinatos políticos: Colosio y Ruiz Massieu; h) se celebra el TLCAN; i) emerge el zapatismo; j) los particulares beneficiados con las privatizaciones, se hacen visibles formando parte del selecto grupo de hombres más ricos del mundo y como nuevos controladores de la economía nacional; y k) se configuró la nueva elite política y económica de perfil transexenal.

La de 1994 donde Ernesto Zedillo cuya candidatura –marcada por dos hechos oprobiosos: el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el pase de charola por 75 millones de dólares realizado por Salinas para su campaña–, con la valiosa ayuda del candidato panista Diego Fernández quien –luego de una clara victoria en el debate entre candidatos del 12 de mayo–, inexplicablemente dejara de hacer campaña (“se tiró al piso” diría luego Fox), vencía al propio Fernández y a Cuauhtémoc Cárdenas. Para esta elección fueron habilitados otros partidos: el Verde Ecologista, del Trabajo, PFCRN, Demócrata Mexicano y subsistían el PARM y el PPS. Daba la impresión de que frente a lo que había sido la preferencia electoral de Cárdenas en 1988, una estrategia de división del voto se forjaba creando más partidos que, por lo menos en el nombre, olían a progresistas: ecologista, cardenista, socialista, del trabajo, demócrata o auténtico.

La de 2000 donde contendió Vicente Fox abanderando al PAN, habilitado por una reforma constitucional previa que derogaba la prohibición para acceder al cargo de presidente a personas que no eran hijos de padres mexicanos, vencía a Roberto Madrazo del PRI y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD. Su triunfo electoral quedó marcado por esa y otras tres circunstancias fundamentales: una, el oscuro financiamiento de campaña a cargo de “Amigos de Fox”, nunca suficientemente investigado; dos, el abierto engaño del voto útil para minar a Cárdenas; y, tres, la aparición por televisión en cadena nacional de Ernesto Zedillo anunciando, antes que lo hiciera el organismo electoral, las que, dijo, eran tendencias favorables de la votación a favor del candidato Fox. El IFE nunca fue cuestionado por los resultados electorales que dio a conocer con posterioridad a ese hecho.

Cuatro hechos de importancia mayúscula, cuyo significado político no ha sido clarificado y que, en ese tiempo, fue perversamente ocultado tras la cortina de humo de la “alternancia política”. A pesar de todo, Fox generó en la población grandes expectativas de cambio que él mismo se encargó de echar por la borda al pedir abiertamente al PRI “cogobernar” con él, continuar el proyecto político económico que venían desarrollando sus antecesores, y conservar a personajes ligados al salinismo en posiciones clave de su gabinete. Once partidos, solos o coaligados, contendieron en esa elección. El uso ilegal de dinero de dudosa procedencia en las campañas –Amigos de Fox y Pemexgate– no se utilizó como elemento para calificar la validez de la elección: todo se redujo a multas. Fox llega a la presidencia y Andrés Manuel López Obrador a la jefatura del Distrito Federal.

En 2006, el ascenso político vertiginoso de López Obrador puso en ascuas al régimen político mexicano en su totalidad. De modo que el triunfo de Felipe Calderón no sólo estuvo siempre en entredicho, sino que tuvo que sostenerse en agentes que si antes habían tenido una discreta participación encubierta y efectiva, ahora lo hacían a la luz pública: a) encuestas como mecanismo de inducción al voto; b) propaganda negra en todos los medios de comunicación; c)  participación del SNTE y los gobernadores del PRI; d) intervención abierta de Fox para detener el avance de ‘López’ –intento de desafuero y golpeteo político–; e)  decidida intervención de la casi totalidad de organismos empresariales; f)  manipulación del aparato cibernético del IFE en el conteo de los votos en el PREP;  g) negación del recuento total de los votos; y h) la sentencia del TEPJF como mecanismo final de elección y validación de las irregularidades cometidas en ella.

Y ahora, 2012, donde prácticamente se repiten los agentes y mecanismos que intervinieron seis años antes y vuelven a funcionar para dar los mismos resultados: hacer ganar a Enrique Peña y obstaculizar el ascenso de López Obrador. La inusual exposición televisiva de Peña durante seis años –con el patrocinio de la elite creada por Carlos Salinas–, se convirtió en la expresión modernizada del dedazo, aún para sus propios correligionarios con aspiraciones presidenciales. Vuelven a tener presencia: a) el uso intensivo de encuestas como mecanismo de inducción tendenciosa de la voluntad de los votantes; b) intromisión del SNTE; c) injerencia en el proceso de los gobernadores; d) colaboración directa del PAN y de prominentes panistas; e) parcialidad de los medios de comunicación, en especial las televisoras y todos aquellos que sus dueños controlan; f) uso descarado de dinero de origen desconocido en la compra–inducción del voto; g) manipuleo del aparato cibernético del IFE en el PREP; h) salida coordinada de Leonardo ValdésFelipe Calderón–Enrique Peña dando por hecho el triunfo de éste, sin existir resultados oficiales; i) negativa al recuento total de los votos; y j) uso del TEPJF como elector final y convalidador de las irregularidades cometidas en el proceso electoral.

En toda esta historia político–electoral de México, antes y después de la celebración del TLCAN, los intereses geopolítico–económicos estratégicos de los Estados Unidos, también constituyen un factor determinante en la decisión final de los procesos pues, desde la perspectiva del principal promotor de la globalización en el mundo, sus grandes empresas trasnacionales no estarían interesadas en tener tratos con hombres que representen posturas políticas que huelan a nacionalismo; por el beneficio de sus propios intereses siempre preferirán tratar con quienes se declaran sus aliados. 

Siguiendo el planteamiento de Russell, de la observación de estos hechos significativos pueden derivarse algunas hipótesis: a) Las elecciones presidenciales en México son procesos de mantenimiento periódico de un régimen político y un modelo económico; b) dicho mantenimiento se basa en el control efectivo sobre la jefatura del Estado –encarnada por el presidente de la República– que permite el uso de la estructura organizada de éste, y su fuerza material, en el diseño y ejecución social de las políticas públicas necesarias para conseguir ese modelo especifico de distribución de la riqueza social que, hoy como siempre pero, a la vez, como nunca antes, permite su concentración en pocas manos como propiedad privada; c) el ‘adelgazamiento’ del Estado, basado en la privatización de bienes que eran propiedad de éste, es en realidad un proceso de traslación de la riqueza colectiva a manos privadas a precio de ganga, utilizando para ello la representación que el presidente tiene; d) reducir al Estado privatizando puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, líneas aéreas, etc., es la medida natural que propicia el auge de distintas formas de delincuencia organizada, al ceder ‘derecho de paso’; e) la estructura estatal electoral y la legislación correspondiente, están diseñadas y orientadas para hacer ganar al partido o partidos que garanticen la continuidad y permanencia del régimen y el modelo; f) la elección presidencial es un proceso que abarca la previsión sexenal sobre selección de integrantes del Tribunal Electoral, consejeros del IFE, control de los mecanismos de conteo del voto, participación de gobernadores y de los hombres del dinero, una favorable distritación electoral, funcionarios de casilla, etcétera; g) el voto, obtenido por los medios que sea, es un factor de legitimación, no de decisión en la elección; h) la ‘calificación’ de la elección que hace el Tribunal Electoral, configura la reserva del ‘derecho’ de decisión final en manos del Estado, con independencia de lo que pueda ser la real y auténtica voluntad popular expresada en las urnas.

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